| Es hora que le quitemos el "negociado" a los españoles que siguen el saqueo iniciado hace mas de 500 años. |
La quita de cinco concesiones petroleras a YPF anunciada por los gobernadores de Chubut y Santa Cruz es el primer paso hacia una compañía nacional de hidrocarburos manejada por la Nación y las provincias petroleras. “Es hora de dar vuelta la página e iniciar una nueva etapa. A partir de ahora, con el apoyo invalorable de la inmensa mayoría del pueblo chubutense, y muy especialmente de los trabajadores, los recursos de Chubut estarán al servicio del bienestar y el progreso de los habitantes de la provincia”, señaló el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, a Debate (Ver aparte).
Analizando la conducta de la compañía se puede afirmar que Repsol y el Grupo Petersen, los controlantes de YPF, no le dejaron otra opción al Gobierno. Entre 2003 y 2010, la principal petrolera del país ganó 36.800 millones de pesos y pagó dividendos por 36.500 millones. La inversión fue de apenas 300 millones de pesos, el 1 por ciento de sus ganancias.
En ocho años, la producción de YPF cayó un 36 por ciento y las reservas comprobadas, un 38 por ciento. Esto obligó a la Argentina a importar energía por un total de 9.397 millones de dólares en 2011, poniendo en riesgo el superávit comercial. Un reciente informe de la Secretaría de Energía de Estados Unidos señala que “a partir de la recuperación de la economía internacional, el precio del petróleo reanudará su camino ascendente. El precio de equilibrio de acuerdo con la demanda y oferta actual es de 203 dólares el barril”. Este valor es casi el doble que el actual y un 15 por ciento superior al techo que tocó en 2007. Entonces, con un precio del barril de 200 dólares, el petróleo se transformará en el principal obstáculo para las economías de los países que no se autoabastezcan; es decir, casi todos.
EL PEOR DE LOS ESCENARIOS
La Argentina tiene el gas y el petróleo tradicional para autoabastecerse y cuenta con yacimientos de hidrocarburos no tradicionales que le permitirían, incluso, exportar. Pero YPF no invierte en exploración ni en producción. Así, la Argentina es un país con petróleo, pero lo deja bajo tierra y gasta miles de millones de dólares en importarlo.
Una alta fuente del Gobierno señaló a Debate que “Repsol no quiere sacar el petróleo ahora porque está esperando dos cosas: que el barril llegue a 200 dólares y que venga un gobierno que le saque las retenciones”. “Hasta hace un par de años, al menos, acompañaba: no invertía en exploración, pero producía; ahora juega a desequilibrar la economía obligando al Gobierno a importar”, agrega.
La estrategia de Repsol ha sido distinta a la del resto de las petroleras que operan en el país. En 2003, produjo 19 millones de metros cúbicos de petróleo; en 2010, su producción cayó a 12 millones de metros cúbicos, una merma del 36 por ciento. El total país de la producción hace ocho años era de 43 millones de metros cúbicos y descendió a 35 millones en 2010. Es decir, toda la caída se debió a la merma de la producción de YPF. De hecho, en ese período, la compañía manejada por Repsol bajó del 44 por ciento de participación en el mercado al 34 por ciento.
La situación de las reservas es peor aún. En 2003, YPF contaba con un total de reservas de 144 millones de metros cúbicos; en 2010, disminuyeron a 90 millones, una caída de 54 millones, equivalente al 38 por ciento. En el mismo lapso, las reservas del país descendieron 23 millones de metros cúbicos. Es decir, el resto de las petroleras cubrieron la mitad de la caída de las reservas de YPF.
Chubut y Santa Cruz dieron el primer paso. En los próximos días seguirán el mismo camino Mendoza y Neuquén, que ya intimaron a la empresa a aumentar su producción bajo apercibimiento de anular las concesiones. Se trata de las cuatro provincias más relevantes para YPF. Según datos de la Secretaría de Energía, la mayor producción de crudo de la empresa se concentró el año pasado en Mendoza, con 84.400 barriles diarios; en segundo lugar quedó Santa Cruz, con 53.130; en tercero, Neuquén, con 34.500, y en la cuarta posición, Chubut, con 23.500 barriles. En lo que respecta a la producción de gas de la firma, Neuquén lideró con comodidad, con 26,3 millones de metros cúbicos diarios, Mendoza figuró segunda, con 6,6 millones; Salta tercera, con 2,7 millones, y Santa Cruz, cuarta con 1,9 millones de metros cúbicos.
LO QUE VIENE
La ofensiva oficial contra las petroleras que abandonaron la inversión la impulsan los gobiernos provinciales. Asumieron el rol de ser los recuperadores de las áreas, en virtud de considerarse sus dueños por mandato de la reforma constitucional de 1994. En principio, las áreas recuperadas quedarán en manos de las empresas de hidrocarburos provinciales. Pero si todos los gobernadores siguieran el camino de la provincialización de la producción, el resultado más probable sería atomizar las inversiones y la producción.
Varias compañías privadas, incluso algunas que no operan en el país, han mostrado interés en hacerse cargo de las concesiones que perderá YPF. El tema es quién garantiza que no sostendrán la misma conducta que YPF. Una alternativa sería que las áreas restituidas pasaran a ser administradas por Enarsa, la firma estatal nacional existente, pero que no opera directamente en producción. Sin embargo, si Enarsa se propusiera actuar como empresa testigo, difícilmente podría hacerlo a partir de estas áreas a restituir, por su escasa incidencia en la producción total.
