Ante la usual desinformación y misterio que llega desde los organismos oficiales nos encontramos ante la obligación y necesidad de recopilar las novedades más importantes en torno al proyecto de explotación uranífera en Sierra Pintada y comunicarnos con la gente. Al fin de cuentas se trata de la explotación de bienes comunes que nos pertenecen, así como también nos pertenece un ambiente sano y el agua.
Una comprensión más acabada de los últimos sucesos en la mina de uranio sanrafaelina, exige realizar en principio una breve cronología de la intervención de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) en el complejo. El yacimiento fue descubierto en 1968 por la CNEA y en 1974 se dio inicio a la producción y explotación a cielo abierto que duró hasta 1995; finalmente, en 1997, la mina fue completamente abandonada debido a la baja del precio del uranio en los mercados mundiales y como parte de la desarticulación estatal llevada adelante por el menemismo (datos extraídos en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2011/08/el-saqueo-que-debe-ser-impedido/).
El legado de estos años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena[1], resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos.
En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación. En este contexto, nos enteramos hace algunas semanas que la CNEA presentaría en dos meses el estudio de impacto ambiental para la remediación de la colas de uranio y que en 2013 comenzaría las actividades de remediación (extraído en http://www.geonavitas.com.ar/es/noticias/mineria/argentina/20594-estudio-de-impacto-ambiental-de-sierra-pintada.html).
Ante esta situación y con la desconfianza que implican años de irregularidades es que nos preguntamos ¿cumplirá la CNEA esta vez o solo se trata de hacer expeditiva la reapertura? ¿Es segura la remediación en manos de este organismo? para la respuesta a esta última pregunta hay una serie de antecedentes cercanos que nos habilitan a pensar que no es segura ni mucho menos.
Un somero repaso de las últimas tropelías de la CNEA incluye:
- La filtración en uno de los diques de remediación como resultado de una rotura de 30 centímetros en la membrana del dique de evaporación efluentes. El hecho se detectó el 23 de Marzo de este año y fue admitido por la CNEA en el mes de Mayo luego de que circularan rumores sobre la presunta filtración. Este acontecimiento dejó al descubierto que la CNEA estaba avanzando en la remediación sin el conocimiento del pueblo y sin cumplir los pasos previstos que son la presentación del informe de impacto ambiental y la posterior audiencia pública (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/80241).
- Contaminación grave de napas freáticas y cauces de riego en la zona donde funcionaba el Complejo Fabril Malargüe. En 2002 el Departamento General de Irrigación le impuso una multa de un millón de pesos, inédita en la historia del ente por ser la multa más alta que haya aplicado, por esta contaminación con uranio y el 11 de Mayo de este año la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la sanción rechazando la apelación interpuesta por la CNEA (extraído en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2012/05/cnea-multada-por-contaminacion-grave-de-aguas-con-uranio/).
- Falencias en la remediación del Complejo Fabril Malargüe. El día 27 de Septiembre distintos medios locales recogían las declaraciones de vecinos malargüinos que viven colindantes con el depósito de CNEA, y que se manifestaban sumamente preocupados por el polvillo que provenía de las colas de uranio albergadas en el depósito y se mantenía en suspensión al ser arrastrado por el viento cordillerano. Se debe tener en cuenta que el predio en el cual se alojan las colas de uranio tiene un cierre perimetral de tela que no puede detener el arrastre del viento. (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/92214).
La conclusión es que la CNEA opera de forma negligente e irresponsable no solo cuándo pone en funcionamiento un proyecto sino que también cuándo intenta remediarlo. Además los daños producidos no se reducen al territorio del sur provincial, como marca la propia CNEA, existen casi una decena de minas en proceso de restitución ambiental (ver en http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/sitios.asp). Y sobre este punto, es importante notar que Sierra Pintada no aparece en el listado del PRAMU (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio), lo que nos invita a preguntarnos ¿Por qué comete esta omisión la CNEA? ¿Será que el reinicio de la explotación y una remediación correcta son incompatibles?
Al mismo tiempo la ley 7722, un pilar en esta lucha socio-ambiental, continúa en la mira de los partidarios del saqueo, sea con proyectos de reforma en la legislatura o través de pedidos de inconstitucionalidad ante la corte (ver http://www.facebook.com/asambleaporelaguasanrafael/posts/450212178334959). Y es oportuno resaltar que la reactivación de Sierra Pintada al igual que muchos otros proyectos megamineros requiere de la modificación o derogación de la ley del pueblo para poder materializarse ya que la misma "prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos".
Por eso hacemos un nuevo llamado a la implicación colectiva y la participación popular, e invitamos a redoblar esfuerzos por parte de la ciudadanía en la junta de firmas en defensa de la ley. Y ante la desinformación impuesta desde arriba, vamos a ofrecer comunicación con la gente, solo con ella se obtiene una licencia social legítima. Mientras continuaremos proclamando "¿nuclear y contaminante? No, gracias".
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