Francia Márquez.-En la entrada de la segunda década del siglo XXI América Latina figura como uno de los ejes de la emergente multipolaridad del capitalismo global. Es decir, no solo existe el interés de la inversión directa extranjera históricamente proveniente de Estados Unidos y de Europa, sino que las oligarquías al interior de los países latinoamericanos están en función de fortalecer e impulsar el modelo capitalista desde sus propios enclaves de poder. Esto implica la reconfiguración de grupos económicos emergentes de la economía mundial; necesitando la reconformación de nuevas estrategias de colonización.
Estas estrategias son avanzadas primeramente por un discurso enfocado en la erradicación de la pobreza a través del desarrollo capitalista implementado por políticas neoliberales. Lo resultante es una redefinición del Estado frente a la población que reconfigura a la ciudadanía como sujetos del comercio y no como sujetos de derechos individuales y colectivos. Es importante resaltar que los pueblos latinoamericanos han venido desarrollando procesos de lucha y resistencia frente a estos modelos imperantes de creciente poder político; creando alternativas desde el auto-reconocimiento étnico-racial en miras a un buen vivir.
Los organismos económicos internacionales y el modelo de desarrollo en América Latina
Una de las estrategias de colonización, necesitada por los grupos económicos influyentes en las dinámicas del capitalismo global, es dictada por los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones han venido implementando políticas de comercio global en América Latina, a través de programas de desarrollo capitalistas bajo el discurso de la erradicación de la pobreza. Unas de las consecuencias es que los Estados se endeudan mediante la adquisición de créditos condicionados a reformas sociales, jurídicas y políticas que abren las puertas para que los Estados cedan las decisiones de cómo se deben invertir los recursos económicos nacionales de una manera en que las deudas sean extendidas. Además, estas condiciones usualmente requieren la privatización de las empresas estatales y la entrada de la inversión extranjera directa, que terminan implementando megaproyectos inconsultos a las pueblos étnicos y sociedad civil.
Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿a quién pertenecen esos organismos económicos internacionales? ¿Acaso no les conviene que los Estados latinoamericanos permanezcan endeudados? Resolver estos interrogantes nos permitirá entender las dinámicas del modelo de desarrollo que viene imperando en Latinoamérica, en tanto que estos organismos económicos pertenecen a las élites económicas que históricamente han impulsado sus iniciativas a costa de la misma relación entre sujetos de derechos colectivos e individuales frente al Estado. Significando sistemáticas violaciones de derechos humanos.
En este marco, Colombia sirve como un escenario emblemático de las dinámicas del capitalismo global en torno al “neodesarollismo” vigente y su relación a los pueblos. Se ha venido ajustando la normatividad jurídica interna a la implementación de planes de desarrollo nacionales enfocados al fortalecimiento de las políticas de economía globales que desconocen los derechos de la sociedad. Por ejemplo, las reformas del código minero que establece la minería artesanal como ilegal, y reconoce solo a la minería industrial a la vez que otorga títulos a quienes demuestren capacidad tecnológica y financiera abren las puertas a las empresas multinacionales, quienes tienen el capital económico para realizar estas explotaciones. De esta manera la reforma minera y reformas homólogas sirven como obstáculo para la forma de vida propia de las comunidades. Por ejemplo, niega a los grupos étnicos el reconocimiento de sus derechos colectivos y ancestrales. Además, dichas empresas desarrollan explotaciones a cielo abierto utilizando cianuro y mercurio. Lo que implica la destrucción del medio ambiente, la salud de las personas, y la pérdida de la soberanía alimentaria.
La violencia es un aspecto fundamental de la implementación de modelos de desarrollo neoliberales. El conflicto armado de Colombia es un ejemplo contundente de cómo la violencia es parte de las estrategias impulsadas por las élites políticas y económicas para facilitar la inversión industrial. Por ende, muchos territorios concedidos a empresas multinacionales durante los últimos años están azotados por actores armados que han violado constantemente los derechos humanos de las comunidades que habitan esos territorios. Estas violaciones se ejercen mediante el desplazamiento forzado, las violaciones a mujeres y niños, masacres, amenazas a líderes y lideresas, y desapariciones.
Estas dinámicas están contrapuestas en el espacio público por las políticas empresariales que dicen atender a las necesidades de las comunidades que estas mismas despojan y explotan. Estas contradicciones son avanzadas por el concepto de responsabilidad social corporativa que plantea el rol de las empresas como parte fundamental del tejido social que responde a una ética de bienestar social comunitaria. Esto se manifiesta en campañas de salud y educación, en que proveen servicios y productos mínimos a un pequeño porcentaje de la población de forma ineficaz. Dichas políticas sociales corporativas son parte de sus políticas mediáticas para “lavar su cara” por los perjuicios que ha vivido la comunidad mediante la implementación de las políticas económicas de dichas empresas. A la vez, estas políticas de responsabilidad social corporativa también responden a las políticas económicas de las empresas mediante a la exoneración de impuestos.
Un ejemplo de estas prácticas es el programa de responsabilidad social corporativa implementado por la Empresa Hidroeléctrica del Pacifico (EPSA) [1] mediante la fundación EPSA, administrada por la misma en el municipio de Suárez (departamento del Cauca, Colombia). Este proyecto se basa en regalar cuadernos para los niños, maletines escolares, al igual que campañas acerca del manejo de electrodomésticos para ahorro de energía, proyectos de cultivos de peces en estanques y siembra de café, así como capacitaciones a organizaciones comunitarias sobre el liderazgo. Sin embargo, estos proyectos no contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Más bien, intentan contrarrestar los profundos y amplios impactos que el desarrollo de la empresa tiene sobre las comunidades. Uno de estos es el desplazamiento de más de 3 mil familias de sus tierras productivas que hoy se encuentran en los cordones de miseria de grandes ciudades como Cali en el distrito de Aguablanca y Bogotá en Ciudad Bolívar. Además del despojo de la tierra de alrededor de 20.000 personas negras en la zona plana del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca lo que fortaleció la implementación del monocultivo de caña de azúcar por parte de los ingenios azucareros.
