Tras la visita de Albert Rivera a Venezuela, PP, PSOE y Ciudadanos piden que se respeten los derechos humanos en este país y acusan a Podemos de no pronunciarse claramente sobre cuál es su posición respecto al gobierno de Maduro. Pero, ¿en que situación se encuentran países “amigos” como Arabia Saudita o Turquía en materia de derechos humanos?
La preocupación por los DDHH en Venezuela es una postura electoral por parte de partidos que callan ante la ejecución de Ali Al-Nimr en Arabia Saudita por manifestarse contra la dictadura
Cuando le preguntamos cuál es la conclusión a la que ha llegado tras mostrar los datos de ambos países, Maestre cuenta a RT que no ha tratado de hacer un análisis comparado de la situación de los DDHH en Venezuela y España sino de “mostrar que los que están utilizando la situación de Venezuela como elemento electoral en España son los responsables de las vulneraciones de DDHH en el país en el que gobiernan o callan y son partícipes de estas vulneraciones”. La comparativa que muestra en su artículo arroja datos sorprendentes, sobre todo en lo relativo a las torturas en España.
"El mismo Rivera que clama diciendo que Leopoldo López es un preso político, algo que se puede discutir, se mostró a favor de que los titiriteros fueran a la cárcel por hacer una obra de títeres. La preocupación por los DDHH en Venezuela es una postura electoral por parte de partidos que callan ante la inminente ejecución de Ali Al-Nimr en Arabia Saudita por manifestarse contra la dictadura", concluye Maestre en referencia a la utilización de Venezuela como un tema recurrente para PP, PSOE y ciudadanos.
Tras esta lectura, necesaria para poder comprender la “sin razón” de que este tema esté acaparando todos los titulares en la prensa española, nos preguntamos cuál es la situación de los derechos humanos en otros países que el gobierno de Rajoy o la Unión Europea consideran aliados.
Por un lado, elegimos Turquía, socio prioritario de la Unión Europea: en marzo se comprometió a aceptar la devolución sistemática de prácticamente todos los migrantes en situación irregular que lleguen a Grecia desde su costa, incluyendo a los refugiados.
Por otro lado, Arabia Saudita, con quien el gobierno de Rajoy mantiene excelentes relaciones comerciales: durante el primer semestre de 2015, España exportó a Riad armamento por valor de 447,6 millones de euros, según informaciones de la Cadena Ser.
Así, imitando el guión de Maestre, observamos las siguientes violaciones de derechos humanos en Venezuela, Arabia Saudita y Turquía:
Libertad de expresión, asociación y reunión
Venezuela:
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“En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que devolviera a Radio Caracas Televisión (RCTV) la licencia de emisión, que se le había retirado en 2007. Al terminar el año, las autoridades no habían cumplido la sentencia.
Los propietarios de medios de comunicación y los periodistas que se mostraban críticos con las autoridades se enfrentaban a cargos de difamación y sufrían agresiones e intimidación”.
Arabia Saudita:
“Las autoridades continuaron deteniendo, enjuiciando y encarcelando a sus detractores, como blogueros y otros comentaristas activos en Internet, activistas políticos, miembros de la minoría chií y activistas y defensores de los derechos humanos, incluidos defensores y defensoras de los derechos de las mujeres.
El bloguero y preso de conciencia Raif Badawi continuaba cumpliendo la pena de 10 años de prisión que se le había impuesto tras ser declarado culpable en 2014 de “insultar al islam” y violar la legislación sobre ciberdelitos por actividades como crear y gestionar el sitio web Liberales Saudíes Libres. También había sido condenado a flagelación.
El escritor y detractor del gobierno Zuhair Kutbi fue detenido el 15 de julio en su casa, en La Meca, por agentes de los servicios de seguridad, que lo golpearon con las culatas de sus fusiles y lo recluyeron en tres lugares distintos antes de llevarlo a la Prisión General de La Meca. Tres semanas antes de su detención, Zuhair Kutbi había participado en el programa televisivo de debate Fi al Samim, donde había criticado la represión política en Arabia Saudita y exigido reformas. Las autoridades ordenaron la suspensión de Fi al Samim. En diciembre, el Tribunal Penal Especial lo declaró culpable de “incitar a la opinión pública”, “sembrar discordia” y “reducir el respeto del pueblo a la ley” con sus escritos y charlas, y lo condenó a cuatro años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante otros cinco. Le impuso también una multa y le prohibió publicar escritos durante 15 años.
Turquía:
“Se deterioró el respeto a la libertad de expresión. Se abrieron innumerables causas penales injustas en virtud de las leyes antiterroristas y sobre difamación criminal, entre otras, contra activistas políticos, periodistas y otras personas que criticaban a las autoridades o la política del gobierno. Ciudadanos y ciudadanas corrientes comparecieron a menudo ante los tribunales por publicaciones en redes sociales.
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El gobierno ejercía una enorme presión sobre los medios de comunicación, actuando contra empresas de medios y redes de distribución digital, y señalando a periodistas críticos que después eran amenazados y agredidos por personas a menudo no identificadas. Periodistas de medios de gran difusión fueron despedidos por criticar al gobierno. Sitios web de noticias, incluidos amplios sectores de la prensa kurda, fueron bloqueados por motivos poco claros en virtud de órdenes administrativas dictadas con la ayuda de un poder judicial dócil. La policía acosó y agredió a periodistas que informaban desde la región suroriental, predominantemente kurda.
En marzo, Mehmet Baransu, periodista que trabajaba para el diario Taraf, fue sometido a detención previa al juicio acusado de obtener documentos secretos del Estado sobre los que había escrito en 2010, que posteriormente había entregado a la fiscalía y habían servido de base para el juicio por conspiración de la “trama del mazo”. Al finalizar el año continuaba detenido en espera de juicio.
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En los seis meses anteriores a marzo, el ministro de Justicia autorizó 105 enjuiciamientos criminales por insultos al presidente Erdoğan en aplicación del artículo 299 del Código Penal. Se ordenó la detención en espera de juicio de ocho personas. Continuaron durante el año los procesamientos en virtud de esta disposición, que conllevaba una pena de hasta cuatro años de cárcel. En septiembre, un estudiante de 17 años fue condenado por “insultos” por llamar al presidente “propietario ladrón del palacio ilegal”. Un tribunal de menores de la ciudad de Iconio, en Anatolia central, le impuso una condena condicional de 11 meses y 20 días.
En noviembre se celebró la primera vista del juicio contra Canan Coşkun, periodista del diario Cumhuriyet, acusada de insultar a 10 fiscales al afirmar que habían obtenido bienes inmuebles a un precio rebajado debido a su condición de fiscales. Podía ser condenada hasta a 23 años y 4 meses de cárcel.
En noviembre, el redactor jefe del periódico, Can Dündar, y su representante en Ankara, Erdem Gül, fueron acusados de espionaje, revelación de secretos de Estado y colaboración con una organización terrorista tras publicar en el diario que los servicios de inteligencia habían transferido armas a un grupo armado en Siria en 2014. El entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdoğan, había declarado con anterioridad que los camiones transportaban ayuda humanitaria. Se ordenó la detención preventiva de los dos hombres, que al finalizar el año continuaban recluidos. De ser declarados culpables, podían ser condenados a cadena perpetua.
En abril, Frederike Geerdink, periodista neerlandesa residente en Diyarbakır, fue absuelta del cargo de “hacer propaganda a favor del PKK”; no obstante, fue detenida y expulsada tras informar de una noticia en la provincia suroriental de Yüksekova en septiembre. En agosto, tres periodistas de Vice News que habían informado de enfrentamientos entre el PKK y las fuerzas de seguridad fueron acusados de “ayudar a una organización terrorista” y sometidos a detención en espera de juicio tras ser interrogados por la policía. Los ciudadanos británicos Jake Hanrahan y Philip Pendlebury fueron puestos en libertad y expulsados al cabo de ocho días; Mohammed Rasool, periodista kurdo iraquí, seguía en detención previa al juicio al finalizar el año.
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Se adoptaron medidas sin precedentes para silenciar a los medios de comunicación en relación con las investigaciones sobre la “Organización Terrorista Fethullah Gülen”. En octubre, la plataforma digital privada Digiturk eliminó siete canales de su servicio. Cuatro días antes de las elecciones del 1 de noviembre, acompañando a un administrador gubernamental nombrado judicialmente, la policía entró por la fuerza en la sede del grupo Koza İpek, interrumpió las retransmisiones en directo de dos canales de noticias, Bugün y Kanaltürk, y paralizó la impresión de los periódicos Millet y Bugün. Los medios informativos ferozmente afines a la oposición se reabrieron como medios que apoyaban incondicionalmente al gobierno. En noviembre, la empresa estatal de comunicaciones por satélite Türksat eliminó 13 canales de televisión y radio propiedad del Grupo de Radio y Televisión Samanyolu. Hidayet Karaca, director del Grupo, permaneció todo el año en detención en espera de juicio.
En noviembre, Tahir Elçi, presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakır y conocido defensor de los derechos humanos, murió por disparos después de ofrecer un comunicado de prensa en Diyarbakır. Al finalizar el año seguía sin conocerse la identidad del agresor y se temía por la imparcialidad y eficacia de la investigación. Tahir Elçi había recibido amenazas de muerte tras haber sido acusado el mes anterior de “hacer propaganda en favor de una organización terrorista”, por decir en directo en la televisión nacional que el PKK no era “una organización terrorista, sino un movimiento político armado con un apoyo considerable”. Podía ser condenado a más de siete años de prisión. Se impuso al canal de noticias CNN Türk una multa de 700.000 liras (230.000 euros) por difundir los comentarios”.
Uso excesivo de la fuerza, y tortura y otros malos tratos
Venezuela:
El informe observa violaciones relacionadas con el “uso excesivo de la fuerza”, pero no contempla un apartado para las “torturas y otros malos tratos”:
“En enero, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa Nacional dictó la Resolución 008610, que permitía desplegar a todas las secciones de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento del orden público. También posibilitaba que se autorizara el uso de armas de fuego durante las actuaciones policiales en las protestas públicas. La resolución no transmitía un mensaje claro de que no se toleraría el uso excesivo de la fuerza en dichas operaciones.
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Se siguieron recibiendo noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Kluiberth Roa Núñez, de 14 años, perdió la vida tras ser alcanzado por una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad en el estado de Táchira cuando se hallaba en las inmediaciones de una protesta.
Fueron lentos los avances para llevar ante la justicia a los responsables del homicidio de 43 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, y de los malos tratos a manifestantes durante las protestas de 2014. Según la Fiscalía, hasta febrero se habían iniciado 238 investigaciones, pero sólo se habían presentado cargos en 13 casos.
Nadie había comparecido ante la justicia por el homicidio de ocho miembros de la familia
