Ariel Noyola Rodríguez
Rebelión
La negativa del gobierno de Cristina Fernández a pagar 1,300 millones de dólares tal como lo dicta el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, constituye una decisión estratégica. El pequeño grupo de especuladores liderado por los fondos de inversión NML Capital y Aurelius, apenas representa 0.45% del total de los acreedores del gobierno. No obstante, la aplicación posterior de las cláusulas “RUFO” (Right Upon Future Offer) y “Pari Passu” a favor del resto de los tenedores de bonos, podría haber colocado en un serio predicamento a la República de Argentina de haber aceptado un primer desembolso a favor de los buitres que adquirieron bonos en 2008 por un valor vil de 40 millones de dólares.
La primera cláusula implica el trato igualitario para los tenedores de bonos de un país determinado, es decir, ningún bonista podrá recibir un pago sin que el resto también lo haga. La segunda estipula que si el gobierno mejora las condiciones para algunos bonistas, también deberá hacerlo para los que entraron en los canjes de deuda autorizados previamente. De tal forma que el monto a pagar por parte de Argentina podría ascender a más de 150 mil millones de dólares si las exigencias de los buitres se hacen extensivas a 92% de los acreedores que sí llegó un arreglo con el gobierno entre 2005 y 2010.
Entrevistado en relación al tema, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, considera que “Estados Unidos se ha embarcado en un programa de extraterritorialidad. En vez de invadir países a la fuerza, ha ido introduciendo la capacidad de cumplir funciones típicamente de Estado en otros territorios” (Página/12, 07/09/2014). Básicamente por esa razón, Washington y sus aliados se resisten a cambiar las reglas que rigen el sistema financiero internacional.
Con todo, Argentina sumó un triunfo el pasado martes 9 de septiembre sobre la hegemonía del dólar y las Cortes de Nueva York. Y marcó el inicio de una nueva era de gobernanza en la historia de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI): la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó por 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones, “ un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales”.
Como era de esperarse, Estados Unidos votó en contra la propuesta presentada por Bolivia en representación del G-77+China (conformado por más de 130 países), y defendió su postura bajo el argumento de que la resolución “generaría incertidumbre en el mercado”. También votaron en contra Australia, Alemania, Canadá, Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Israel, Japón y la República Checa. Sin embargo, el apoyo del G-77+China alrededor de Argentina logró derrotar de manera apabullante al Departamento del Tesoro y los fondos buitres. La mayoría de los países de América Latina (a excepción de México, Perú y Colombia), así como de Asia y África votó a favor de reducir el poderío aplastante del dólar como instrumento de crédito y poner fin al monopolio de Nueva York como espacio jurisdiccional privilegiado. Después de un largo camino recorrido, ha quedado abierta la posibilidad para que un nuevo marco jurídico entre en vigor antes de septiembre de 2015.
“Hemos asumido el derecho del ahora. Lo que hoy decidimos democráticamente es hacer lo que merecen nuestros pueblos: ser libres y soberanos […] Hemos decidido cambiar el futuro”, sentenció Héctor Timerman –ministro de Economía de Argentina– al término de la votación (Russia Today, 09/09/2014).
El respaldo decisivo de Rusia y China en contra de los buitres desempeñó un papel fundamental. No es un asunto menor contar con el sostén geopolítico de dos potencias nucleares con asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Argentina se acercó a ambos países en momentos clave y ahora cosecha los frutos de una política exterior a varias bandas. Por un lado, los acuerdos alcanzados durante la visita del presidente chino a Buenos Aires en julio pasado: las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, el tren Belgrano Cargas, así como la permuta de cobertura cambiaria bilateral (swap) por 11 mil millones de dólares. Por otro lado, el endurecimiento de las sanciones por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en contra de Rusia, convirtió a Argentina de facto en un socio comercial primordial para sustituir los productos que Moscú vetó importar desde Occidente (carne y soja principalmente).
En suma, el peso creciente en la economía mundial de los países que integran el G-77+China se transforma paso a paso en poder decisional, es decir, en influencia directa en los asuntos globales.
Ariel Noyola Rodríguez. Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista de la revista Contralínea y colaborador de la Red Voltaire (Francia). Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
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