La alternativa que se analiza en la actualidad es ir hacia una compañía conformada por una sociedad entre Enarsa y las empresas provinciales, que, a la vez, se asocie con firmas privadas para la exploración y explotación. Así, el país recuperaría el control de sus recursos y recurriría a compañías privadas para que actúen sólo como operadoras.
Las compras externas del rubro Combustible y Energía sumaron 9.397 millones de dólares en 2011, un 110 por ciento más que en 2010. Si se le agregan los 1.140 millones de dólares que remitieron las petroleras al exterior en concepto de utilidades, dan un monto equivalente al superávit comercial de ese año. Además de las cuentas externas, la baja de la producción local de hidrocarburos afecta el presupuesto nacional y de las provincias, en el que dejan de percibirse impuestos y regalías que gravan al sector, mientras se incrementan los gastos asociados a financiar la importación de combustibles.
Los argumentos para ir hacia una estatización de YPF son varios. En principio, con sólo poner a producir los pozos con reservas comprobadas el país cerraría el déficit comercial energético actual. No hacerlo no es una opción, porque a este ritmo la Argentina marcha hacia el déficit comercial. Por otra parte, el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Energía de Estados Unidos estiman que las reservas de gas no tradicional en el país superan los 270 TSF (unidad de medida del gas), cinco veces las de Bolivia y suficientes para 120 años de reservas. Las de petróleo no tradicional alcanzarían para 50 años. En total, habría más de 200 mil millones de dólares esperando a ser extraídos.
Hasta el momento, YPF sólo exploró 1.200 de los 30 mil kilómetros de extensión de la reserva de gas no tradicional de Vaca Muerte, provincia de Neuquén. Y únicamente certificó reservas de un área de tres kilómetros. Mientras espera el momento conveniente para extraerlos, el país sigue importando gas.
“No es un ataque a la empresa privada”
Por Martín Buzzi (*)
Hoy, necesitamos más energía para acompañar el crecimiento económico de nuestra provincia y de la Argentina toda. Necesitamos que la riqueza de nuestro subsuelo deje de estar dormida, que se explote con responsabilidad social y ambiental, y que sus utilidades se reinviertan para alimentar el círculo virtuoso del desarrollo que es la base de toda política de integración y dignificación social.
Tomamos estas decisiones en un contexto en el que se produce menos petróleo y, consecuentemente, se ha generado una creciente dependencia en la importación de combustible. Ésa es la realidad que nos proponemos revertir, sumándonos activamente a la política de Estado fijada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para consolidar el proyecto de desarrollo con justicia social que está transformando al país con un profundo sentido federal.
Siguiendo los lineamientos acordados por el conjunto de las provincias que integran la Ofephi con el gobierno nacional, nos planteamos contribuir con la mayor firmeza al objetivo del autoabastecimiento de petróleo, haciendo valer aquello que nos corresponde por derecho. La reversión de las concesiones no es una medida arbitraria ni discrecional. Tampoco es un ataque a la empresa privada, ni significa vulnerar el orden jurídico vigente. Todo lo contrario: luego de evaluar el informe presentado por YPF, la decisión de revertir las concesiones por el gobierno provincial representa una respuesta lógica frente al incumplimiento por parte de la empresa de los compromisos de inversión y de las metas de producción fijadas en los pliegos. Este incumplimiento se diferencia de la conducta responsable que han tenido en Chubut otras empresas, como Pan American Energy, Tecpetrol y Capsa.
La realidad es que en los dos yacimientos cuyas concesiones estamos revirtiendo, ha caído la inversión y que, para el período 2007-2011, la producción de petróleo se redujo un 23,6 por ciento en Cañadón Perdido-Campamento Central y un 13,4 por ciento en Escalante-El Trébol. Esto significa que, sólo en estas dos áreas, se dejaron de producir unos 163 mil metros cúbicos de petróleo, que al precio actual del barril equivalen a 300 millones de pesos.
Entonces, con estos elementos en la mano, la decisión que tomamos de revertir las concesiones petroleras correspondientes a los yacimientos Escalante-El Trébol y Cañadón Perdido-Campamento Central está en un todo de acuerdo con lo establecido por la ley y los procedimientos previstos por la normativa vigente.
Es hora de dar vuelta la página e iniciar una nueva etapa. A partir de ahora, con el apoyo invalorable de la inmensa mayoría del pueblo chubutense, y muy especialmente de los trabajadores, los recursos de Chubut estarán al servicio del bienestar y el progreso de los habitantes de una provincia que hoy más que nunca se sienten parte integrante de la Patagonia y de la Nación.
(*) Gobernador de Chubut
La pelea en el Directorio
Antes de llegar a la instancia de comenzar a anular concesiones de YPF, el Gobierno intentó convencer a los socios que debían cambiar su estrategia de negocios. Roberto Barata, director por el Estado, requirió que la empresa reinvirtiera los 5.300 millones que ganó en 2011 en producción. El resto del directorio no estuvo de acuerdo. El director por el Estado no aprobó la memoria ni el balance. Una de las falencias que denunció es que no figuraba, como exige la Comisión Nacional de Valores
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