Otramérica
Acosado por las denuncias de corrupción y por las masivas protestas en la calle, el presidente de Guatemala asegura que resistirá en el poder hasta enero de 2016. El apoyo al presidente de EEUU y la presión popular contra su Gobierno serán decisivos ante la convocatoria de elecciones para el 6 de septiembre.
El mes de mayo ha sido una pesadilla par el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (Mayor Tito, durante la guerra sucia de los años ochenta). La vicepresidenta, Roxana Baldetti, renunció a su cargo el pasado viernes 8 de mayo acosada por las denuncias de corrupción y después de que el Congreso, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional dieran vía libre al levantamiento de su fuero para juzgarla por enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala son las instancias que han destapado la trama de corrupción aduanera denominada La Línea, que cobraba comisiones de hasta el 30% a los importadores. Una red manejada por el secretario personal de Baldetti, Juan Carlos Monzón, ahora prófugo de la justicia. “A mediados de los 90 Baldetti tenía un patrimonio que podía alcanzar los 10,000 dólares. Ahora, estimamos que su fortuna ronda los 60 millones de dólares, según lo que hemos podido documentar”, explicaba José Rubén Zamora, director de El Periódico.
El cerco sobre Baldetti puede salpicar de forma irreparable a Pérez Molina, ya que ambos mantienen una estrecha relación personal y el poder de la ya ex vicepresidenta en el oficialista Partido Patriota es inmenso.
Bandetti, que fue cómplice del ex mandatario golpista Jorge Serrano, ha visto también como Estados Unidos le retiraba la visa, como al diputado del Partido Patriota Gudy Rivera; la jueza Jisela Reinoso; el ahora exministro de Energía y Minas, Erick Archila; el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, o a varios políticos y abogados involucrados en La Línea.
La participación de EEUU no es casual. El día 8, tras la renuncia de la vicepresidenta, el Departamento de Estado emitió un comunicado de respaldo condicionado a Otto Pérez Molina, ya que Washington no se puede permitir una crisis institucional de fondo en Guatemala, país clave en sus intereses geoestratégicos y en el que ha invertido algo más de 22 millones de dólares en capacitar y formar la Fuerza de Tarea Tecún Umán, clave en la construcción del tapón al narco en Centroamérica.
Las protestas populares
Si la corrupción (o las intrigas de Washington) no es algo nuevo en Guatemala, lo que sí ha sido una novedad es la respuesta popular en la calle. Las manifestaciones, bajo el lema #RenunciaYa, comenzaron el 1 de mayo, Día del Trabajo, y no han cesado hasta la gran concentración en Ciudad de Guetamala y en otros departamentos del país el pasado sábado 16 de mayo.
El portal Plaza Pública explicaba que las manifestaciones han evolucionado y “además de una implicación mayor de la gente, las protestas se están convirtiendo en propuestas. En las pancartas se podían leer demandas enfocadas en reformar leyes como la Electoral y de partidos políticos, la de Servicio civil y la Constitución Política, entre otras. Otras pancartas proponían la depuración del Congreso y en algunas se planteaba la necesidad de refundar por completo el Estado”.
La conflictividad social en Guatemala no ha cesado durante el mandato de Pérez Molina, que comenzó en enero de 2012. El despojo de tierras a favor de los megaproyectos económicos extractivos y agroindustriales, la militarización de zonas rurales donde las comunidades se organizaron para evitar los desplazamientos, o el hostigamiento a los líderes y lideresas sociales han sido constantes durante su mandato. De hecho, una misión de la Red Iberoamericana de Jueces denunciaba el pasado mes de abril que Guatemala no respeta los compromisos básicos con los derechos humanos y señaló la falta de independencia del poder judicial respecto al ejecutivo.
La situación es tan grave que en Guatemala opera una instancia inédita en el planeta. Se trata de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que “posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos las leyes Guatemaltecas, en las Cortes Guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala”. De hecho, fue la CICIG la que sacó a la luz el caso La Línea y una pieza fundamental en la estrategia internacional ante el estado fallido en que se está convirtiendo Guatemala. El papel de la CICIG es tan importante en la ecuación guatemalteca de este momento histórico que, según un reportaje publicado por Plaza Pública, la impunidad del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, —junto a la de Roxana Baldetti y el mismo Otto Pérez— fue negociada con Estados Unidos a cambio de que el Estado de Guatemala renovara el mandato de la CICIG. Y se hacía esa negociación ante advertencias tan contundentes como la del vicepresidente de EEUU, Joe Biden, que dijo en marzo de este año durante su visita a Guatemala: “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto”. Parece que en la negociación Bandetti no salió bien parada.
