Mientras se sigue negociando en secreto este polémico tratado de libre comercio, uno de sus puntos suscita inquieta especialmente, ya que permitiría a las corporaciones chantajear a los gobiernos.
Imagen ilustrativaAndrea ComasReuters
La seguridad alimentaria y otros puntos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) que EE.UU., la UE y otros países siguen negociando en secreto, siguen suscitando muchas dudas entre expertos, así como la protestas de ciudadanos europeos, tres millones de los cuales ya han firmado una protesta en su contra.
Sin embargo, es una parte del tratado la que despierta una mayor preocupación, la referente al arbitraje de la diferencias inversor-Estado (ISDS en inglés) que contempla la actual redacción de este tratado de libre comercio. En caso de ser aceptado el ISDS, ello permitirá a las empresas privadas iniciar procesos legales contra los gobiernos por "trato injusto", explica el portal PoliticsHome.
Los pocos casos de litigios de empresas contra Estados registrados hasta el momento no hablan en favor de las primeras
Esto significa que las corporaciones podrán litigar contra Estados por la pérdidas o potenciales pérdidas sufridas tras ciertas acciones gubernamentales, como, por ejemplo, los cambios legislativos. El problema radica en qué nadie sabe qué encarna el concepto de "lo injusto" en este caso.
Los pocos casos de litigios de empresas contra Estados registrados hasta el momento no hablan en favor de las primeras:
- Desde 2012 la corporación francesa Veolia mantiene un pleito contra Egipto después de que este país introdujera un salario mínimo.
- El año pasado Australia ganó a la tabacalera Philip Morris el juicio que esta inició por las nuevas leyes sobre empaquetado genérico.
- La compañía estatal eléctrica de Suecia busca compensaciones de Alemania, que endureció su política sobre la energía nuclear tras la tragedia de Fukushima.
Todos estos litigios han sido posibles gracias a distintos acuerdos entre estos países que incluyen posiciones similares a ISDS, mientras que los tratados más generales, como los acuerdos de libre comercio europeos o las regularizaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio presuponen la solución de conflictos a nivel estatal.
El mayor problema reside en el hecho de que las negociaciones sobre el ISDS en el marco del TTIP se llevan a cabo en total secreto, como lo serían los propios litigios en caso de que esta medida sea aceptada. En este sentido, mucho temen que el ISDS cree un sistema judicial favorable para las empresas por encima del interés público.
Y, en ese caso, se beneficiarían a empresas gigantes, porque las pequeñas o medianas nunca tendrán suficientes recursos para iniciar un litigio costoso contra un Estado, explica la publicación citando al economista Peter Holmes.
En este sentido, se teme que el ISDS acabe convirtiéndose en una poderosa herramienta en manos de estas corporaciones para chantajear a gobiernos.
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