Hoy se celebra el día internacional de la lucha contra el
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, con el fin de recordar la
necesidad de desarrollar y fortalecer actividades mutuas contra el
narcotráfico.
América Latina, lista para los cambios
Mientras tanto, los líderes latinoamericanos, convencidos de
que la guerra contra el narcotráfico basada en abarrotar las cárceles de
traficantes y consumidores de drogas ilícitas ha fracasado, proclaman que las
leyes antidrogas son costosas, injustas, ineficaces y provocan graves daños
sociales.
Año tras año más y más países de América Latina piden públicamente
la adopción de nuevos enfoques y alternativas más inteligentes para enfrentar
el problema. Diversas personalidades
como el expresidente de Colombia César Gaviria, el exmandatario mexicano
Ernesto Zedillo Ponce y el exlíder brasileño Fernando Henrique Cardoso, ya se
declararon a favor de la despenalización de las drogas como la herramienta
necesaria para poner fin a la violencia.
Los magistrados de Argentina y Brasil fueron los primeros en
levantar la voz de alerta. Así, la Corte Suprema de Argentina llegó a declarar
inconstitucional la punición de la tenencia para consumo, mientras que no ponga
en peligro ningún bien jurídico ajeno al consumidor. Y en Brasil, donde la ley
de drogas es más dura que en otros países de la región, ya se oyen más voces que
apuestan por la despenalización de las drogas como la única manera de acabar
con el narcotráfico y la violencia.
Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, el país donde
se cultiva el 30% del total de la cocaína producida en el mundo -cifra que alcanza
a las 410 toneladas, según cálculos de la ONU-, declaró a su vez no estar en contra de una
despenalización de las drogas, si así se reducen la violencia y la
criminalidad. Santos señaló que la despenalización "es una alternativa que
podemos discutir, ya que no estoy en contra de ninguna fórmula que sea
efectiva".
"Si el mundo decide legalizar y cree que así se reducen
la violencia y la criminalidad, yo podría acompañar eso", subrayó el
presidente colombiano tras confirmar que su país respalda a Bolivia en su
intento de despenalizar el mascado de la hoja de coca.
El costo de la guerra
Según revela la Comisión Mundial sobre las Políticas de Drogas,
EE. UU. gasta al año 40.000 millones de dólares en la lucha contra el
narcotráfico, invirtiendo 450.000 dólares en cada persona arrestada, enjuiciada
y llevada a la cárcel por consumo de drogas.
A México la guerra antidroga le ha costado al país unos
38.000 muertos en tan solo 5 años, según calculan los expertos. "En
Bolivia, Perú y Colombia, los tres países que en su conjunto producen la
totalidad de la cocaína mundial, no lograron en 10 años reducir las hectáreas
cultivadas, pero sí llegar a dos millones de refugiados, campesinos
encarcelados y fumigaciones que denigraron el medio ambiente", señala el
informe de Intercambios, asociación civil para el estudio y atención de
problemas relacionados con las drogas.
Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de
Justicia de Argentina, considera que el resultado de un siglo de prohibición de
drogas es evidente: "Empresas mafiosas formidables, más muertos por balas
que por sobredosis, chicos usando porquerías que los matan y que circulan sin
ningún control, economías complementarias internacionales, concentración de
capital y tecnología en las empresas criminales más fuertes, ampliación del
consumo, etcétera. Un desastre con muchísimos muertos".
Raúl Zaffaroni, juez: "Nadie puede resolver un problema
de salud mental con el derecho penal, nunca se resolvió y nunca se
resolverá"
En una declaración suscrita por los magistrados argentinos
en febrero de 2009, se señala que desde 1926, fecha de la primera ley de drogas
en América Latina, "la sanción penal se direccionó hacia los consumidores
y particularmente a los últimos eslabones de la cadena de comercialización. No
hubo, en proporción, la misma dedicación hacia las organizaciones de tráfico
ilícito que, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y
judicial".
Así, las estadísticas de los tribunales argentinos de 2009
daban cuenta de que de las 27.186 causas, 12.801 eran por la ley de drogas,
siendo la mayoría de estas por casos de tenencia para consumo personal. En
Chile, el mayor consumidor de drogas de América Latina, de las 74.945
detenciones por infracción a la ley de drogas durante el año 2010, un 64,7% fue
por porte y un 11,8% por consumo.
Según revela el Ministerio de Justicia de Brasil, el país
tiene hoy la cuarta mayor población carcelaria por drogas del mundo y en el 70%
de los casos de fallos condenatorios en drogas se penaliza como
narcotraficantes a jóvenes pobres sin vinculación alguna con el crimen
organizado.
Hasta ese momento la punición del consumo de drogas generó
que "miles de consumidores, que ni siquiera son adictos, fuesen
procesados. Un papeleo que casi nunca terminaba en condena y que desviaba
esfuerzos de la tarea de perseguir el tráfico", destaca Raúl Zaffaroni,
subrayando que "nadie puede resolver un problema de salud mental con el
derecho penal, nunca se resolvió y nunca se resolverá".
Las drogas prohibidas son peligrosas, ¿por ser drogas o por
estar prohibidas?
Pese al dinero dispuesto, la cantidad de policías
contratados y los daños colaterales causados a la sociedad, a las comunidades
indígenas y al medio ambiente, el objetivo de reducir la producción de drogas
no ha sido alcanzado.
María Luisa Karam, que trabajó como juez en Río de Janeiro
en la década de los ochenta, está convencida de que "terminar con las leyes
criminalizadoras, poner fin a la prohibición, y legalizar la producción y el
consumo de ciertas drogas es necesario para proteger la salud, para que
efectivamente las personas tengan mayores posibilidades en el momento de querer
usar esas sustancias y lo hagan de forma menos arriesgada y más
saludable".
Que las drogas prohibidas son peligrosas para la salud es
indiscutible, pero quizás su prohibición les otorga un plus de peligrosidad.
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