viernes, 26 de febrero de 2016

ARGENTINA: El nuevo gobierno de Macri a la luz de sus acciones

La cruda realidad nos da sobradas muestras de un gobierno dispuesto a profundizar un modelo de dependencia en el mapa global de la división internacional del trabajo, por ende a priorizar la macroeconomía y la relación con el poder financiero trasnacional por sobre la defensa del mercado interno, su nivel de trabajo y de consumo. Tanto a nivel global como nacional, la prioridad está puesta en las políticas a favor de la concentración del poder y en contra del empoderamiento de los sectores más desfavorecidos. Para ello se ven signos de una alianza de poderes que pueden actuar en bloque: el poder ejecutivo, el poder mediático y el poder judicial.


POLÍTICA CAMBIARIA Y PRODUCCIÓN

La devaluación del peso en un 40% aproximado beneficia a productores de bienes y servicios de exportación así como a sus exportadores. Por otro lado, perjudica a un sector mayoritario de la población: consumidores de bienes y servicios de importación e importadores. Toda producción industrial que requiera de insumos de importación se encarece y queda en desventaja ante los productos importados. En síntesis, se resiente el mercado interno en favor del sector primario exportador de materias primas con poco valor agregado.

RETENCIONES A PRODUCTOS AGROPECUARIOS

La quita de retenciones a las economías regionales, así como a la carne, el trigo, el girasol y el maíz, puede tener un efecto positivo en cuanto a la diversificación de la producción agropecuaria, contrarrestando la tendencia al monocultivo de soja. Sin embargo, es muy probable que todos los alimentos derivados de estos productos se encarezcan en la misma proporción en que se aumenta su precio por la quita de retenciones. Por otra parte, la falta de una segmentación de retenciones a la soja según el tamaño de los productores generará a mediano y largo plazo igualmente condiciones de desventaja para los pequeños productores respecto de los grandes.

DEUDA EXTERNA Y AJUSTE

El proyecto de retorno al mercado de capitales y los correspondientes préstamos tomados de organismos internacionales de crédito, con la intermediación de bancos privados, implica el uso de los dólares disponibles para mantener las importaciones y la apertura del anterior cepo cambiario. Por lo demostrado hasta ahora, la forma de pago es a través del ajuste: se reduce el tamaño de la economía argentina a fin de consumir menos importaciones y se reducen los recursos para ahorrar en dólares y comprar menos insumos del exterior. Para ello se debe, por un lado, reducir el gasto público en salarios, jubilaciones y pensiones; por otro lado se aplican aumentos de tasas de interés e impuestos, devaluación, desempleo y congelamiento de salarios.

AJUSTE, DESEMPLEO E INFLACIÓN

Las múltiples modalidades de expulsión masiva de trabajadores en el sector público, previa estigmatización por presunta ineficiencia o filiación partidaria, no dieron signos de un análisis previo y pormenorizado del desempeño de cada uno. Sumado a la ola de despidos en el sector privado, esta situación resulta de hecho una herramienta de disciplinamiento económico infundiendo temor ante el riesgo de quedar desempleados. De esta forma pueden lograr presionar a la baja de actualizaciones salariales ante los sindicatos en las próximas negociaciones paritarias. Como dijo el ministro de finanzas “acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo”, una muy elegante encrucijada extorsiva entre salario y trabajo. Desgraciadamente, el desempleo puede ser percibido como una herramienta de presión dentro de un objetivo macroeconómico antiinflacionario.

RÉGIMEN DE IMPORTACIONES Y PYMES

Se dejó sin efecto el régimen que obligaba a las compañías a brindar información sobre su estructura de costos, márgenes de ganancias e información vinculada a la formación de precios, así como las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Con todas sus posibles falencias, estas medidas funcionaron como mecanismo de control de mercaderías importadas en defensa de la industria nacional. Al eliminarlas, las pymes son las principales afectadas ante una competencia externa con menores precios y costos. Esta medida de liberalización puede beneficiar a corporaciones y multinacionales, capaces de importar desde otras filiales productos a menores costos, y afecta principalmente a las pequeñas industrias.

