El Parlamento Europeo (PE) tumbó el Acuerdo multilateral Comercial contra la Falsificación conocido como ACTA, que han negociado los países industrializados. Los partidarios del tratado propusieron suspender la votación esgrimiendo que conviene esperar a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del ACTA. Sin embargo, los parlamentarios decidieron no demorar más la decisión y condenaron el ACTA con 478 votos en contra y 39 a favor. Hubo 146 abstenciones. Los 27 países de la UE sólo habrían podido aplicar en bloque el acuerdo si el ACTA hubiera sido aceptado unánimemente. En ningún caso podrá aplicarse en unos Estados miembros sí y en otros no. No obstante, a pesar de que el ACTA fue rechazada por los parlamentarios, el coordinador del partido pirata en Aragón, Bruno Pocino, advierte en declaraciones a RT que otras normativas de este tipo serán probablemente adoptadas. Según el experto, los parlamentarios en verdad piensan así: “el ACTA no la aprobamos y como la presión social es muy fuerte, no tenemos fuerza para aprobarla a espaldas de todos los ciudadanos, pero vamos a crear una nueva ley con otro nombre y a volver otra vez a la carga”.
El voto se produjo después de que hasta cuatro comisiones europarlamentarias -el Comité de Asuntos Legales, el Comité de Industria, Investigación y Energía y el Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior- hayan recomendado rechazar el polémico acuerdo ACTA. Los grupos de Los Verdes e Izquierda Unitaria, de los Liberales (ALDE) y de los Conservadores y Reformistas (ECR) tampoco ven con buenos ojos el acuerdo por distintas razones, y algunos de sus eurodiputados han alertado, por ejemplo, del riesgo de que ACTA tenga un impacto negativo en la Red y permita "espiar" o "censurar". Además, durante un debate en Estrasburgo (Francia) todos los grupos, a excepción del Partido Popular Europeo (PPE), también se han pronunciado en contra del pacto internacional. El Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) promueve la fijación en las legislaciones nacionales de nuevas sanciones penales contra los proveedores y usuarios de Internet que no observen la legalidad de todos los contenidos que suban, guarden o descarguen. Tanto los internautas activos, como los políticos de distintos países temen que esta cláusula criminalice a la mayor parte de la soc
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