Júlia Martí ComasEl 14 de febrero de 2011, Emgesa (filial de Endesa, participada a su vez por la italiana Enel) empezó la construcción de la central hidroeléctrica del Quimbo, en el departamento del Huila, Colombia. Este proyecto, que supone una inversión de más de 700 millones de dólares, añadirá 400 megavatios (MW) a la generación eléctrica colombiana, cubriendo, junto a la represa de Betánia (también de Endesa), el 8% de la demanda nacional.
Por parte del Gobierno colombiano y la empresa se ha afirmado que la finalidad de la nueva represa es garantizar la soberanía energética del país, pero al mismo tiempo, el ministro de Comercio ha afirmado que la energía generada por la represa del Quimbo podría ser destinada a la exportación.
 |
| Presas de Endesa y los valles que destruirán |
La central, con una vida útil de 50 años, sumergirá 9.000 hectáreas, generando importantes impactos ambientales y sociales para la región. Los municipios más afectados son Gigante y El Agrado, ya que casi la mitad del área de estos municipios quedará sumergida, así como algunas comunidades como la Escalereta, formada por unas 500 personas que llevan 35 años cultivando la tierra de forma cooperativa. En total, la Asociación de Afectados por el Quimbo (Asoquimbo) ha contabilizado que 1.466 personas serán desplazadas por la presa, sin que se haya garantizado el mantenimiento de su situación socioeconómica.
Toda la región se está viendo afectada ya en su actividad productiva, basada en la pesca y la agricultura. La represa acabará inundando 2.000 hectáreas de cultivos, con una afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor 12,5 millones de euros. Por otra parte, la inundación de la zona dejará fuera de servicio puentes de vías troncales e incomunicará territorios entre sí.
Al grave impacto económico, social y cultural se suma el impacto ambiental, como es la inundación de 8.550 hectáreas de la Reserva Forestal Protegida de la Amazonía y la afectación a la biodiversidad, así como la contaminación de las aguas por químicos y sedimentos. Además, según diferentes estudios científicos, las grandes centrales hidroeléctricas provocan emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo en el caso de represas construidas en los trópicos, debido a que este fenómeno aumenta con las altas temperaturas. Por ello, la Comisión Mundial para Represas considera que los únicos proyectos que se pueden considerar “limpios” son los que tengan una capacidad inferior a los 10MW, 40 veces menor a la proyectada para el Quimbo.
A consecuencia de todo esto, Asoquimbo considera que ya se está empezando a producir una crisis humanitaria en el departamento de Huila y piden la suspensión de las obras y la nulidad de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente hasta que se realice una Audiencia Pública Ambiental y los estudios de viabilidad de la presa.
Pero la falta de respuesta del Gobierno llevó a los afectados a la acción, y el pasado mes de enero un numeroso grupo de personas trataron de impedir que la multinacional española Endesa desviara el río Magdalena. Días después de la resistencia civil al proyecto, el 14 de febrero, el Gobierno envió a la zona al Ejército y a los antidisturbios para desalojar al centenar de personas que se encontraban en la orilla del río Magdalena. En la defensa del río, varias activistas resultaron heridos graves. Además, las fuerzas de seguridad prohbieron el acceso a la zona a observadores internacionales y periodistas, y las pocas imágenes que han trascendido, a través de un vídeo realizado por Bladimir Sánchez, le han costado a éste amenazas de muerte. Después de estos hechos, los afectados volvieron a acampar, pero finalmente el 3 de marzo se hizo efectivo el desvío del río Magdalena.
“La confianza inversionista”
Con el argumento de la “confianza inversionista”, el presidente Juan Manuel Santos ha abierto la puerta a los intereses privados extranjeros facilitándoles el camino. Primero legisló a favor de Endesa, ratificando la licencia ambiental basada sólo en estudios realizados por la trasnacional, sin tener en cuenta que en 1997 el propio Ministerio del Medio Ambiente, refiriéndose al Quimbo, afirmó que “ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable”. Además, intentó derogar de forma inconstitucional la Ley 160 de 1994 para evitar que Endesa tuviera que restituir a los campesinos con más de 30 hectáreas por familia. Después aseguró los beneficios de la empresa, ofreciéndole 60 millones de euros, además de garantizarle un ingreso fijo de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años.
La presa del Quimbo se convierte así en un nuevo ejemplo de ‘desarrollo’ que exportan las transnacionales españolas a través de la Inversión Extranjera Directa (colocación de capitales a largo plazo) con el pretexto de crear empleo. Estos proyectos se están implantando en toda Latinoamérica en connivencia con élites y gobiernos, como el de Juan Manuel Santos. Mientras, los afectados por la represa del Quimbo siguen luchando contra la anegación de sus tierras y por un modelo agrario propio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario