En solo diez meses, EE.UU. logró transformar a una monja católica de 82 años y a dos pacifistas de no violentos manifestantes antinucleares por la paz acusados de delito de entrada ilegal, en criminales federales culpados de violentos crímenes de terrorismo. En la cárcel, esperando sus sentencias por sus actos en una instalación de producción de armas nucleares en Oak Ridge, Tennessee, su historia debería dejar helada a toda persona preocupada por el disenso en EE.UU.
De izquierda a derecha Michael Walli, Megan Rice y Greg Boertje-Obed
Así sucedió: Temprano por la mañana del sábado 28 de junio de 2012, los pacifistas de toda la vida, la hermana Megan Rice, de 82 años, Greg Boertje-Obed, de 57, y Michael Walli, de 63, cortaron la valla de tela metálica que rodea la instalación de producción de armas Oak Ridge Y-12 y entraron ilegalmente en la propiedad. Y-12, llamada el Fuerte Knox de la industria de armas nucleares, almacena cientos de toneladas de uranio altamente enriquecido y trabaja con cada una de las miles de armas nucleares mantenidas por EE.UU.
Los tres se describen como los Transform Now Plowshares [Transformad ahora arados]. Llegaron como manifestantes no violentos para desarmar simbólicamente las armas. Llevaban biblias, declaraciones escritas, pancartas por la paz, pintura espray, flores, velas, pequeñas botellas de sangre, pan, martillos con versos bíblicos y alicates para cortar. Su intención era seguir las palabras de Isaías 2:4: “Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.”
La hermana Megan Rice es una monja católica de la Sociedad del Santo Niño Jesús desde hace más de sesenta años. Greg Boertje-Obed, carpintero, casado, con una hija en edad universitaria, es veterano del ejército y vive en una casa para trabajadores católicos en Duluth Minnesota. Michael Walli, veterano de dos períodos en Vietnam convertido en pacifista, vive en la Casa Dorothy Day para Trabajadores Católicos en Washington DC.
En la oscuridad, los tres activistas cortaron a través de una valla con letreros que decían: “Ninguna entrada ilegal”. Los letreros indican que el ingreso no autorizado, un delito, es castigable hasta con un año de prisión y una multa de 100.000 dólares.
Ningún personal de seguridad llegó a enfrentarlos.
Por lo tanto los tres subieron un cerro a través de espesos arbustos, cruzaron una calle y continuaron hasta que vieron la Instalación de Materiales de Uranio Altamente Enriquecido (HEUMF) rodeada por tres vallas, iluminadas por luces resplandecientes.
Y todavía no aparecía ningún personal de seguridad.
Por lo tanto cortaron las tres vallas, colgaron sus letreros por la paz, y pintaron con espray consignas por la paz en el HEUMF. Todavía no llegaba personal de seguridad. Comenzaron a orar y cantaron canciones como “Down by the Riverside” y “Peace is Flowing Like a River”.
Cuando finalmente llegó el personal de seguridad casi a las 4:30 de la mañana, los tres se entregaron pacíficamente, fueron arrestados y encarcelados.
El lunes siguiente, 30 de julio, Rice, Boertje-Obed, y Walli fueron inculpados y acusados de entrada ilegal federal, un delito que conlleva una pena de hasta un año de cárcel. Frank Munger, un periodista galardonado del Knoxville News Sentinel, fue el primero en preguntarse en público: “Si unos manifestantes desarmados vestidos con ropa oscura pueden llegar al centro de la planta aprovechando la oscuridad, se provocan preguntas sobre la seguridad de la planta contra intrusos más amenazantes”.
El miércoles 1 de agosto, se ordenó que todas las operaciones nucleares en Y-12 fueran suspendidas a fin de que la planta se concentrara en la seguridad. La “detención por seguridad” fue ordenada por el contratista de seguridad a cargo de Y-12, B&W Y-12 (una sociedad conjunta de Babcock and Wilcox Company y Bechtel National Inc.) y apoyada por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear.
El jueves 2 de agosto, Rice, Boertje-Obed y Walli aparecieron ante el tribunal para una audiencia previa al juicio para fijar la fianza. El gobierno solicitó que los tres fueran detenidos. Un fiscal los calificó de “peligro potencial para la comunidad” y pidió que los tres fueran mantenidos en prisión preventiva hasta su proceso. El Magistrado de EE.UU. permitió que fueran liberados.