TRANS PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) / ALIANZA DEL TRANSPACÍFICO

Tal como lo manifestó, el gobierno tiene la intención de ingresar a la Alianza del Transpacífico, una red internacional de comercio liderada por los Estados Unidos y Japón para competir con China a base de precarización laboral y privilegios para las grandes compañías multinacionales por sobre los Estados. Su objetivo implica una precarización de empleos, derechos laborales y pequeñas empresas, así como la exclusividad de las patentes farmacéuticas y limitaciones a la investigación científica por parte de los Estados. En este sentido, sostiene que se prohíbe la venta de medicamentos genéricos dejando las condiciones óptimas para los grandes laboratorios.

A través de las filtraciones de WikiLeaks se conocieron las cláusulas ocultas: Paritarias por productividad – Posibles demandas de inversores contra Estados nacionales ante tribunales arbitrales - Período de prueba de 6 meses sin indemnización - Sistema de pasantías gratis para jóvenes - Vacaciones flexibles

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PLURALIDAD

Con el decreto de la Ley de Ministerios, el 13/2015, la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) queda subordinada al Poder Ejecutivo, desconociendo la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, aprobada por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Más allá de debates y estrategias argumentativas judiciales se demostró una clara voluntad política de favorecer una desregulación del mercado de medios de comunicación.

Esto favorece las condiciones para que las empresas de telecomunicaciones con mayor concentración de poder se extiendan en la prestación de servicios de telefonía, Internet y cable. Es decir, mayores condiciones para una posición hegemónica en multimedios y operadores telefónicos. Se sabe, la concentración va en contra de la diversidad y pluralidad de voces. Si se lograra imponer a la mayoría una suerte de pensamiento dominante desde los medios masivos de comunicación sólo sería en función de los intereses de quienes manejan la información. Concretamente, el recientemente creado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) resolvió archivar todos los planes de adecuación de los multimedios acorde a la Ley.

PAUTA OFICIAL Y PLURALIDAD

La asignación de recursos del Estado para publicidad de sus actos de gobierno a medios de comunicación, conocida como Pauta Oficial, fue de hecho una herramienta de uso discrecional para el fomento y financiación a medios afines y de coerción económica hacia medios opositores con poco respaldo financiero. Notablemente, en la actualidad se le agrega que aún en medios privados en el curso de las primeras semanas se retiraron programas o conductores identificados políticamente con el kirchnerismo.

Todo hace suponer que los acuerdos para la reasignación de la pauta oficial tienen como condición cierto alineamiento político por parte de algunos medios privados, cuando no el de una alianza tácita ya previa durante la campaña electoral. En el caso de los medios con total dependencia financiera del anterior gobierno, correspondientes en su línea editorial, no es casual la crisis actual. En cualquier caso, no cambia el mecanismo de financiación indirecta o de coerción e injerencia en los privados. La gravedad extra de esta relación históricamente viciada es que actualmente se manifiestan menos condiciones para la pluralidad de voces. De hecho, Las movilizaciones masivas que les sucedieron tuvieron escasa cobertura mediática por parte de los medios concentrados favorecidos.

JUECES DE LA CORTE SUPREMA POR D.N.U. Y LEY DE MEDIOS

La iniciativa postergada de pretender nombrar a jueces de la corte suprema por Decreto de Necesidad y Urgencia coincidía con la urgencia por una medida cautelar contra la ley de medios apelada por el multimedio Clarín, con vencimiento para el 1 de Febrero actual. Casualmente, uno de los jueces trabajó al servicio de Clarín y La Nación, entre otros.

ESTADÍSTICAS PÚBLICAS Y EMERGENCIA

La nueva gestión en el INDEC se propone recuperar legitimidad y credibilidad, especialmente en las cifras oficiales de inflación y pobreza. Llamativamente, el argumento de la “tierra arrasada” y la consecuente declaración de emergencia estadística le permiten al Instituto abstenerse de dar cifras oficiales por los próximos meses, casualmente cuando los precios más han aumentado. Esta postergación de cifras oficiales también le permite al gobierno evitar valores de referencias ante las próximas negociaciones por paritarias.

HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD

A causa de la reforma constitucional de 1994 y la llamada Ley Corta de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se transfirió “el subsuelo” de la Nación a las provincias, desconsiderando los hidrocarburos como recursos estratégicos para una planificación energética estatal. La concesión de las áreas hidrocarburíferas en manos de las provincias les permitió así definir el precio de las concesiones, condiciones de explotación y regalías. Para el capital petrolero, ello significó negociar con un actor de menor poder que el Estado Nacional, generalmente urgidos de fondos.

Tras la recuperación del capital mayoritario de YPF, el decreto 1277/2012 reglamentó el llamado Régimen de Soberanía Hidrocarburífera creando la “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este nuevo actor en las negociaciones entre petroleras y provincias podía aprobar o no los planes de inversión. Implicó para la Nación la recuperación de facultades de presionar a las empresas para una mayor producción y en consecuencia reducir importaciones; demandar más recuperación secundaria y terciaria, más exploración, más perforaciones y más equipos en el terreno.

Esta Comisión y buena parte del articulado regulador de la ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera fueron acualmente disueltos, lo cual representa una significativa reducción en el margen de acción del Estado Nacional. En el caso de las distribuidoras de electricidad, las empresas están logrando un aumento general de tarifas y además esperan la eliminación de los “veedores internos”, representantes del Estado Nacional, en sus directorios, así como la recuperación del control integral de las obras. En el caso de Edesur, existe incompatibilidad de funciones por la superposición de roles de un empresario prestador y funcionario a la vez, con funciones ejecutivas en el rol de coordinación de obras públicas.

IRAN, LA CIA Y LA CAUSA AMIA

En medio de la inmovilidad por una causa empantanada y saboteada, el memorándum de entendimiento con Irán representó una posibilidad de avanzar en la citación para tomar la declaración de los ex funcionarios iraníes sospechados por el atentado a la AMIA. Por el contrario, su derogación anuló esa posibilidad. Este acto, que supone la no complicidad con los presuntos culpables es, en los hechos una nueva forma de empantanar la causa.

El gobierno retoma así el libreto de construcción del “demonio iraní” tal como se planteó mediáticamente y se digitó desde la CIA a partir de la articulación con la SIDE desde el gobierno de Duhalde, momento en que al fiscal Nisman se le asignó un informe redactado por ellos mismos dirigido exclusivamente a la llamada pista iraní. De ahí surge una relación de dependencia del fiscal Nisman con los servicios secretos estadounidenses e israelíes que indignaría incluso al juez de la causa por la falta de autonomía de parte del fiscal para llevar adelante la investigación.

En síntesis, la derogación del memorándum sigue el libreto de los servicios de inteligencia estadounidenses y el “sentido común mediático” que se nos instaló desde hace décadas, como una presunta verdad irrefutable. En todos los casos, el saboteo y el aporte a la confusión son funcionales a la manipulación de la opinión pública.

VENEZUELA Y LA UNASUR

La voluntad de sancionar a Venezuela por el encarcelamiento de presos políticos puede ser entendida a primera vista como una defensa de la democracia y los derechos humanos. Es innegable la actual espiral de violencia en el país, así como problemas concretos de desabastecimiento, un liderazgo desgastado, milicias civiles, paramilitares colombianos y movimientos especulativos económicos de privados en conspiración con el gobierno. Una parte de la oposición política tampoco fue exenta de iniciativas violentas. Sin desconsiderar irregularidades en el proceso judicial de Leopoldo López, cabe aclarar que esta persona también lideró un intento de golpe llamado “La salida” que implicó atentados contra edificios públicos y victimas mortales.

Por otra parte, la debilitada UNASUR funcionó en estos años como un bloque político de protección mutua ante intentos de desestabilización a los gobiernos pos neoliberales. Tal fue el caso de los intentos desestabilizadores en Bolivia, Ecuador y Paraguay, aunque el cometido fue logrado en el último caso. En cada caso, siempre hubo reacción en bloque por parte del organismo regional. En una perspectiva más amplia, la condena de Macri a al gobierno de Venezuela, en un contexto desfavorable para el gobierno Brasil, favorece un debilitamiento en el mecanismo político de autodefensa del bloque regional.

