Los países de la Unión Europea (UE) acercaron hoy sus posiciones para lograr un consenso con el que rebajarán la ambición de las propuestas de Bruselas para establecer límites al uso de biocombustibles creados con cultivos y favorecer aquellos que proceden de fuentes como la paja o los residuos.
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper), en el que están presentes los embajadores de los Estados miembros, discutió hoy la nueva propuesta de la presidencia lituana de turno de la UE, un texto que suaviza la revisión de la Directiva de Calidad de los Combustibles.
El objetivo de la presidencia es cerrar un acuerdo político sobre esta cuestión en el Consejo de ministros de Energía de la UE del 12 de diciembre, informaron fuentes comunitarias a Efe.
La mayoría de los países se ha mostrado reacia a aceptar la propuesta original de la Comisión Europea (CE), que plantea limitar la aportación de los biocombustibles tradicionales a los objetivos medioambientales de la Unión para 2020.
Para ese año, los Veintiocho se ha comprometido a que el 20 % del total de la energía consumida en la UE proceda de fuentes renovables y que un 10 % de la energía utilizada en el sector del transporte provenga de fuentes limpias, sin importar su origen.
La CE planteó en octubre de 2012 que los biocombustibles provenientes de cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza, que pueden interferir en la producción de alimentos, supusieran como máximo un 5 % de la energía renovable usada en el transporte en 2020.
Además, el 5 % restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad.
El texto de compromiso de la presidencia lituana, al que ha tenido acceso Efe, plantea elevar al 7 % la cuota para biocombustibles tradicionales, mientras que no se establecerá un mínimo obligatorio para los biocombustibles de nueva generación, sino que la apuesta por los mismos será voluntaria.
También se debilita el sistema de contabilidad de las emisiones de dióxido de carbono que crea el uso de biocombustibles procedente de cultivos por la utilización indirecta de la tierra, es decir, debido por ejemplo a la tala de una masa forestal para dedicarla a la producción de estos cultivos.
Los Estados miembros mantienen diferencias en torno al texto, aunque existe margen para un acuerdo, informaron fuentes comunitarias a Efe, dado que los grandes países como Francia, Alemania, Reino Unido y España se han mostrado dispuestos a darle su visto bueno.
Cuatro Estados -Polonia, Hungría, Rumanía y Luxemburgo- han mantenido sus reservas sobre la propuesta, los tres primeros debido a que aspiran a elevar aún más la cuota de biocombustibles tradicionales.
En el extremo contrario se encuentran países como Suecia y Finlandia, que han defendido un límite mayor, mientras que otros como Italia abogan por mantener un porcentaje mínimo reservado para los biocombustibles de nueva generación.
Una vez que los Veintiocho alcancen un acuerdo, podrán comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para llegar a un consenso final y dar luz verde a la revisión de la Directiva de Calidad de los Combustibles.
El pleno del Parlamento Europeo respaldó en septiembre el establecimiento de un límite del 6 % del consumo energético, un mínimo del 2,5 % para biocombustibles de segunda generación, y dejó el 1,5 % restante abierto al uso de otras fuentes limpias.
En cualquier caso, fuentes diplomáticas indicaron a Efe que no esperan que se alcance un acuerdo a tiempo para que éste sea adoptado por la Eurocámara antes de su disolución para las elecciones europeas de mayo, por lo que la entrada en vigor de la reforma se retrasará aún varios meses.
Las organizaciones ecologistas han mostrado su oposición a la propuesta de la presidencia lituana y han denunciado la presión ejercida por los grupos de presión a favor de los biocombustibles tradicionales.
"Lo que hay sobre la mesa no es una cura para la política enferma sobre biocombustibles", afirmó el experto de Oxfam Marc Oliver Herman, quien pidió a los Estados miembros que no "caigan" en la presión de los "lobbies" y rechacen el texto, para adoptar el límite del 5 % propuesto por la CE.
"Un límite del 7 % significa un aumento del 50 % de los biocombustibles insostenibles. Estos biocombustibles malos suponen un aumento de la deforestación, más emisiones de CO2 y mayor presión sobre los precios de los alimentos a costa de los contribuyentes", afirmó Nusa Urbancic, de la ONG Transporte y el Medio Ambiente.
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