Durante el 2012, más de setenta personas han muerto en al menos 10 ataques de personas armadas contra civiles, y otras tantas han resultado heridas, en Estados Unidos. Y durante esos meses hemos asistido también a una relajación manifiesta de las leyes que regulan la posesión de armas, y todo ello en una año electoral, donde los candidatos a la presidencia del país, Obama y Romney, han pasado de puntillas sobre el problema, más interesados como estaban en lograra apoyos, políticos y económicos.
En este sentido, la reacción del presidente Obama, que en los próximos días iniciará oficialmente su segundo mandato, tampoco debería extrañar. Al igual que el pasado verano, tras la matanza en el cine Aurore (12 muertos y 60 heridos), ha salido ante los medios de comunicación para escenificar una situación que bien podría tratarse de una interpretación cinematográfica al mejor estilo de Hollywood (no hay que olvidar la capacidad comunicativa e interpretativa del presidente norteamericano).
Mientras soltaba alguna lágrima ante las cámaras, “lágrimas de cocodrilo” para algunos analistas que recuerdan las decenas de niños y niñas que han perecido este mismo año en todo el mundo bajo las bombas de los aviones no tripulados estadounidenses (y que no han merecido ningún recuerdo por parte de Obama), repetía las mismas palabras que hace meses, pero igual que entonces, no hará nada. Es más, algunos recuerdan que en estos años de su primer mandato, Obama en lugar de proponer medidas para controlar la compra de armas, en 2009 ha aprobado una ley para ampliar los permisos de portar armas en los Parques Nacionales del país.
La disposición del presidente para asegurar que aquellos que no tengan autorización para llevar armas no tengan acceso a ellas, al tiempo que “garantiza el derecho a portar las mismas que vienen recogido en la famosa Segunda Enmienda de la Constitución”, nos muestra que las cosas no tiene visos de cambiar a corto plazo.
El engranaje legislativo es sin duda una baza que juegan y mantienen a su favor los poderosos lobbies de las armas. En 1993 la llamada ley Brady obligaba a comprobar los antecedentes penales y psiquiátricos de los compradores de armas, también se creó un archivo federal con los expedientes citados. Sin embargo la realidad institucional de EEUU permite esquivar fácilmente estas medidas.
Así, se tiene constancia que son millones los expedientes que no se mandan al FBI, y tan sólo trece estados suelen hacer consultas al mismo. Pero es que además, la citada ley no es de aplicación cuando la compra-venta de armas se realiza entre particulares (más de cuarenta por ciento). Y por otro lado, la prioridad de las leyes de los estados sobre la legislación federal puede hacer que cualquier intento desde Washington para regular el acceso alas armas quede en papel mojado.
Finalmente, el papel de los dos principales partidos políticos, contrarios declarados al control, los republicanos, y los demócratas, interesados en no enojar a los lobbies de las armas, predice que con el paso de las semanas las declaraciones “de buenas intenciones” quedarán aparcadas hasta que tengan que desempolvarse ante la próxima matanza.
La ley “Stand your ground” (SYG) (defiende tu posición/espacio) que se promulgó en Florida en 2005 es otro soporte al que se aferran los defensores de las armas. Desde entonces, y con la ayuda de la Asociación nacional del Rifle (NRA) y sus aliados, más de veinticuatro estados del país han ido adoptando leyes similares.
Ese argumento legal institucionaliza el “uso justificable de la fuerza”, conformándose una especie de ley de “autodefensa” que a través de tres conceptos jurídicos volvieron razonable “la ley de defensa propia”, convirtiéndola en una especie de receta para tomarse la justicia por su propia mano. De esta manera se articula una ley que sostiene “el derecho a defender su posición y defenderse con la fuerza”.
Según la SYG, las personas que crean que están en peligro en espacios público no están obligadas a alejarse ante la amenaza percibida antes de utilizar la fuerza para defenderse. Además, si actúan en defensa propia en sus casas, vehículos u otras áreas designadas se supone que se crea razonablemente que estaban en peligro inminente, y la carga de probar lo contrario recae sobre la acusación. Además, las personas que utilizan la fuerza justificable para defenderse están protegidas no sólo contra el enjuiciamiento penal, sino también de la responsabilidad civil.
Un reciente estudio apuntaba una serie de datos muy interesantes en torno a las matanzas. Uno de los aspectos reseñados apunta a la distorsión informativa que se produce tras las mismas, convirtiéndolo en un mero espectáculo, donde la falta de rigurosidad informativa es manifiesta, y constatando además que la citada saturación mediática tiende a que el caso se repita en los próximos días, aunque generalmente a menor escala. También se apunta en el citado informe que las expresiones de dolor y la presencia de las cámaras, muchas veces dificultan en el futuro la recuperación de los afectados, sometidos a una presión extra por la presencia de los focos.
El origen de los agresores, apuntan los autores del informe, suele “sorprender” a muchos defensores de las armas. El hecho de que la mayor parte de las matanzas estén protagonizadas por norteamericanos blancos (“uno de los nuestros”) y predominantemente en comunidades blancas que hasta víspera eran consideradas “seguras y agradables” suele generar mayor controversia.
Finalmente, los citados expertos constatan que todos los actores suelen tender de una manera u otra a utilizar los citados acontecimientos para beneficio de sus propias agendas (políticos, lobbies y empresas), y ello facilita la conclusión final, a pesar de todo lo que se dice tras los hechos, “nada cambia”.
La tradición, el individualismo y la conjunción de diversos intereses políticos y económicos, permiten que a día de hoy el descontrol sobre la posesión de armas en EEUU siga presente. Una de las consecuencias de esta situación la estamos viendo cada vez que tiene lugar una matanza, sin embargo hay otro tipo de derivaciones que “no se quieren ver” y que en el futuro pueden tener consecuencias muy graves para la sociedad norteamericana, como el fenómeno de los movimientos ultraconservadores, defensores de la supremacía blanca y las milicias, protagonistas de algunos de los hechos más violentos de la historia reciente de aquel país.
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