La hermana Megan Rice salió de la cárcel y admitió rápidamente ante los medios reunidos que efectivamente los tres habían ingresado a la propiedad y actuado en protesta contra las armas nucleares. “Pero teníamos que hacerlo, lo hicimos porque teníamos que revelar la verdad sobre la criminalidad que existe allí, es nuestra obligación”, dijo Rice. También cuestionó toda la industria del armamento nuclear: “Tenemos el poder, el amor, la fuerza y el coraje para terminar con ella y transformar todo el proyecto, en el que se han gastado más de 7,2 billones [millones de millones] de dólares”, dijo. “La verdad nos curará y curará nuestro planeta, curará nuestras enfermedades, que resultan de la desarmonía de nuestro planeta causada por las peores armas de la historia de la humanidad, que no deberían existir. Por ello ofrendamos nuestras vidas, por la verdad sobre la terrible existencia de esas armas”.
Entonces el gobierno comenzó a aumentar las acusaciones contra los manifestantes antinucleares por la paz.
Al día siguiente de que el Magistrado ordenara la liberación de Rice, Boertje-Obed y Walli, un agente del Departamento de Energía (DOE) hizo una declaración jurada de una acusación criminal federal contra los tres por daños a la propiedad federal, un delito castigable con hasta con cinco años de prisión, según la Sección 18 del Código 1363 de EE.UU.
El agente del DOE admitió que los tres llevaban una carta que declaraba: “Fuimos a la instalación Y-12 porque nuestra propia humanidad rechaza los designios del nuclearismo, el imperio y la guerra. Nuestra fe en el amor y la no violencia nos alienta a creer que nuestra actividad aquí es necesaria; que llegamos a invitar la transformación, a deshacer el trabajo pasado y presente de Y-12; a desarmar y terminar cualquier esfuerzo ulterior por aumentar la capacidad de Y-12 para una estructura económica y social basada en la guerra y en la construcción del imperio”.
Entonces, Rice, Boertje-Obed y Walli enfrentaban una acusación de mala conducta, un delito y hasta seis años de cárcel.
Pero el gobierno no se detuvo ahí. La semana siguiente, las acusaciones volvieron a ser ampliadas.
El martes 7 de agosto, EE.UU. amplió las acusaciones contra los activistas por la paz a tres cargos. El primero fue la acusación original de daño a Y-12 en violación de la Sección 18, Código 1363 de EE.UU., castigable hasta con cinco años de prisión. El segundo fue un daño adicional a propiedad federal mayor de 1.000 dólares en violación de la Sección 18, Código 1361 de EE.UU. castigable hasta con diez años de prisión. El tercero fue una acusación de ingreso ilegal, un delito castigable hasta con un año en prisión según la Sección 42, Código 2278 de EE.UU.
Ahora enfrentaban hasta dieciséis años de prisión. Y las acciones de los manifestantes comenzaron a atraer atención nacional e internacional.
El 10 de agosto de 2012, el New York Times publicó una foto de la hermana Megan Rice en primera plana bajo el titular “La monja que irrumpió en el Santuario Nuclear”. Citando a expertos nucleares, calificó sus acciones de “la mayor ruptura de la seguridad en la historia del complejo atómico de la nación”.
A finales de agosto de 2012, el Inspector General del Departamento de Energía publicó un informe exhaustivo sobre la falla de la seguridad en Y-12. Calificando a los activistas por la paz de infractores de la ley, el informe indicó que los tres pudieron llegar tan lejos debido a “múltiples fallas del sistema a diferentes niveles”. Las fallas citadas incluyeron cámaras rotas durante seis meses, ineptitud en la respuesta a las alarmas, problemas de comunicación y muchas otras fallas de los contratistas y de los controles federales. El informe concluyó que “Irónicamente, la falla en Y-12 puede haber sido una importante “llamada de atención” respecto a la necesidad de corregir problemas de seguridad en la instalación”.
El 4 de octubre de 2012, los acusados anunciaron que se les había informado de que, a menos que se declararan culpables por lo menos de un delito y de la acusación de ingreso ilegal, EE.UU. también los acusaría de sabotaje contra el gobierno, una acusación mucho más grave. Más de 3.000 personas firmaron una petición al Fiscal General de EE.UU., Holder pidiéndole que no los acusara de sabotaje.
