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A la sociedad civil y al pueblo de México en general.
1. El crimen cometido contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre pasado, fue un crimen de lesa humanidad (según definición del Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México en 2005) cometido, propiciado y facilitado por acciones y omisiones de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, quienes desde hacía tiempo actuaban en contra de los estudiantes normalistas. El crimen puso a la vista la red de complicidades que ha imperado desde hace tiempo y sigue imperando en el Estado de Guerrero y en mayor o menor medida en el país entero, red en que tienen parte organizaciones criminales, autoridades de gobierno de prácticamente todos los niveles, miembros de distintos partidos políticos e intereses privados de diversa magnitud.
2. El movimiento social motivado por la indignación ante ese crimen, tiene más que suficiente justificación moral, humana y política, además de legal, y es de esperarse que sea apoyado y secundado decididamente por todos los mexicanos que tengan sentido de responsabilidad por su país. Aunque el movimiento está motivado por el reclamo de un esclarecimiento completo y de una procuración de justicia cabal en el caso, no se trata de un movimiento contra un solo crimen, sino contra toda la situación de descomposición moral, social y política capaz de generar crímenes como ése, y que exige medidas que combatan con eficacia esa situación.
3. El gobierno federal, y en la medida de su competencia también los gobiernos de los demás niveles, debe asumir cabalmente su responsabilidad de procurar justicia por el crimen cometido, responsabilidad que de palabra ha manifestado asumir pero que en los hechos ha asumido en forma tarda, titubeante y en algunos sentidos turbia, y no ha podido evitar dar ocasión a suspicacias de todo tipo, bien o mal intencionadas. Ante ello, el gobierno no sólo debe reiterar en declaraciones oficiales su compromiso, sino adoptar medidas para cumplirlo con toda claridad y eficacia.
4. El gobierno también debe asumir su responsabilidad ante la situación de descomposición prevaleciente capaz de generar, en cualquier rincón del país, crímenes como el de Ayotzinapa, como el cometido por militares, también servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en Tlatlaya, Edo. de México, en junio pasado, y como tantos otros, y tomar medidas urgentes, también efectivas y claras, para evitar que crímenes de esa naturaleza y la repetida violación de los derechos humanos por parte de servidores públicos se reproduzcan en el futuro.
5. El gobierno también debe, en todos sus niveles, respetar absolutamente el derecho que asiste al movimiento generado por la indignación ante el crimen y por la exigencia de justicia, no reprimirlo en ningún sentido, como muy lamentablemente se ha hecho ya en varios casos, y no confundirlo, ni en palabras ni en hechos, con intentos de desestabilización del país o de disolución social. La distinción es muy fácil de ver, sobre todo por quien tiene entre sus funciones públicas la de la inteligencia; por ello, dar a entender (como lo hizo el presidente Peña Nieto en su discurso del pasado 18 de noviembre al regresar de su viaje a China) que en algún momento puede llegar a no discriminar entre ellas, es en la práctica una efectiva invitación a la represión y una justificación anticipada de los abusos de las autoridades policiacas y militares contra la población. Por el contrario, el Gobierno debe manifestar públicamente su rechazo a todo tipo de represión, realizada desde el poder público, de un movimiento que tiene la justificación que éste tiene.
6. Al mismo tiempo, quienes, con la autoridad que el mismo movimiento social les concede, encabezan o convocan los actos y las marchas en reclamo de justicia y en oposición indignada ante la violencia cobarde sufrida por grupos de mexicanos indefensos, han de exigir de todos sus simpatizantes no incurrir en actos de violencia o en actitudes y conductas que puedan traducirse en una invitación a la violencia, y han de deslindarse de la que ya ha ocurrido y de la que llegue a ocurrir en las marchas y los actos convocados. Nadie quiere violencia en México, salvo los que verdaderamente no quieren a México. La violencia producida desde arriba, en las esferas del poder o de la economía, no debe responderse con violencia. La ciudadanía sólo puede tener éxito en su lucha si asume una postura radicalmente distinta a la que asumen quienes con sus crímenes han horrorizado al mundo. Está claro además que la afectación de los derechos de la población no puede atraer su apoyo al movimiento, apoyo que en estos momentos no debe perder.
