Falta recordares que NO existe "detección temprana" ni mucho menos ataque rápido al"FOCO" y para esto es necesario que TODOS funcionarios políticos y bomberos definan una estrategia con un "Mapa del Fuego, Torres de Observación, comunicación y equipos distribuidos en el campo durante las épocas criticas. Lo que hoy ocurre es una enorme falta de criterio y capacidad de reacción
Córdoba arde en llamas. Se quemaron cerca de 30 mil hectáreas, 530 personas fueron obligadas a desplazarse de sus hogares, se perdieron bosques nativos, 70 viviendas quedaron convertidas en cenizas y hay un total de cinco heridos. Los incendios en la provincia que gobierna José Manuel de la Sota no son nuevos pero el calor fuera de tiempo, los vientos calientes, la sequía y los desmontes convirtieron al valle en un cortejo de llamas que pasará a la historia como uno de los más virulentos.
Como los cordobeses conviven con esta realidad hace años, existe un “impuesto al fuego” que los mediterráneos abonan con el pago del servicio de EPEC, la empresa estatal que se encarga de distribuir energía eléctrica en la provincia. Sin embargo, el fuego arrasó con todo lo que tuvo a su alcance, faltaron aviones hidrantes, equipamiento para los cuarteles de bomberos y recursos de emergencia en general.
El fuego no siempre se puede prevenir pero el manejo del mismo se puede perfeccionar, evitando resultados como los de esta semana. Hace exactamente un año Guillermo Posada, colaborador del suplemento que acompaña a Veintitrés en Córdoba, publicó el artículo “Queremos que se cumpla la ley” y difundió el reclamo de la Federación de Bomberos Voluntarios –que reúne a 154 cuarteles y alrededor de 7 mil bomberos– por la falta de transparencia en el manejo de los fondos que recauda el gobierno provincial por el impuesto al fuego.
“Pedimos que nos rindan cuenta de lo recaudado por ese concepto. Nunca logramos que el Tribunal de Cuentas lo haga”, dijo José Luis Aringoli, vicepresidente de la federación. El reclamo de Aringoli responde al desmanejo que se hace de la ley 8.751, que establece que el 10 por ciento de la recaudación por ese tributo debe distribuirse entre los cuarteles. Sin embargo, según él mismo precisó, desde 2008 los destacamentos reciben un monto mensual fijo de 2.800 pesos.
Cuando Veintitrés le consultó a Aringoli por la estimación de recaudación, el vicepresidente de la federación contó: “En base a nuestras quejas saltó que son entre 55 y 60 millones al año. Pero esa cifra es dudosa. Después de hacer varias averiguaciones, de forma no oficial pero muy allegada a los que manejan el tema, sabemos que hay alrededor de un millón de medidores de EPEC, más unos 400 mil de cooperativas eléctricas. Con 8 pesos que se paga por boleta en promedio, da un monto por encima de los 100 millones de pesos al año. Eso es mucha plata y no se condice con lo que nos están aportando”. De haber tenido los recursos necesarios es posible que las consecuencias de este incendio no hubieran sido tan extremas.
La zona más afectada fue Villa Yacanto, en la región de Calamuchita, donde todo el pueblo debió trasladarse a la plaza central para refugiarse. Entre las personas afectadas está Natalia Oreiro, que perdió la cabaña que comparte con su pareja, el cantante de Divididos Ricardo Mollo. La casa, ubicada en proximidades a la localidad de San Miguel de los Ríos, a 34 kilómetros de Yacanto, terminó en cenizas.
Greenpeace echó la culpa por los incendios a la gestión delasotista y a la “falta de una política firme en defensa de los bosques nativos”. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques, explicó que “la provincia de Córdoba se encuentra en emergencia forestal debido a los desmontes y a los incendios, muchos de ellos intencionales”. De hecho, según la Jefatura de Policía cordobesa, hasta el martes eran 12 los detenidos sospechados de tener alguna responsabilidad en los focos de incendio que se registraron en la última semana. “Esto ocurre en gran medida por la irresponsabilidad de productores agropecuarios y por la falta de controles efectivos –continuó Giardini–. Es necesario que la provincia adopte una política firme en defensa de sus últimos bosques nativos; que adecue su ley local a la nacional, mejore los controles y castigue severamente a quienes violan la ley, obligándolos a reforestar”.
Según datos de la ONG ambientalista, “Córdoba tiene una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento eran de bosque nativo. En la actualidad, sólo queda aproximadamente el cinco por ciento de la superficie original”.
Al cierre de esta edición –miércoles 11–, Daniel Passerini, ministro de Desarrollo Social de la provincia, anunció que sólo quedan 250 evacuados y que el 70 por ciento de los focos de incendio estaban extinguidos, aunque advirtió que aún quedan algunos por detener. Passerini destacó la asistencia del Ejecutivo nacional para hacer frente a la emergencia y remarcó que “el gobierno provincial otorgará asistencia financiera para recuperar los emprendimientos y viviendas”.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner detalló la ayuda enviada a la provincia: “A través del Programa Nacional de Manejo del Fuego se enviaron a Córdoba 40 combatientes, 8 vehículos terrestres adaptados para el fuego, 3 aviones hidrantes, 1 avión vigía, y un helicóptero para transporte del personal. Se aguarda el envío de otras tres aeronaves desde la Mesopotamia”.
De la Sota tiene como horizonte la candidatura a presidente en 2015 y si bien constantemente hace referencia a la preocupación de su gestión por controlar los incendios que afectan a la provincia cada año, lo cierto es que la falta de previsión dejó en evidencia un incendio anunciado.
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