Frente a estas realidades, los programas de “responsabilidad social corporativa” se evidencian concretamente en favor de las empresas y no a favor de las poblaciones a quienes reclaman favorecer. Más cuando se considera la violencia directa a aquellas y aquellos que avanzan proyectos de resistencia frente a la implementación de políticas nacionales e internacionales que fomenten la expansión industrial por encima de los derechos de las personas. Lo que se viene desarrollando entonces es la colonización a varias escalas. No solo el Estado está reconfigurando su relación a la población a intereses de capitalismo global, fuertemente impulsados por poderes nacionales, sino que el despojo de estas poblaciones fomentan la pérdida de su identidad y formas de vida. El desplazamiento forzado de las personas a los márgenes de las metrópolis donde las organizaciones políticas tradicionales y los tejidos sociales se disponen a través de la aculturalizacion y asimilación de valores y a los medios de producción vigentes en estos espacios. Sin embargo, a medida que la intensidad con la que estos proyectos se imponen incrementa, también se incrementa la articulación de resistencia y lucha de pueblos cuya conciencia étnico-racial es fundamental en la constitución de posturas políticas de creciente relevancia a nivel regional, nacional y transnacional.
Pueblos en resistencia
Si bien estas violaciones estructurales a los derechos humanos de las personas y las comunidades son continuas, también se han venido desarrollando procesos sociales desde las comunidades para hacerle frente a ese modelo arrasador. Desde la creación de iniciativas de desarrollo local, mecanismos de exigibilidad de derechos a los Estados, la conformación de procesos políticos propios. También se han venido tejiendo redes de solidaridad e intercambio entre pueblos que les permite confrontar de manera más eficaz el modelo de desarrollo impulsado través del Estado por las elites nacionales e internacionales.
En Colombia la organización política de comunidades negras se ha venido desarrollando a través de procesos en resistencia a proyectos de desarrollo neoliberales con índole transnacionales desde los años ochenta. Como producto de esas luchas, se ha venido reconociendo constitucionalmente las organizaciones políticas propias de estas comunidades. Hoy en día, las comunidades ejercen sus derechos colectivos y especiales no solo para contrarrestar el modelo impuesto, sino para desarrollar y fomentar su propia visión de integridad cultural. Por ejemplo, la comunidad de La Toma, en Suárez, Cauca (Colombia), a partir de la ley 70 de la constitución Colombiana y el convenio 169 de la OIT, ha venido exigiendo al gobierno colombiano el respeto y el reconocimiento a sus territorios ancestrales y a sus practicas y decisiones políticas mediante la aplicación de la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado. Estas formas de resistencia están fundadas en el auto-reconocimiento étnico-racial de las comunidades que de forma recíproca alimenta el desarrollo de iniciativas productivas como la finca tradicional, la explotación minera limpia artesanal, y planes de vida autónomos que revindiquen la identidad y al respeto al medio ambiente. Otro frente ha sido el rescate de la memoria histórica mediante el fomento de la educación propia.
En este marco, la resistencia étnico-racial colombiana ha sido parte de una importante coyuntura política que enfrenta el avance de proyectos neoliberales de educación por toda América Latina. La vigencia política de organizaciones estudiantiles afro-colombianas forma parte de la resistencia hemisférica a tales modelos de reforma educativa, con carácter diferenciado y colectivo. A la vez, organizaciones sindicales y laborales han venido articulando el discurso y carácter étnico-racial colectivo en sus posiciones políticas frente al modelo de neodesarrollismo.
En los últimos años estos procesos se han venido articulando entre sí, con la participación de varios actores comunes en diferentes espacios que sirven como puentes de comunicación y articulación de acciones y propuestas. Eventos como el Congreso de los Pueblos, el Congreso de Tierras y Territorios, la nueva articulación entre movimientos estudiantiles y sindicatos laborales, y la creciente vinculación de artistas a las luchas sociales como por ejemplo en pro la educación anticapitalista y en pro de los derechos de los pueblos frente a la megaminería.
Conclusión
Si bien se vienen implementando en América Latina procesos para el fomento de políticas coloniales mediante la implementación de tratados de libre comercio y préstamos de organismos económicos internacionales, no es menos cierto que desde los movimientos sociales hay una creciente articulación en pro de construir políticas que confronten el modelo hegemónico existente que insiste en continuar violando los derechos humanos individuales y colectivos, y destruyendo el medio ambiente. Lo cual ha venido ocasionando el calentamiento global y la crisis ambiental oceánica. Se debe seguir fomentando la articulación de iniciativas propias a nivel local, nacional, y transnacional particularmente con las poblaciones desplazadas en los márgenes de las metrópolis y las que aún permanecen en sus territorios.
Francia Márquez forma parte de la Comunidad Suarez Cauca, Concejo comunitario de la Toma en Colombia.
El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia.
Nota:
[1] EPSA fue comprada por Unión Fenosa en el año 2000 y vendida a Clener, Inversiones Argos y Banca de Inversión Bancolombia en diciembre de 2009. La venta se produjo después de que Gas Natural comprara Unión Fenosa y para recuperar la inversión vendió diversas empresas filiales que tenía Fenosa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario