La Justicia Federal autorizó a reanudar las actividades mineras en El Cantadero, a 15 kilómetros de la ciudad. La Justicia Federal de La Rioja habilitó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a continuar con la exploración de uranio a 15 kilómetros de la ciudad capital, lo que generó el rechazo de pobladores, que organizaron una marcha de protesta para esta tarde.
El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena hizo lugar al amparo presentado por la CNEA y ordenó a la municipalidad de La Rioja que permita reanudar las actividades mineras en Alipan I, de El Cantadero, una exploración ubicada en las afueras de esta ciudad.
Además, dejó sin efecto la ordenanza municipal 4.930 que declara al municipio "no tóxico", un concepto impulsado para frenar el avance de la minería de uranio por su poder contaminante.
La disposición judicial tiene fecha 7 de noviembre, pero recién se conoció hoy a través de la prensa local, tras lo cual la Asamblea Ciudadana Riojana Capital convocó a una movilización para el jueves desde las 20 a la plaza 25 de Mayo, frente a la gobernación.
La exploración había sido clausurada de manera preventiva por la Dirección General de Sanidad, Ecología y Medio Ambiente de la comuna por la violación de la ordenanza 4.930 y por no contar con la habilitación comunal correspondiente.
La CNEA argumentó que la acción municipal fue "arbitraria e ilegal" y "vulnera flagrantemente derechos y garantías constitucionales, generándose como consecuencia un grave y a la vez enorme perjuicio" a actividades "lícitas". Marisa Romero, una de las portavoces de la asamblea, detalló que Alipán es uno de los "11 emprendimientos" en búsqueda de uranio que la CNEA tiene en la zona de la capital.
La ambientalista dijo que más allá del pronunciamiento judicial "sabíamos que no se había cortado la actividad y que se siguió explorando. Algunos vecinos que se oponen a la exploración de uranio en la zona denunciaron que fueron amenazados".
Asimismo, señaló que el pronunciamiento judicial "nos pone a nosotros ante la certeza de que el gobierno nacional intentará seguir avanzando con estos proyectos más allá de la negativa y de la licencia social que no tienen, La Rioja no quiere megaminería".
"Para frenar la ordenanza tuvieron que interponer recursos por dos vías, vemos que no es suficiente la ordenanza, porque puede ser invalidada", añadió.
En consecuencia, advirtió que, como ya ocurrió en Famatina contra el oro, "lo único que tenemos como pueblo es la movilización. No queremos megaminería, no queremos uranio, con lo que ya están haciendo están causando daños al medioambiente".
Otra portavoz de la Asamblea, Cecilia Matta, dijo que en minería "la legalidad no está del lado del pueblo. Está del lado del poder político".
En consecuencia, sostuvo, "si la legislación está fuera de los intereses de la vida de la gente, lo que hay que cambiar es la legislación".
El abogado Emilio Rodriguez, representante de la municipalidad, señaló que la cautelar "está alejada del valor justicia, de la lógica y el sentido común".
Asimismo, sostuvo que "vulnera los derechos que están consagrados en la Constitución de La Rioja, los derechos que tenemos los ciudadanos a tener un ambiente sano", por lo cual el municipio apelará ante la Corte Suprema de la Nación si fuera necesario.
Raúl Vidable, presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo, denunció que la CNEA sacó "un permiso trucho por (Antonio) Nito Brizuela (secretario de Ambiente de la provincia) y el gobernador" Luis Beder Herrera, además de carecer de habilitaciones municipales.
"El uranio es un elemento muy peligroso, con él se hacen desde bombas hasta energía eléctrica, puede provocar cáncer, y sus efectos pueden durar durante muchísimos años", por lo cual cuando se lo quiere extraer cerca de núcleos urbanos necesita licencia social, añadió.
Sin embargo, dijo que en La Rioja "no se convocaron a audiencias públicas".
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