7. Proponemos que el movimiento se articule alrededor de las siguientes exigencias concretas:
a) Esclarecimiento cabal e inequívoco de los crímenes de Tlatlaya y de Ayotzinapa, con una explicación completa de la situación que los ocasionó, y desde luego castigo a todos los culpables directos e indirectos en todos los niveles y modalidades de participación.
b) Medidas urgentes para combatir la descomposición social y moral del país y el imperio en él de la delincuencia organizada (en el sentido más amplio que en realidad tiene esta expresión), que sean eficaces para evitar que se repitan crímenes de esta naturaleza.
Entre estas medidas pueden contarse:
i) establecer un mecanismo de vigilancia, por parte de la ciudadanía, de las candidaturas de los partidos políticos a puestos de elección popular;
ii) atender con prontitud las recomendaciones que hizo en 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU al gobierno de México para combatir con mejores medios el delito de desaparición forzada de personas (en México aún no tipificado en el código penal federal);
iii) la divulgación y transparentación, y la supervisión por parte de la ciudadanía, de las directivas ideológicas que se imparten, explícita e implícitamente, a los cuerpos policiacos y militares en todo el país.
c) Medidas también urgentes para combatir la impunidad, que es un mal rampante en el país y, en los hechos, un eficaz caldo de cultivo para nuevos crímenes. Tienen que darse muestras ciertas de que los miles de casos de desapariciones forzadas en el país tienen prioridad en la política de seguridad del gobierno.
d) El compromiso del gobierno a ceñirse, en el caso del movimiento social, al estricto cumplimiento de sus responsabilidades legales, con total respeto a los derechos de la ciudadanía en todas sus actuaciones, sin incurrir en confusiones ni en invitaciones, abiertas o veladas, a la represión injustificada. Este compromiso tiene que incluir el de destituir de sus funciones —y el desafuero en su caso— a las autoridades que participen, propicien o toleren actos de uso injustificado de la fuerza. En particular, exigimos la inmediata liberación de todos los estudiantes u otras personas detenidos arbitrariamente en el Distrito Federal durante la Acción Global por Ayotzinapa del 20 de noviembre.
Por un México sin crimen — y ante todo sin crímenes cometidos por quienes tienen la obligación de cuidar la seguridad de la población.
2. El movimiento social motivado por la indignación ante ese crimen, tiene más que suficiente justificación moral, humana y política, además de legal, y es de esperarse que sea apoyado y secundado decididamente por todos los mexicanos que tengan sentido de responsabilidad por su país. Aunque el movimiento está motivado por el reclamo de un esclarecimiento completo y de una procuración de justicia cabal en el caso, no se trata de un movimiento contra un solo crimen, sino contra toda la situación de descomposición moral, social y política capaz de generar crímenes como ése, y que exige medidas que combatan con eficacia esa situación.
3. El gobierno federal, y en la medida de su competencia también los gobiernos de los demás niveles, debe asumir cabalmente su responsabilidad de procurar justicia por el crimen cometido, responsabilidad que de palabra ha manifestado asumir pero que en los hechos ha asumido en forma tarda, titubeante y en algunos sentidos turbia, y no ha podido evitar dar ocasión a suspicacias de todo tipo, bien o mal intencionadas. Ante ello, el gobierno no sólo debe reiterar en declaraciones oficiales su compromiso, sino adoptar medidas para cumplirlo con toda claridad y eficacia.
4. El gobierno también debe asumir su responsabilidad ante la situación de descomposición prevaleciente capaz de generar, en cualquier rincón del país, crímenes como el de Ayotzinapa, como el cometido por militares, también servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en Tlatlaya, Edo. de México, en junio pasado, y como tantos otros, y tomar medidas urgentes, también efectivas y claras, para evitar que crímenes de esa naturaleza y la repetida violación de los derechos humanos por parte de servidores públicos se reproduzcan en el futuro.
