Siete periodistas, varios activistas y la tripulación
de uno de los barcos de la 'Flotilla de la Libertad III' fueron
secuestrados por el Ejército israelí en aguas internacionales. La
periodista de RT, Nadezhda Kevorkova, que se encontraba a bordo del
barco 'Marianne', pasó una semana detenida sin cargos ni juicio.
La 'Flotilla de la Libertad III' consistía en
cuatro barcos, con un total de 47 personas de 17 países a bordo. El
'Marianne', con 18 personas a bordo (ciudadanos de Suecia, Canadá,
Noruega, Nueva Zelanda, Marruecos, España, Túnez y Rusia), se dirigía
muy por delante del resto, mientras otros barcos, que llevaban ayuda
humanitaria, seguían detrás para evitar que las fuerzas israelíes se
apoderen de la carga más valiosa.En la prisión me entregaron una carta de bienvenida de Netanyahu, en la que el primer ministro de Israel explicaba que la Franja de Gaza no estaba bloqueadaMuchos de los que estaban a bordo del 'Marianne' creían que Israel dejaría pasar a la flotilla, pero a unos 170 kilómetros de la costa israelí, el barco fue rodeado por cuatro buques militares israelíes y nueve barcos de la guardia costera. Todos los que estaban a bordo, incluyendo el expresidente de Túnez, periodistas famosos, políticos, científicos y artistas fueron registrados y detenidos, y sus tarjetas bancarias, dinero en efectivo, teléfonos móviles y cargadores, incautados.
La detención tuvo lugar en aguas internacionales, donde, según las reglas náuticas aprobadas por la ONU, ningún país puede extender su soberanía. Nadie tiene derecho a restringir la libertad de un barco a menos que esté involucrado en el comercio de personas o en la piratería. El barco suizo 'Marianne' no estaba de ninguna manera relacionado con cualquiera de estos delitos, lo que significa que las acciones de los militares israelíes fueron ilegítimas y deben considerarse piratería.
La periodista de RT, Nadezhda Kevorkova, junto con corresponsales de Nueva Zelanda y Suecia fue llevada por militares israelíes a una prisión de la ciudad costera de Ashdod, donde los detenidos pasaron una semana privados de la posibilidad de hacer una llamada telefónica o ponerse en contacto con abogados o cónsules de sus países y sin recibir ninguna explicación sobre las razones de la detención.
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