“Soy hijo de un pueblo que ha sido vulnerado sus derechos, soy hermano de mujeres y hombres que han sido perseguidos tan solo por pedir el derecho a vivir en paz”. Con estas palabras se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Marlon Santi, ex presidente de la CONAIE y uno de los líderes del pueblo kichwa de Sarayaku (Ecuador).
Así se cerró la primera jornada del denominado “Juicio de la Dignidad”. “Queremos que nos dejen vivir en paz” terminó señalando Santi. En su momento, Sabino Gualinga, líder espiritual de Sarayaku, de 89 años de edad, explicó a la Corte los efectos catastróficos que tuvo la incursión de la petrolera argentina CGC en su selva sagrada.
Ante una pregunta del Juez Manuel Ventura, Sabino Gualinga aclaró que en su cosmovisión la selva está viva y habitada por seres espirituales que mantienen el equilibrio entre los humanos y la Naturaleza. “No queremos que entren a nuestra tierra los que quieren hacer estallar con explosivos sus entrañas” dijo, porque eso implicaría que los seres que cuidan la selva se vayan y lleguen grandes males para el mundo como enfermedades y cataclismos.
Sarayaku reclama al Estado Ecuatoriano por haber permitido el ingreso de una petrolera en su territorio sin que se le haya informado, consultado o pedido su consentimiento. La petrolera CGC dejó, entre 2002 y 2003, una cantidad cercana a la tonelada y media de explosivos sembrados y desperdigados en un área de 16.000 hectáreas del territorio Sarayaku.
Según informa la agencia EFE, el día 7 de julio intervino el relator especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, quien participó como perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él afirmó que los estados deben consultar a los indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo en sus tierras. El Estado ecuatoriano presentó como perito al general Óscar Troya, quien dijo que las Fuerzas Armadas nunca ingresaron para acompañar a la CGS. Para el Gobierno, la opinión de los pueblos no implica una imposición de su voluntad.
‘Saquen el explosivo’
Entre los testimonios de la comunidad estuvo el de Ena Santi, quien declaró con su hijo de dos meses de edad en brazos, pidió a la Corte “que digan a los gobiernos de nuestro país que nos respeten, les pido también que saquen de nuestro territorio ese explosivo que tanto daño nos hizo”.
El abogado de Sarayaku, Mario Melo, de la organización ecuatoriana Fundación Pachamama, dijo “esta primera jornada ha sido muy importante porque los testimonios de las víctimas han permitido apreciar a la Corte Interamericana la gravedad de los daños que le produjo el ingreso inconsulto, violento y contra su voluntad, de la petrolera en su territorio”.
El Pueblo de Sarayaku estuvo representado también por Viviana Kristicevik de la organización regional CEJIL, quien señaló “El pueblo Sarayaku demostró una vez más su valentía y dignidad al declarar ante la Corte IDH”.
Según explica The Associated Press La audiencia, que se extendió durante casi siete horas el jueves, culminó con la presentación de los alegatos finales orales por las partes.
Los representantes de los indígenas insistieron en que el retiro de los explosivos es una de las reparaciones más esperadas por los sarayaku, en tanto el Estado sugirió a la Corte nombrar un peritaje que determine de qué forma se realizará ese proceso.
El presidente de la Corte, el juez peruano Diego García Sayán, además cerró la fase de preguntas consultando a la delegación estatal qué veracidad hay en la versión de que Ecuador prepara una nueva licitación de bloques petroleros para octubre. Los representantes no pudieron responder la interrogante, por lo que deberán hacerlo en los alegatos escritos.
Las partes tendrán hasta el 8 de agosto para remitir esos documentos, en tanto García Sayán adelantó que una eventual decisión en este caso podría darse este mismo año.
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