En relación a los recientes reclamos hechos por pobladores del paraje Saucelito en una manifestación pública en la ciudad de Orán a fin que se detenga el desmonte en esa región, se supo que el fiscal Penal y Correccional 2, de esa ciudad, Rodrigo Gonzalo Miralpeix ya tomó intervención y ahora el caso se trata en la órbita judicial.
Los vecinos se quejaron por la tala ilegal de más de mil hectáreas en el paraje El Saucelito, ubicado a unos tres kilómetros de Colonia Santa Rosa. Indicaron que pese a la denuncia que se radicó, la Policía y Gendarmería habrían hecho oídos sordos debido a que las empresas a cargo del desmonte les entregaría combustible gratis a cambio.
También se supo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente se trasladaron hasta el lugar a fin de verificar la denuncia, la cual no sólo comprobaron sino que de inmediato pusieron freno. Al respecto, se conoció que la denuncia fue hecha por Luis Sachetti, jefe de Fiscalización Ambiental, pero las actuaciones tomaron curso como una contravención. Por su parte, y debido a que las gestiones que hasta ese momento se hacía amenazaban a la empresa como mucho con una multa, los pobladores revelaron que las empresas hicieron caso omiso a las autoridades ambientales de la Provincia y siguieron adelante con el desmonte. Asimismo, sostuvieron que ante la inacción de la Policía local tomaron imágenes de las máquinas que abrieron picadas para utilizar el procedimiento del 'cadeneo' para realizar el desmonte. Explicaron que la deforestación se realiza a partir de las 20:30, para evitar los controles durante el día.
Según se informó desde la Secretaría de Ambiente, en el catastro 27.994 de Orán se encontró la vegetación "volteada y acordonada", mientras que al hacer las averiguaciones se constató que las tierras están en manos de Javier y Francisco Vidizzoni, que adquirieron 500 hectáreas de la finca El Tipal en mayo de este año. Este finquero es uno de los que también asomó en conflictos que tenían campesinos de Rivadavia, en la Finca Santafecina y La Juanita.
Denuncia verificada
A partir de todos estos hechos, ayer se pudo saber que el fiscal Miralpeix se abocó a investigar lo sucedido e incluso ya habría verificado la denuncia y por ello el caso ahora se tramita en la órbita correccional, ya que todavía en el interior no rige la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por lo tanto la Fiscalía trabaja con la iniciación de un acta única y las diligencias preliminares del caso, entre ellas acciones para prevenir la tala en esa región. No se descarta la posibilidad que el representante del Ministerio Público no sólo inicie las actuaciones correccionales correspondientes, sino también pueda abrir una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad, puesto que la orden de frenar los desmontes provinieron de un Programa de Control Ambiental, con rango gubernamental.
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