De la Reforma del ´18 a La Noche de los Bastones Largos
En junio de 1918, durante la primera presidencia del radical Hipólito Irigoyen (1916-1922), se produjo en la Universidad Nacional de Córdoba lo que en términos históricos se conoce como la “Reforma Universitaria”. Los jóvenes estudiantes cordobeses protestaron contra lo que consideraron prácticas abusivas y dogmáticas de quienes dirigían la universidad. Rápidamente, el conflicto se extendió a otras universidades del país. Con el apoyo de algunos intelectuales y profesores (en especial los más jóvenes), los estudiantes reclamaron -entre otras cosas- una mayor democratización del gobierno de la universidad, la gratuidad de la enseñanza superior, la promoción de la ciencia, la libertad de pensamiento y la autonomía universitaria (para acceder al manifiesto liminar de los reformistas del ´18:http://www.fder.edu.uy/archivo/documentos/manifesto-reforma-universitaria.pdf).
Luego de una sucesión de conflictos de intensidad creciente, encabezados por estudiantes y jóvenes profesores, en 1919 se produjo la sanción de Estatutos que dieron acceso a los estudiantes al gobierno de las casas de estudios superiores, desterrando del manejo de la universidad el monopolio ejercido por unas élites que sostenían sus cargos en forma vitalicia y nombraban de manera irregular tanto al cuerpo docente como al administrativo 1 . La unión proyectada entre alumnos y profesores, suscitada a partir de los reclamos conjuntos del ´18, permitió incursionar, por primera vez en la historia argentina, en una nueva forma de co-gobierno universitario. No obstante, las universidades no estuvieron ajenas a la creciente intolerancia política e ideología de los años ´30, generada a partir de la resistencia al cambio por parte de los sectores conservadores de la sociedad.
La postura opositora de los estudiantes frente al gobierno se acrecentó con el golpe de Estado de 1943, debido a las medidas represivas y fuertemente cercenadoras de la autonomía universitaria. Durante el primer mandato peronista (1946-1952), la relación entre el gobierno y la institución universitaria fue ardua y compleja 2 . La ley 13.031, sancionada en 1947, se encargó de reglamentar en detalle aspectos fundamentales de la organización universitaria, los cuales pertenecían, evidentemente, al ámbito de su autonomía. Perón garantizó la gratuidad de la enseñanza con el decreto 22/1949, el cual permitió que entre 1945 y 1955 se triplicará el número de alumnos en todo el país. Además, en 1951 creó -a través del decreto 9695/1951- el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC), antecedente inmediato del CONICET.
Si bien es cierto, por tanto, que el peronismo garantizó la gratuidad de la educación superior, no es menos cierto (a qué negarlo) que, sobre todo a partir de la exclusión de profesores y estudiantes opositores al gobierno popular, cercenó en parte la autonomía universitaria. No debemos olvidar que la relación del peronismo con la universidad estuvo fuertemente impregnada de la coyuntura política y social característica de la época.
El peronismo fue derrocado en septiembre del ´55 por la autodenominada Revolución Libertadora; este grupo de hombres se erigió a si mismo como Salvadores de la Patria, y bombardeó a una Plaza de Mayo desarmada e indefensa causando un saldo de más de trescientos muertos. La Libertadora derogó las leyes y decretos de los dos mandatos peronistas, intervino las universidades y expulsó de las mismas a todos aquellos docentes e investigadores que hubieran trabajado en ellas durante los gobiernos de Perón. Todo esto lo hicieron, obviamente, con el objetivo de “salvaguardar la libertad académica y la libre actuación de los derechos de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Nacional”.
Finalizado el tiempo de la Libertadora (1958), un nuevo período de normalización de las universidades cobró empuje y la autonomía recuperó su antigua fuerza. El presidente Frondizi (1958-1962) tomó algunas medidas importante con respecto a la universidad; entre ellas cabe destacar la rehabilitación del co-gobierno universitario (con la inclusión, en este caso, del claustro de graduados), la introducción de concursos públicos como mecanismo de designación de profesores, la atribución al estatuto universitario de una idéntica jerarquía que los decretos nacionales y la creación del CONICET.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue creado el 5 de febrero de 1958, y su primer presidente fue Bernardo Hussey (Premio Nobel de Medicina en 1947). El Consejo -instituido como órgano autárquico bajo dependencia de la Presidencia de la Nación- fue dotado de una serie de instrumentos adecuados para elevar el nivel de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Algunos de estos instrumentos fueron, por ejemplo, la promoción de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación, el otorgamiento de becas para estudios doctorales y posdoctorales, el financiamiento de proyectos y de unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características.
