Daniel Kovalik.-La semana pasada se habría necesitado mucha suerte para encontrar la más mínima mención en algún periódico respecto a otro periodista asesinado en la Honduras post-golpe, el decimonoveno en los últimos dos años, que ha convertido al país en el más peligroso del mundo para los periodistas. Por cierto, ahora Honduras es la capital mundial del asesinato.
Es importante comparar el silencio de los medios conr especto a la matanza masiva de periodistas en Honduras con las masivas manifestaciones de pesar que muestran dichos medios ante la reciente muerte en Siria de dos periodistas occidentales (Marie Colven y Remi Ochlik), con la foto de Colven destacada en la primera plana de todos los periódicos de EE.UU. el día después de su muerte. Por cierto, Colven y Ochlik merecían, sin duda, el homenaje, pero también lo merecían los periodistas hondureños. Sin embargo, estos últimos nunca recibieron el homenaje debido y ninguna foto de algunos de esos periodistas hondureños llegó a las primeras planas de los periódicos.
El motivo del tratamiento dispar dado a esos periodistas se explica fácilmente. Ante todo, los dos periodistas asesinados en Siria provenían de países desarrollados de Occidente, los periodistas hondureños ciertamente no. Además, los dos periodistas occidentales murieron en un país al que ahora EE.UU. quiere atacar, y por lo tanto vilipendiar, convirtiendo el asesinato de los dos periodistas en un asunto crítico en la continua información de los medios sobre las atrocidades que ocurren en Siria para justificar la intervención militar.
En el caso de Honduras, gobernado ahora por un ilegítimo gobierno golpista apoyado por EE.UU. y protagonista clave de la “guerra de la droga” de EE.UU., la matanza de periodistas es realmente un hecho inconveniente que, si se conce demasiado, puede deslegitimar el papel de EE.UU. (militar y político) en ese país.
También puede deslegitimar el papel de EE.UU. en el resto de la región, desde Colombia hasta México, una región en la cual la cantidad de víctimas sigue aumentando a cifras extraordinarias debido a la denominada “guerra de la droga” estadounidense que ha costado más de 250.000 vidas en Colombia y casi 50.000 solo en México durante los últimos años. Por ello ese tiempo de asesinatos se deben ignorar o, por lo menos, subestimar.
Mientras tanto, en una historia relacionada de la que también se informa poco en EE.UU., un agente de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA), llamado Fausto Agüero, envió una carta al Procurador General (Ministro de Justicia) Eric Holder en la que afirma que la DEA está falsificando sus tasas de éxito en Colombia. Por lo tanto, según Colombia Reports, el agente, declarado él mismo culpable de tráfico de armas y drogas mientras servía como empleado en la DEA, escribió:
Se acusa a sujetos de muy bajo nivel de señores de la droga o dirigentes de organizaciones del narcotráfico. […] A un simple mensajero responsable del pago de cuentas telefónicas o de servir café en una reunión se le acusa de corrdinador de toda la logística en el contrabando de cocaína.
Según la misma historia: “Agüero dijo que de manera regular los agentes falsifican los informes para que los fondos sigan llegando a la agencia y para conseguir ascensos”.
Por cierto, como informaron los medios el año pasado, y luego olviaron rápidamente, EE.UU. se sigue involucrando más en la conducta escandalosa de apoyar activamente por lo menos a una parte de la “guerra de la droga” en Latinoamérica. Por lo tanto según diversas fuentes, incluyendo NPR, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos, bajo la dirección del Procurador General, participaron en un programa llamado “Rápido y Furioso” en el cual permitieron el tráfico de por lo menos 2.000 armas letales a los cárteles de la droga mexicanos, supuestamente para poder rastrear esas armas y aprehender a los señores de la droga. Sin embargo parece que el gobierno de EE.UU. perdió rápidamente la pista de esas armas y se cubrió de vergüenza cuando posteriormente una de esas armas apareció al lado del cuerpo de un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. llamado Brian Terry. Mientras esto (correctamente) provocó inmediatas peticiones de audiencias y la posible destitución del Procurador General Eric Holder, los medios perdieron rápidamente el interés por el asunto.
Sin embargo, para que no penséis que vuestro gobierno solo derrocha vuestros dineros públicos en semejantes artimañas de contrabando de armas a los señores de la droga, sabed que vuestro dinero también se utiliza para pagar las recompensas que ofrece EE.UU. por las cabezas de los dirigentes de las guerrillas izquiedistas de Colombia (que EE.UU. califica de “señores de la droga”, aunque su relación con la industria de la droga es ciertamente débil en comparación con la de los militares que EE.UU. financia en Colombia y la de los paramilitares alineados con estos últimos).
Por lo tanto, como supimos la semana pasada a través de un anuncio del Departamento de Estado, EE.UU. acaba de pagar una recompensa de 2,8 millones de dólares por el exitoso asesinato del dirigente guerrillero Alfonso Cano, y ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el nuevo líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri. Semejantes recompensas tienen consecuencias para los no combatientes como vimos en el reciente escándalo de “los falsos positivos” de Colombia en el cual los militares del país mataron a unos 3.000 civiles, en su mayor parte jóvenes que pensaban que nadie echaría de menos, y luego los vistieron de guerrilleros para justificar la continuación de la ayuda militar de EE.UU. para librar su guerra de contrainsurgencia.
Que un país “avanzado” como EE.UU. pague el asesinato de insurgentes en el extranjero que no cuentan con su favor (al contrario de los que no solo favorece sino apoya con respaldo militar como en los casos de Siria, Libia e Irán) debería causar escalofríos a cualquier estadounidense bienintencionado.
El hecho de que la fracasada “guerra de la droga” de EE.UU. conduzca al asesinato de inocentes -tanto los que se ven atrpados en el fuego cruzado como los que resisten pacíficamente esa guerra y los gobiernos corruptos que EE.UU. respalda para librarla– debería ser aún más horripilante.
Finalmente, habría que señalar que mientras EE.UU. está empeñado en una guerra violenta en la que afirma que combate drogas ilícitas como la cocaína y la heroína (de nuevo, sin resultado) las drogas vendidas con receta fabricadas por compañías farmacéuticas estadounidenses se cobran todos los años tres veces más de vidas estadounidenses que la cocaína y la heroína. Nadie llama a la guerra contra esas compañías para enfrentar ese problema, una propuesta semejante sería ciertamente absurda. Sin embargo, no es más absurda que la actual “guerra de la droga” de EE.UU. en nuestro hemisferio.
Daniel Kovalik es un abogado de derechos laborales y humanos que vive en Pittsburg
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