La empresa estadounidense Chevron, que asumió haber vertido 2.400 barriles de petróleo desde el 8 de noviembre en el litoral de Río de Janeiro, fue sancionada por provocar daños ambientales con la multa máxima permitida por la ley —50 millones de reales (27 millones dólares)— por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) el lunes pasado. Chevron también se enfrenta a sanciones de la Administración de Brasil que pueden llegar a los 260 millones de reales (unos 143 millones de dólares), no solo por el desastre ecológico, sino por haber mentido a la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), ocultando informaciones e imágenes sobre la importancia real del vertido.
El 8 de noviembre, un helicóptero de Petrobras advirtió una mancha de crudo en el océano, y la fuga fue constatada al día siguiente por un robot submarino en un pozo en perforación a 1.200 metros de profundidad, a casi 400 kilómetros al noreste de la costa de Río de Janeiro. El 11 de noviembre, Chevron comenzó a limpiar la mancha, que según la ANP se ha reducido actualmente a dos kilómetros cuadrados.
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La Policía Federal ha afirmado que a la petrolera Chevron, que invierte 5.000 millones de dólares en Brasil, se le podría impedir actuar en el país durante cinco años, lo que significaría perder la opción de participar en la exploración de los recientes descubrimientos de petróleo en aguas ultraprofundas brasileñas. Según la ANP, el vertido está aún en curso, aunque el dato ha sido negado por el presidente de Chevron en Brasil, George Buck, que afirma que se trata de algo residual y que el vertido está controlado. Según Buck, la empresa "no tiene conocimiento" de que le pudieran impedir seguir trabajando en Brasil.
Según publica el diario O Globo, la presidenta Dilma Rousseff "decidió ser dura con la empresa y demostró su irritación con la falta de equipos de la compañía y por las informaciones incorrectas". Al parecer, esas informaciones erróneas provocaron que el Gobierno tardara en reaccionar, al considerar que no se podía hablar de desastre ecológico. El Ibama ha prohibido a Chevron el uso de productos químicos para dispersar la mancha de petróleo, por lo que se está haciendo sólo con chorros de agua. El accidente de Chevron ha vuelto a poner sobre el tapete la eterna discusión sobre los peligros que supone en Brasil la extracción de petróleo en aguas profundas. Los ecologistas han visto esa riqueza innegable de Brasil, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, como un peligro real, por lo que el caso de la empresa estadounidense se está convirtiendo en un caso también político. Los diarios exigen que la población, sobre todo la más cercana al desastre, sea informada sin restricciones. No se sabe hasta el momento si ese vertido de petróleo en el mar podría haber sido evitado si se hubiera seguido el programa de emergencias.
Al mismo tiempo, para algunos especialistas parece precipitado pensar que el desastre producido por el pozo bajo la responsabilidad de Chevron pueda ser una excusa para parar la industria petrolífera en Brasil, donde solo en las aguas de Campos y Santos se producen actualmente cerca de dos millones de barriles de petróleo por día, aunque subrayan que no se debe disminuir la alerta para que casos como el de Chevron no vuelvan a repetirse.
La Policía Federal ha abierto una investigación sobre el caso, y el presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, quiere que sea el Ministerio Público el que actúe contra la empresa americana. El Estado de Río de Janeiro anunció también acciones judiciales para pedir una indemnización a Chevron por "daños a la biodiversidad marina y a los ecosistemas costeros", según la Secretaría regional de Medio Ambiente. En el Congreso, la Comisión de Medio Ambiente del Senado ha aprobado la convocatoria a los responsables de Chevron y del Gobierno, mientras que la Comisión de Minas y Energía de la Cámara baja tendrá hoy una audiencia pública con el presidente de Chevron en Brasil.
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