La noche del 29 de julio de 1966
El proceso de normalización de la universidad se vio abruptamente interrumpido cuando el 28 de junio de 1966 fue derrocado el gobierno “desarrollista” del Dr. Arturo Humberto Illia. Algunos años antes, el presidente Illia había anulado los contratos petroleros firmados por Frondizi durante su gestión , lo cual generó conflictos en la relación bilateral con los Estados Unidos y en el plano interno. En cuanto al ámbito local, sectores económicos dominantes mostraron, desde un principio, su malestar y disconformidad. Ambos elementos contribuyeron al “clima destituyente” que acabó con su gobierno en junio de 1966. Fue entonces cuando asumió el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía (1966-1970), quien desató una política autoritaria y sumamente represiva.
Luego de la firma del decreto de intervención de las universidades nacionales, y a tan sólo un mes de comenzado su (ilegítimo) mandato, Onganía ordena la irrupción de la Guardia de Infantería Policial en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, reprimiendo ferozmente a garrotazos y gases lacrimógenos a docentes, estudiantes y profesores invitados. Este hecho, nefasto para la vida política y cultural argentina, pasará a la historia como La noche de los Bastones Largos. La consecuencia más brutal de aquella fatídica represión fue la masiva “fuga de cerebros” en nuestro país; en efecto, se estima que más de mil trescientos docentes e investigadores abandonaron la Argentina como resultado de aquella jornada.
Pero no sólo fue el exilio de muchos intelectuales y académicos lo que desató la dictadura de Onganía, sino también la supresión de los centros de estudiantes y la persecución a los militantes de izquierda en todas las facultades del país; la sanción de numerosos decretos-leyes que pautaban toda la actividad académica e institucional de las universidades; la restricción de los principios de libertad de cátedra y de periodización de la misma; la anulación de la autarquía universitaria (lo cual hizo que, a partir de ese momento, las universidades tuvieran que dar cuenta del ejercicio de la función presupuestaria); y, en síntesis, el enorme retroceso respecto de los avances que se habían arrancado del poder político desde los años de la Reforma de 1918.
Los números del CONICET durante los últimos 30 años
Luego de la dictadura de Onganía, lo que vino en la República Argentina (1976-1982) fue un tremendo genocidio y una implacable destrucción del aparato productivo y de la industria nacional (sumado, claro está, al endeudamiento público). Pero en diciembre del ´83 asomó la democracia y por fortuna no han vuelto a quitárnosla. En este contexto de celebración democrática, el pasado 13 de septiembre el CONICET celebró sus 55 años de vida en Tecnópolis (lugar donde todos los años se lleva a cabo una megamuestra de ciencia, arte y tecnología). El acto estuvo presidido por Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y por el presidente del Consejo, Dr. Roberto Salvarezza.
El ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue creado durante el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2007. El objetivo de este ministerio consiste en “ orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo ” (http://www.mincyt.gob.ar/ministerio-presentacion). En la actualidad, el CONICET revista como ente autárquico del Estado Nacional en jurisdicción de este ministerio.
En los veinte años transcurridos desde el retorno a la democracia y el 2002, el estancamiento del CONICET en el número de investigadores y de becarios doctorales y postdoctorales es notorio. En contrapartida, esta tendencia se revierte fuertemente durante el período 2003-2013, años en los que gobernó la República Argentina el kirchnerismo. Según un reciente informe del CONICET, “con respecto a la Carrera del Investigador Científico y becas anuales, en 1997 ingresaron al organismo 125 investigadores y se otorgaron 300 becas. En el año 2001 se incorporaron 160 cargos de investigador científico (del concurso 1999) y 30 becarios. En el año 2004 se produce un cambio sustancial, ese año ingresaron 400 investigadores y se otorgaron 1300 becas. Finalmente en el año 2012 el CONICET incorporó 606 investigadores y otorgó 3900 becas doctorales y postdoctorales” (http://www.conicet.gov.ar/conicet-30-anos-de-democracia/).