La incógnita ahora es si Otto Pérez Molina resistirá en el poder, con el apoyo de Washington, hasta las elecciones de septiembre y, lo que parece más importante, si unos comicios cerrarán la crisis institucional profunda que vive el país.
Fuente: http://otramerica.com/radar/otto-perez-molina-ignora-las-protestas-atrinchera-poder/3340
El mes de mayo ha sido una pesadilla par el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (Mayor Tito, durante la guerra sucia de los años ochenta). La vicepresidenta, Roxana Baldetti, renunció a su cargo el pasado viernes 8 de mayo acosada por las denuncias de corrupción y después de que el Congreso, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional dieran vía libre al levantamiento de su fuero para juzgarla por enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala son las instancias que han destapado la trama de corrupción aduanera denominada La Línea, que cobraba comisiones de hasta el 30% a los importadores. Una red manejada por el secretario personal de Baldetti, Juan Carlos Monzón, ahora prófugo de la justicia. “A mediados de los 90 Baldetti tenía un patrimonio que podía alcanzar los 10,000 dólares. Ahora, estimamos que su fortuna ronda los 60 millones de dólares, según lo que hemos podido documentar”, explicaba José Rubén Zamora, director de El Periódico.
La participación de EEUU no es casual. El día 8, tras la renuncia de la vicepresidenta, el Departamento de Estado emitió un comunicado de respaldo condicionado a Otto Pérez Molina, ya que Washington no se puede permitir una crisis institucional de fondo en Guatemala, país clave en sus intereses geoestratégicos y en el que ha invertido algo más de 22 millones de dólares en capacitar y formar la Fuerza de Tarea Tecún Umán, clave en la construcción del tapón al narco en Centroamérica.
Las protestas populares
Si la corrupción (o las intrigas de Washington) no es algo nuevo en Guatemala, lo que sí ha sido una novedad es la respuesta popular en la calle. Las manifestaciones, bajo el lema #RenunciaYa, comenzaron el 1 de mayo, Día del Trabajo, y no han cesado hasta la gran concentración en Ciudad de Guetamala y en otros departamentos del país el pasado sábado 16 de mayo.
El portal Plaza Pública explicaba que las manifestaciones han evolucionado y “además de una implicación mayor de la gente, las protestas se están convirtiendo en propuestas. En las pancartas se podían leer demandas enfocadas en reformar leyes como la Electoral y de partidos políticos, la de Servicio civil y la Constitución Política, entre otras. Otras pancartas proponían la depuración del Congreso y en algunas se planteaba la necesidad de refundar por completo el Estado”.
La conflictividad social en Guatemala no ha cesado durante el mandato de Pérez Molina, que comenzó en enero de 2012. El despojo de tierras a favor de los megaproyectos económicos extractivos y agroindustriales, la militarización de zonas rurales donde las comunidades se organizaron para evitar los desplazamientos, o el hostigamiento a los líderes y lideresas sociales han sido constantes durante su mandato. De hecho, una misión de la Red Iberoamericana de Jueces denunciaba el pasado mes de abril que Guatemala no respeta los compromisos básicos con los derechos humanos y señaló la falta de independencia del poder judicial respecto al ejecutivo.
La situación es tan grave que en Guatemala opera una instancia inédita en el planeta. Se trata de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que “posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos las leyes Guatemaltecas, en las Cortes Guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala”. De hecho, fue la CICIG la que sacó a la luz el caso La Línea y una pieza fundamental en la estrategia internacional ante el estado fallido en que se está convirtiendo Guatemala. El papel de la CICIG es tan importante en la ecuación guatemalteca de este momento histórico que, según un reportaje publicado por Plaza Pública, la impunidad del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, —junto a la de Roxana Baldetti y el mismo Otto Pérez— fue negociada con Estados Unidos a cambio de que el Estado de Guatemala renovara el mandato de la CICIG. Y se hacía esa negociación ante advertencias tan contundentes como la del vicepresidente de EEUU, Joe Biden, que dijo en marzo de este año durante su visita a Guatemala: “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada; claro que es una decisión soberana pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares; ustedes deben estar comprometidos para limpiar el sistema. La impunidad es un problema gigantesco en el Triángulo Norte y punto”. Parece que en la negociación Bandetti no salió bien parada.
La incógnita ahora es si Otto Pérez Molina resistirá en el poder, con el apoyo de Washington, hasta las elecciones de septiembre y, lo que parece más importante, si unos comicios cerrarán la crisis institucional profunda que vive el país.
Fuente: http://otramerica.com/radar/otto-perez-molina-ignora-las-protestas-atrinchera-poder/3340
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