Los países avanzados tienen que hacer mayores esfuerzos para frenar las violaciones de integridad de los funcionarios públicos y ganarse de nuevo la confianza de los ciudadanos en los Gobiernos nacionales, revela un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Existen multitud de países desarrollados que apenas exigen la divulgación de los bienes de los funcionarios públicos y no abordan adecuadamente la 'puerta giratoria' de la política, afirma la OCDE, un foro global de políticas económicas, en su nuevo informe 'Government at a Glance 2015'. "Cualquier sensación de tolerancia de conflictos de intereses entre los funcionarios públicos socava la confianza", sostiene la vicesecretaria general de la organización, Mari Kiviniemi.
El estudio analiza las tendencias de los 34 países miembros de la organización y otros socios mediante la comparación de unos 50 indicadores referentes a las finanzas públicas, la dotación del personal del Gobierno o el acceso a los sistemas de salud, educación y justicia.
Como resultado, la investigación revela que entre 2007 y 2014 la confianza global en los Gobiernos disminuyó un 3,3% (desde un 45,2% a un 41,8%). Durante este periodo, los descensos más acusados tuvieron lugar en Eslovenia (30%), Finlandia (29%), España (27%) y Portugal (22%), siendo los factores determinantes las perspectivas económicas, los cambios políticos (elecciones) y los escándalos de corrupción, entre otros.
Reuters
Los datos del estudio han sido recopilados en encuestas realizadas por Gallup World Poll y las más recientes datan de 2014. Los cinco primeros puestos de los países con una mayor confianza social están ocupados por Suiza (75%), India (73), Luxemburgo (66), Indonesia (65) y Rusia (64%).
Los países que se encuentran en los últimos lugares de la lista son Eslovenia (18%), Grecia (19%), España (21%), Letonia (23%), Portugal (23%), Polonia (25%), Francia (26%), Colombia (30%), Eslovaquia (31), Italia (31%), Chile (31%), Hungría (33%), México (33%), República Checa (34%), Sudáfrica (34%) y EE.UU. (35%).
Asimismo, el informe indica que solo el 41% de los países de la OCDE estudiados cuenta con leyes de protección de denunciantes para los empleados que revelen irregularidades en su lugar de trabajo. "Garantizar la transparencia y rendir cuentas es clave para restaurar la confianza en los Gobiernos", sentencia Kiviniemi.
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