Otro dato interesante aportado por el informe da cuenta del aumento sustancial en la formación de doctores desde el año 2008.
En cuanto a la creación de institutos y centros de investigación, lo que aporta el informe es que “durante la última década se crearon 112 institutos y centros de investigación (Unidades Ejecutoras), de las cuales 30 están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y las 83 restantes distribuidas en el interior del país”. Además, “a fin de aumentar la presencia del CONICET en todo el territorio nacional, se crearon 7 Centros de Investigación y Transferencia (CIT) junto con universidades nacionales y gobiernos provinciales este último año”. Y que en la actualidad “el 90% de los 192 centros e institutos del organismo son de doble dependencia con universidades nacionales. De los 7600 investigadores 5700 son docentes universitarios, lo cual demuestra la relación indisoluble entre el CONICET y la universidad”.
En relación a la inversión en materia de infraestructura, el informe dice que “la inversión sostenida en infraestructura en todas las regiones del país, a partir del 2008, viene a saldar una deuda de más de 30 años en materia de obras para la ciencia, la investigación y la tecnología en la Argentina. El presupuesto del CONICET destinado a obras de infraestructura en la última década alcanza los 298.999.884 pesos. Estos fondos se suman a los aportes del Plan de Obras para la Ciencia y la Tecnología que lleva adelante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación”.
Por último, y en lo que se refiere a investigación científica, “la base de datos internacional SIR Scimago (Institutions Ranking) ubica al CONICET primero en Argentina y segundo en Latinoamérica, después de la Universidad de San Pablo. Además, figura 85 entre 3230 instituciones que realizan investigación en todo el mundo”.
Un nuevo caso de “censura democrática”
Con independencia de nuestras adhesiones particulares a un determinado proyecto político, lo que está claro es que la información es un derecho y un bien público y, por consiguiente, es deber de cualquier Estado garantizarlo. La experiencia del siglo XX nos dice que no podemos confiar en la “autorregulación” de los mercados. Lo mismo que en el plano económico, el mercado de la comunicación no puede estar librado a una “mano invisible” que todo lo maneja.
Según el periodista y semiólogo español Ignacio Ramonet, hoy día la información sólo sirve, en muchos casos, para ocultar la información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. A esto es a lo que él denomina “censura democrática”. Días atrás, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de “balas de tinta que intentan derrocar gobiernos populares” (http://tn.com.ar/politica/cristina-aludio-a-las-balas-de-tinta-que-intentan-derrocar-gobiernos-populares_408487). Cierto es que estas balas pueden tener la forma de la calumnia o de la mentira; pero también (no debemos olvidarlo) pueden estar revestidas con los ropajes del ocultamiento. En este sentido, cabría preguntarse por qué un hecho tan importante como la duplicación de científicos e investigadores por parte del CONICET desde el año 2002, no fue noticia en ninguno de los medios dominantes (http://www.nodal.am/index.php/2013/09/argentina-duplico-la-cantidad-de-cientificos-e-investigadores-desde-el-2002/).
¿Qué habrían dicho estos medios opositores si la Argentina hubiera reducido el número de científicos a la mitad? La respuesta es simple y no hace falta adivinarla. Cuando ocurren hechos tan groseros como éste, uno se pregunta hasta cuándo tendrá que esperar la sociedad argentina para que se aplique plenamente la Ley de Servicios Audiovisuales, sancionada hace ya cuatro años y por amplia mayoría por el Congreso de la Nación.
En definitiva, lo que tenemos que repetir una y otra vez (sí, una y otra vez hasta el cansancio), es que toda democracia necesita, por mor de su supervivencia, una pluralidad de voces; es decir, una verdadera democratización de la palabra. Y esto porque, sencillamente, es a través del discurso (al menos, si no del todo, principalmente) como se colonizan las conciencias (sujetando al sujeto) y como se construye, por consiguiente, ideología y realidad.
Notas:
1 Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho. Año 9, Número 17, 2011, Págs. 261-274. Buenos Aires, Argentina (ISSN 1667-4154)
2 Para una mayor profundización en la materia, se recomienda la lectura del artículo de Cecilia Pitelli intitulado La universidad en el primer peronismo: una institución en conflicto. Entre la autonomía y la expansión de la educación superior.
Marcelo Posca. Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid
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