La Comisión Ética Contra la Tortura ante la serie de personas secuestradas y torturadas recientemente en Chile señala lo siguiente:
1.- Hace un año atrás advertíamos a la opinión pública que el Gobierno de Piñera al enviar un proyecto de ley con mayores restricciones a las manifestaciones públicas, con drásticas prohibiciones a los derechos de reunión, expresión, asociación y manifestación, similar al que establece la instalación de un Estado de Sitio, iniciaba una espiral represiva cuyo objetivo central era el control del cuerpo social, su inmovilidad, y la incapacidad de continuar movilizándose por sus derechos.
2.- Hoy, y aún cuando el Parlamento no ha aprobado dicho proyecto de ley, el Ministerio del Interior quien tiene bajo su mando el actuar policial, sencillamente se ha colocado al margen de la Ley y del Estado de Derecho al permitir el secuestro y torturas de personas. Sin la más mínima voluntad de investigar los hechos denunciados, el Ministerio del Interior, muy por el contario, ha salido públicamente a justificar el accionar policial pasando, de la represión a las marchas públicas y su criminalización, a perseguir directa y singularmente a los manifestantes usando el secuestro y la tortura para detenerlos sin orden judicial alguna.
3.- Hemos visto con estupor que no se trata de hechos aislados ni de un equipo policial que actúa al margen de todo mando. Se trata de una acción diseñada, concertada y ejecutada por agentes del Estado que se saben impunes y respaldados. En menos de una semana han secuestrado y torturado a un estudiante del Liceo Barros Borgoño, de 17 años de edad, el día 8 de mayo en Santiago centro; a un estudiante universitario en Temuco, el mismo día 8 de mayo en el contexto de la manifestación estudiantil convocada por la CONFECH; a ello se agrega el secuestro de 3 alumnos menores de edad en las inmediaciones del Liceo Barros Borgoño el día 9 de mayo en momentos que los estudiantes se juntaban para ir a los tribunales donde su compañero secuestrado el día anterior sería formalizado; el día 14 de mayo; también una Observadora de Derechos Humanos fue secuestrada a plena luz del día, por personas que no se identificaron, que la golpearon, mostraron fotos de manifestantes y la amenazaron de muerte. A esto se agrega el reclamo hecho a las autoridades pertinentes por dos Fiscales de la República por la agresión de que ellos fueron objetos en el Centro de Justicia de Santiago el 9 de Mayo, por parte de miembros de fuerzas especiales de Carabineros, en el contexto de la formalización de los estudiantes detenidos y las denuncias de torturas que realizaban públicamente sus compañeros.
4.- Es necesario detener esta situación de lo contrario se avanza peligrosamente al estrangulamiento de los espacios democráticos. La policía no puede pasar a llevar a otro poder del Estado como son los Tribunales de Justicia y la Fiscalía Pública, quienes tienen como mandato investigar los delitos, aplicar las leyes y las sanciones contempladas para las personas que comenten algún delito. De ningún modo el poder ejecutivo ni policía alguna tiene atribuciones para secuestrar y menos torturar a las personas, y en el caso de los menores de edad existe la obligación de comunicar en el plazo más breve y de manera imperativa la detención a sus padres.
5.- Es necesario recordar al Gobierno, y especialmente al Ministerio del Interior y a las instituciones policiales, que la prohibición absoluta de torturar en nuestro país tiene vigencia desde fines de la década de los 80. Y que desde hace más de 3 años el Estado de Chile se comprometió ante Naciones Unidas a generar el Mecanismo Nacional que investigue todo acto de tortura atendiendo a las obligaciones que se derivan de la ratificación por parte de Chile del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
6.- Por todo lo anterior llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a colocar la atención sobre las personas que han sido objeto de secuestro y torturas, y a las secuelas y el daño que se les ha causado; a solicitar a los Tribunales de Justicia una investigación exhaustiva, que logre identificar a los agentes del Estado que han actuado en estos hechos y a los mandos que han ordenado estas acciones. Exigir a quien corresponda sancionar debidamente el delito de tortura, de acuerdo a la tipificación que hace la Convención Internacional que Chile ha firmado y ratificado. De nuestra parte enviaremos estos antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y no descartamos pedir medidas cautelares ante esto organismos para dar mayor seguridad a los defensores de derechos humanos en Chile.
7.- Finalmente, llamamos a las ciudadanas y los ciudadanos movilizados por sus derechos a organizarse para estrechar los lazos de solidaridad al interior de sus organizaciones y fomentar el autocuidado de sus miembros. Instamos al Parlamento y especialmente a las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras a investigar e interpelar al Ministro del Interior y a los Directores de ambas policías. Convocamos a las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos a informar a las diferentes organizaciones sociales sobre esta grave situación a fin que expresen su más rotundo rechazo a la tortura.
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