5. El gobierno también debe, en todos sus niveles, respetar absolutamente el derecho que asiste al movimiento generado por la indignación ante el crimen y por la exigencia de justicia, no reprimirlo en ningún sentido, como muy lamentablemente se ha hecho ya en varios casos, y no confundirlo, ni en palabras ni en hechos, con intentos de desestabilización del país o de disolución social. La distinción es muy fácil de ver, sobre todo por quien tiene entre sus funciones públicas la de la inteligencia; por ello, dar a entender (como lo hizo el presidente Peña Nieto en su discurso del pasado 18 de noviembre al regresar de su viaje a China) que en algún momento puede llegar a no discriminar entre ellas, es en la práctica una efectiva invitación a la represión y una justificación anticipada de los abusos de las autoridades policiacas y militares contra la población. Por el contrario, el Gobierno debe manifestar públicamente su rechazo a todo tipo de represión, realizada desde el poder público, de un movimiento que tiene la justificación que éste tiene.
6. Al mismo tiempo, quienes, con la autoridad que el mismo movimiento social les concede, encabezan o convocan los actos y las marchas en reclamo de justicia y en oposición indignada ante la violencia cobarde sufrida por grupos de mexicanos indefensos, han de exigir de todos sus simpatizantes no incurrir en actos de violencia o en actitudes y conductas que puedan traducirse en una invitación a la violencia, y han de deslindarse de la que ya ha ocurrido y de la que llegue a ocurrir en las marchas y los actos convocados. Nadie quiere violencia en México, salvo los que verdaderamente no quieren a México. La violencia producida desde arriba, en las esferas del poder o de la economía, no debe responderse con violencia. La ciudadanía sólo puede tener éxito en su lucha si asume una postura radicalmente distinta a la que asumen quienes con sus crímenes han horrorizado al mundo. Está claro además que la afectación de los derechos de la población no puede atraer su apoyo al movimiento, apoyo que en estos momentos no debe perder.
7. Proponemos que el movimiento se articule alrededor de las siguientes exigencias concretas:
a) Esclarecimiento cabal e inequívoco de los crímenes de Tlatlaya y de Ayotzinapa, con una explicación completa de la situación que los ocasionó, y desde luego castigo a todos los culpables directos e indirectos en todos los niveles y modalidades de participación.
b) Medidas urgentes para combatir la descomposición social y moral del país y el imperio en él de la delincuencia organizada (en el sentido más amplio que en realidad tiene esta expresión), que sean eficaces para evitar que se repitan crímenes de esta naturaleza.
Entre estas medidas pueden contarse:
i) establecer un mecanismo de vigilancia, por parte de la ciudadanía, de las candidaturas de los partidos políticos a puestos de elección popular;
ii) atender con prontitud las recomendaciones que hizo en 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU al gobierno de México para combatir con mejores medios el delito de desaparición forzada de personas (en México aún no tipificado en el código penal federal);
iii) la divulgación y transparentación, y la supervisión por parte de la ciudadanía, de las directivas ideológicas que se imparten, explícita e implícitamente, a los cuerpos policiacos y militares en todo el país.
c) Medidas también urgentes para combatir la impunidad, que es un mal rampante en el país y, en los hechos, un eficaz caldo de cultivo para nuevos crímenes. Tienen que darse muestras ciertas de que los miles de casos de desapariciones forzadas en el país tienen prioridad en la política de seguridad del gobierno.
d) El compromiso del gobierno a ceñirse, en el caso del movimiento social, al estricto cumplimiento de sus responsabilidades legales, con total respeto a los derechos de la ciudadanía en todas sus actuaciones, sin incurrir en confusiones ni en invitaciones, abiertas o veladas, a la represión injustificada. Este compromiso tiene que incluir el de destituir de sus funciones —y el desafuero en su caso— a las autoridades que participen, propicien o toleren actos de uso injustificado de la fuerza. En particular, exigimos la inmediata liberación de todos los estudiantes u otras personas detenidos arbitrariamente en el Distrito Federal durante la Acción Global por Ayotzinapa del 20 de noviembre.
Por un México sin crimen — y ante todo sin crímenes cometidos por quienes tienen la obligación de cuidar la seguridad de la población.
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