El ataque diplomático impulsado por Estados Unidos (EE.UU.)
para debilitar la
Convención de Oslo (2008) y conseguir la aprobación de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para el uso de bombas fragmentarias de racimo fracasó con
la oposición de medio centenar de países.
Aproximadamente desde hace cuatro años EE.UU., con apoyo de
Israel, China, Rusia, Corea del Sur, Bielorrusia y Ucrania; inició una campaña
diplomática para que se aprobara el uso de este tipo de armas convencionales
producidas después de 1980.
Sin embargo, la Convención de Oslo suscrita por 111 países y
ratificada posteriormente por otros 66 prohíbe el uso, producción y
comercialización de este tipo de armas desde 2010. "El texto en discusión pretendía autorizar el uso de
las bombas de racimo más recientes, dotadas de un mecanismo de autodestrucción
y con un margen de error inferior al 1 por ciento, una posibilidad rechazada
por organismos humanitarios y de defensa de los derechos humanos y por decenas
de países", divulgaron medios de comunicación.
El argumento principal de EE.UU. fue que los países
productores de las bombas de racimo y más susceptibles a utilizarlas no habían
firmado la Convención
de Oslo y en consecuencia no están limitados por ninguna prohibición.
En Ginebra la delegación de Costa Rica expresó en nombre
propio y de otros 49 países su rechazo al documento. Portavoces de una mayoría
de países fueron tomando la palabra uno a uno para negar el documento.
La aprobación de este protocolo requería el conseso, es
decir, que ningún Estado se opusiera oficialmente; sin embargo, la negociación
concluyó sin acuerdo, dejando la iniciativa quedó enterrada definitivamente.
Activistas de los derechos humanos aplaudieron la decisión
sobre este tema.
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