El Tribunal Supremo de España condenó a tres años de cárcel a ocho ciudadanos que participaron de la manifestación frente al Parlamento Catalán en 2011 contra los recortes del gasto público.
Aunque ninguno de ellos protagonizó en la ocasión actos violentos contra los diputados, irán a prisión por atentar contra una institución del Estado, reportan agencias internacionales.
A través de este veredicto, el Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a 19 implicados por no encontrar pruebas de que fueran los autores de los actos delictivos que se produjeron durante las mencionadas protestas, sin embargo, apeló por medio del artículo 498 del Código Penal, que contempla penas de prisión de tres a cinco años a quienes empleen la fuerza, intimidación o amenaza grave para impedir una sesión parlamentaria.
Dicho artículo es muy controvertido, ya que fue importado por el franquismo de la legislación nazi.
Los hechos por los que son condenados los ciudadanos se remontan al 14 y 15 de junio de 2011, durante una concentración convocada por el 15M ante el Parlament Catalán contra los recortes sociales.
A pesar de que ninguno de los ocho condenados protagonizó los incidentes graves cometidos ese día, los acusados fueron sentenciados por delitos como interponerse con los brazos en cruz ante los parlamentarios en su camino para acceder al Parlamento.
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