Caracas, diciembre 15 - Se negaban al reconocimiento de los
pueblos indígenas y su legado cultural, consideraban que el nombre de República
Bolivariana de Venezuela era sólo un "capricho" presidencial, se
oponían a la conformación del Poder Moral y hasta patearon la mesa cuando se
planteó dar rango constitucional al situado. Esa fue la posición de la derecha
ante la Constitución
de 1999.
Hace exactamente 12 años, voceros como Henrique Capriles
Radonski, Enrique Mendoza, Henrique Salas Römer, Leopoldo López y Oswaldo
Álvarez Paz fueron los principales promotores de la campaña en contra del texto
constitucional, que abrogaría la
Carta Magna de 1961 y daría paso a uno de los instrumentos
jurídicos de vanguardia mundial en materia de Derechos Humanos, participación
popular y democracia.
Sin embargo, el 15 de diciembre de 1999, el pueblo dijo
"Sí" a la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y detrás de la oferta del "No", quedó un legado de
argumentos que permanecen intactos en los diarios de la época aunque hayan sido
desterrados del discurso político que esgrimen hoy quienes fueron sus
principales atacantes.
Entre fiestas y cacerolazos
Los días previos a la consulta popular en la que los
venezolanos responderían afirmativa o negativamente a la pregunta
"¿Aprueba usted el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional
Constituyente?", los sectores políticos de la Cuarta República
promovieron cacerolazos y manifestaciones, especialmente en Caracas, para
invitar a votar por el "No".
En la capital, las protestas en contra del proyecto de Carta
Magna se escuchaban apenas en el este, donde viven los sectores más pudientes
de la sociedad, tal como lo reflejan las crónicas de el diario El Nacional, del
9 de diciembre de 1999: "El Cafetal fue la urbanización que concentró la
mayor fuerza de la protesta e insurgió anoche como un bastión del 'No".
En contraste, ese mismo día en las zonas populares como el
23 de Enero y el centro de Caracas sonó un cohetazo en favor de la nueva
Constitución y "partidarios del 'Sí' montaron una rumba, repartieron
calcomanías y con spray marcaban el parabrisas de cuanto vehículo pasaba por el
lugar". El rotativo nacional destaca que la alegría de los cohetes
debilitó el "ruido de las cacerolas".
Pero más allá de la medición de fuerza en las calles, la
confrontación de las dos visiones de la democracia se batió en el fuero
mediático, donde desfilaron adversarios de la Constitución hoy
vigente en el país. Serían las mismas caras que dos años más tarde derogarían la Carta Magna tras un
golpe de Estado que fue derrotado en menos de tres días por el pueblo.
Dictadura constitucional
Los ataques fueron furibundos. El adjetivo más común fue que
el nuevo texto consolidaría una "dictadura constitucional" en la que
habría "tres tipos de ciudadanos: los civiles, los militares y los
indígenas", en palabras de Capriles Radonski, hoy precandidato
presidencial de la derecha.
Según Radonski, quien ese entonces se desempeñaba como
presidente de la Cámara
de Diputados del antiguo Congreso Nacional, la Constitución Bolivariana
tenía "aspectos inviables" que afectaban "el normal desarrollo
del país".
Para el actual gobernador de Miranda, el articulado de la Carta Magna le daba
capacidad "a los indígenas para crear naciones aparte en sus territorios
ocupados, mientras que los civiles tienen un compendio de derechos que son un
simple saludo a la bandera, ya que su ejecución es inviable".
El inédito reconocimiento a las poblaciones indígenas,
consagrado en el artículo 119, fue uno de los "argumentos" utilizados
por la oposición para iniciar la campaña de la supuesta entrega "del 50%
del territorio nacional a 2% de la población", expresión que sonaba
constantemente en boca de Jorge Olavarría y Gerado Blyde.
Algunas de las propagandas que se multiplicaban en los
medios impresos, rezaban: "Venezolano defiende tu territorio, dile NO al
artículo 119 de la
Constitución " o "Los indígenas no son ni más ni
menos pueblo que tú. Votemos todos por el NO".
Entretanto, organizaciones conservadoras como Primero
Justicia, cuyas caras visibles eran Leopoldo López y Julio Borges, realizaron
movilizaciones de poca concurrencia para decir que el texto redactado por la Asamblea Nacional
Constituyente era "un zapato muy apretado con el cual Venezuela no podrá
caminar".
Cinco días antes de la consulta, Borges declaró al diario
Últimas Noticias que "primero le fue entregada una copia del texto y una
explicación del contenido (de la Constitución ) a Fidel Castro que a cualquier
ciudadano venezolano".
La satanización de las relaciones con Cuba y la supuesta
imposición de un modelo dictatorial en el país también fue bandera constante
para gobernadores, alcaldes y concejales opositores, quienes aseguraban que de
ganar el "Sí" se eliminaría "el poder democrático con todas las
libertades, de las cuales gozaba la población venezolana hasta el 15 de
diciembre", según reseña una nota de Últimas Noticias.
El perdedor de las elecciones de 1998 contra Chávez, el
conservador Henrique Salas Römer mantuvo su postura en favor del "NO"
y vaticinó que de ganar el SÍ, "el general Hambre" se encargaría de
derrocar al mandatario nacional.
Iglesia y "sociedad civil" al ataque
Además de los partidos políticos, representantes de la
llamada "sociedad civil" y de la Iglesia Católica
ocuparon varias columnas de los diarios para denunciar que la nueva Carta Magna
presuntamente atentaba contra la educación privada y la libertad de expresión,
perpetuaba la violencia y manipulaba la participación popular.
El domingo 12 de diciembre en el diario Últimas Noticias, la
secretaria general de la
Federación de Asociaciones de Vecinos del Estado Zulia,
Ángela Pirela, aseguró que la participación ciudadana se vería
"frustrada" con la nueva Constitución porque iba a ser sustituida por
el Poder Moral: "Aquí lo que está planteado es que salgamos de quienes
estuvieron en los últimos años en el poder para cambiarlos por otros iguales o
peores".
Ese mismo día, la presidenta de la Cámara Venezolana
de la Educación
Privada , Blanca de Azpúrua, rechazó de plano la consagración
del Estado docente porque consideraba que limitaba "el derecho que tiene
la familia para escoger la educación de sus hijos".
Por su parte, la ex presidenta de la Cámara de la Radiodifusión ,
Marietta Hernández -al igual que la organización "Promotores por el
NO" y algunos miembros del Colegio Nacional de Periodistas-, se
manifestaba contra el nuevo texto constitucional porque afirmada que al
introducir el término de información veraz "sin lugar a duda se abren las
puertas a muchos mecanismos de control".
La cúpula de la Iglesia Católica también estuvo de lleno en la
diatriba política. Días previos a la consulta, el presidente de la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV), Baltazar Porras, protagonizó una disputa con el presidente
Chávez y, aunque no se manifestó abiertamente en favor de la opción opositora,
aseguró que era "preocupante que en los sondeos de opinión la inmensa
mayoría dice que tiene una noticia muy vaga de la Constitución ".
Porras decía que veía a Chávez solo en su iniciativa
"como Súperman o El Zorro, porque es el único que está llevando todo; y
quienes están detrás de él, quienes lo siguen, parece que no son deliberantes,
sino obedientes".
Tampoco faltaron las "misas por el NO", oficiadas
por el obispo Trino Valera, y propiciadas por empresarios, ex directivos de
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y diputados opositores, con el propósito
"advertir" a los venezolanos sobre "la serie de peligros que
amenazan al régimen de libertades contenido en el proyecto de la Constitución ".
Fedecámaras dice "NO"
"Nuestro pecado fue decir que no a la nueva
Constitución", confiesa Fedecámaras, según un titular publicado un día
antes del referéndum.
El presidente de esa cúpula empresarial, Vicente Brito,
reafirmó que su posición era en contra del proyecto de Carta Magna pero –quizás
ante las encuestas que auguraban una victoria del "Sí"– aseguraban
que con cualquier resultado seguirían "estando presentes como institución
en la vida nacional".
Fedecámaras dijo que respetaría los resultados del
referéndum aunque consideraba que el nuevo texto tenía "un sesgo
intervencionista" y reservaba al Estado "funciones cuya
implementación no es viable". La postura de esa cúpula empresarial fue
apoyada por la Cámara
Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria
(Venamcham).
El presidente saliente de Venamcham, Jorge Redmond, fustigó
el proyecto de Carta Magna y aseveró que el artículo 301 –en el que se
establece que las inversiones extranjeras están sujetas a las mismas
condiciones de las nacionales– hacía "virtualmente imposible que Venezuela
pueda celebrar tratados de promociones con otros países a futuro, entre ellos
los principales socios económicos: Estados Unidos, Japón y Francia".
Las posiciones de los poderes económicos del país fue además
avalada en el ámbito internacional. Semanas antes de la consulta, las bancas de
inversión y calificadoras de riesgo se apresuraron a tildar el proyecto de
Constitución de ser perpetuador "del viejo y poco exitoso modelo
latinoamericano".
Uno de los más acérrimos atacantes fue justamente Lehman
Brothers, uno de los principales responsables de la crisis económica mundial
que se desató en 2008. Según esa institución financiera, declarada en quiebra
hace tres años, el riesgo país de Venezuela se había incrementado en 13,7%
aunque la nación, en el primer año del Gobierno de Chávez, había logrado
incrementar a más del doble los precios del petróleo.
Pese a la arremetida de los sectores más conservadores del
país, el 15 de diciembre de 1999, con el voto de más del 70% de los
venezolanos, fue aprobada la Constitución Boliviariana ,
que se mantiene vigente hasta hoy y que cuenta con una enmienda, también sometida
a referéndum en 2009.
Sin embargo, en sus doce años de existencia, hay un episodio
sombrío que involucra a los mismos factores políticos que se negaron a su
aprobación. El 11 de abril de 2002, un golpe de Estado propiciado por
Fedecámaras, miembros de la oposición y avalada por la Iglesia , derogó de un
plumazo el texto Constitucional e instauró la dictadura de Pedro Carmona
Estanga, régimen vencido en menos de 48 horas por la movilización popular que
devolvió a Chávez a Miraflores.
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