LAVADO DE DINERO E INCOMPATIBILIDAD DE FUNCIONARIOS

En la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de combatir el lavado de dinero, fueron seleccionados funcionarios que actualmente están siendo impugnados por sus vínculos con el FMI y con el banco HSBC, acusado de lavado por la misma UIF en la anterior presidencia. En su defensa, ambos alegaron que se le quitará el componente “político” al organismo y que “la UIF deberá ser un organismo garante de las libertades individuales, de la seguridad jurídica y del clima de negocios”, todo ello conjugado para “atraer inversiones genuinas al país” Estos términos suelen usarse como eufemismos para no mencionar los mecanismos de funcionamiento del capital financiero ni la formación de oligopolios, cartelización y demás ejemplos de concentración del poder, amparados en un principio de libertad individual.

LOS PRÓFUGOS DEL TRIPLE CRIMEN Y EL NARCOTRÁFICO

La noticia que ocupó las primeras planas y la mayor parte de los noticieros durante semanas clave aportó adrenalina y entretenimiento a una audiencia deseosa de justicia. Las múltiples hipótesis en torno a su fuga aportaron más confusión, dificultando desentrañar la trama profunda. Al menos podemos afirmar que tres sicarios fueron la mano de obra criminal en un caso que incumbe al narcotráfico, denunciado como parte de la financiación de la campaña de la ex presidenta.

Sin embargo, la cobertura mediática del caso se limitó a señalar la mano de obra, por sobre el caso del financista prófugo, nexo con los autores intelectuales. Como un recurso de tergiversación para sacar rédito político, los tres prófugos apresados en condiciones de desamparo y sin signos de apoyo logístico de ninguna estructura, fueron presentados como victorias en la lucha contra el narcotráfico. Un nuevo hito para la historia de los “relatos”.

EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y REPRESIÓN

A partir de la fuga, bajo la argumentación de la lucha contra el narcotráfico, el decreto de emergencia en seguridad resultó una oportunidad política para sumar atribuciones a las fuerzas de seguridad. Es llamativo que en paralelo se hayan producido situaciones de enfrentamientos y uso de balas de goma y detenciones a trabajadores, referentes de movimientos sociales e incluso jóvenes habitantes de una villa. El nivel de represión se incrementó de manera notable.

DERECHOS HUMANOS Y ARCHIVOS DE INVESTIGACIÓN

En los últimos días, la Agencia Estatal de Noticias INFOJUS, dependiente del Ministerio de Justicia, sufrió la desaparición de la mayor parte de su archivo digital, conteniendo investigaciones sobre violencia de género, violencia institucional, femicidios, lesa humanidad, talleres textiles clandestinos, delitos económicos, lavado de dinero y narcotráfico.

CONCLUSIONES: LA PARADOJA DE LA REPÚBLICA



La cruda realidad nos da sobradas muestras de un gobierno dispuesto a profundizar un modelo de dependencia en el mapa global de la división internacional del trabajo, por ende a priorizar la macroeconomía y la relación con el poder financiero trasnacional por sobre la defensa del mercado interno, su nivel de trabajo y de consumo. Tanto a nivel global como nacional, la prioridad está puesta en las políticas a favor de la concentración del poder y en contra del empoderamiento de los sectores más desfavorecidos. Para ello se ven signos de una alianza de poderes que pueden actuar en bloque: el poder ejecutivo, el poder mediático y el poder judicial.

El caso del poder legislativo queda a un margen del bloque de poder por el momento, al no contar con mayoría propia en el Congreso. Por este motivo, aprovechando el receso de verano, el gobierno recurrió a numerosos Decretos de Necesidad y Urgencias pasando por encima de leyes debatidas y aprobadas en el Poder Legislativo.

Esta realidad resulta una extraña paradoja para quienes, bien intencionados, ponderaban la defensa de la república entendida como la independencia de poderes en resistencia al avasallamiento del poder político, en el cual se señaló al poder ejecutivo en su relación con los otros dos poderes. Esta percepción del “deber ser” pasó por alto, en el mejor de los casos, de qué manera un poder puede avasallar los tres sin siquiera ser parte de ellos, de manera silenciosa. Este es el poder económico y su capacidad para abarcarlo todo, una muestra del posible debilitamiento de la democracia a través de mecanismos plenamente institucionales.

Fuente: Investig’Action

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