Pero el 4 de diciembre de 2012, EE.UU. presentó una nueva acta de acusación contra los manifestantes. El primer cargo fue la prometida nueva acusación de sabotaje. Los acusados fueron acusados de intento de dañar, interferir u obstruir la defensa nacional de EE.UU., de daño intencional a EE.UU. y de daño intencional a instalaciones nacionales de seguridad en violación del Código 18 de EE.UU. Sección 2155, castigable hasta con 20 años de prisión. Los cargos dos y tres fueron las anteriores acusaciones de delitos de daño a la propiedad, con potenciales condenas de prisión de hasta quince años más.
Había desaparecido totalmente la acusación original de ingreso ilegal. Ahora Rice, Boertje-Obed y Walli enfrentaban hasta treinta y cinco años de cárcel.
En solo cinco meses, las acusaciones del gobierno los convirtieron de acusados de entrada ilegal a acusados de múltiples crímenes de sabotaje.
El gobierno también actuó exitosamente para despojar a los tres del derecho a presentar cualquier defensa o testimonio sobre los efectos dañinos de las armas nucleares. La oficina del Fiscal de EE.UU. presentó un documento que llamó “Moción para impedir que los acusados presenten evidencia en apoyo a ciertas justificaciones de defensa”. En esta moción, EE.UU. pedía al tribunal que impidiera a los manifestantes por la paz que presentaran alguna evidencia sobre la ilegalidad de las armas nucleares, la inmoralidad de las armas nucleares, la violación del derecho internacional o creencias religiosas, morales o políticas respecto a las armas nucleares, los principios de Núremberg desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, protecciones según la Primera Enmienda, la necesidad o política de EE.UU. respecto a las armas nucleares.
Rice, Boertje-Obed y Walli argumentaron contra la moción. Pero, a pesar de un sólido testimonio del ex Fiscal General de EE.UU. Ramsey Clark, una declaración de un médico de reputación internacional y otros, el tribunal decidió contra los acusados.
Mientras tanto, el Congreso consideraba la violación de la seguridad, y la atención de los medios hacia el juicio aumentó con un notable artículo en el Washington Post, con cobertura de CNN y la participación de AP y Reuters.
El proceso tuvo lugar en Konxville a principios de mayo de 2012. Los tres activistas por la paz fueron condenados por todos los cargos. Rice, Boertje-Obed y Walli subieron al sillón de testigos, admitieron lo que habían hecho y explicaron el motivo para hacerlo. El administrador federal para Y-12 dijo que los manifestantes habían dañado la credibilidad de la instalación en EE.UU. globalmente, e incluso afirmó que sus actos tuvieron un impacto en la disuasión nuclear.
En cuanto se retiró el jurado, el gobierno propuso que se encarcelara a los manifestantes porque habían sido condenados por “crímenes de violencia”. El gobierno argumentó que el corte de las vallas y la pintura de consignas con spray eran daños a la propiedad y por lo tanto constituían crímenes de violencia, por lo cual la ley obligaba a su encarcelamiento hasta la sentencia.
La defensa señaló que Rice, Boertje-Obed y Walli habían permanecido libres desde su arresto sin ningún incidente. Los abogados del gobierno argumentaron que dos de los manifestantes habían violado su libertad provisional al participar en una audiencia del Congreso sobre los problemas de seguridad de Y-12, un acto que había sido aprobado por sus supervisores de libertad condicional.
Los tres fueron encarcelados de inmediato. En su decisión de apoyo a su encarcelamiento hasta la sentencia, el tribunal dictaminó que tanto las condenas por sabotaje como por daño a la propiedad eran definidas por el Congreso como crímenes federales de terrorismo. Ya que las acusaciones conllevan sentencias potenciales de diez años o más, el tribunal dictaminó que había una fuerte presunción a favor del encarcelamiento que no era superada por ninguna circunstancia especial que justificara su liberación hasta la sentencia.
Estos activistas no violentos por la paz están ahora en la cárcel como prisioneros federales, a la espera de su sentencia.
En diez meses, una monja de 82 años y dos pacifistas fueron transformados exitosamente por el gobierno de EE.UU. de manifestantes no violentos antinucleares acusados de entrada ilegal a criminales condenados por violentos crímenes de terrorismo.
Fran Quigley es un abogado de Indianáolis que trabaja en temas de pobreza locales e internacionales. Su columna aparece quincenalmente en The Indianapolis Star.
Fuente: http://www.commondreams.org/view/2013/05/15-7
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