Antenas de telefonía móvil, sistemas de transporte de energía eléctrica, transformadores de alta tensión, inalámbricos, Wi-Fi, Bluetooth. Nuestras ciudades y hogares se han convertido en un polvorín de contaminación electromagnética. En la diana de la protesta, las antenas de telefonía móvil. Ciudadanos, plataformas vecinales y grupos ecologistas se oponen a la implantación de estas infraestructuras, pero se enfrentan a los intereses de las grandes compañías del sector y a la pasividad –cuando no connivencia- de las diferentes administraciones.
En Santa Apolonia, urbanización que linda con el municipio de Torrent (uno de los más poblados de la provincia de Valencia), Vodafone y Orange proyectan una gran antena de telefonía móvil. Algunos vecinos, que anteponen la mejora en la cobertura de sus celulares a los riesgos sobre la salud pública, apoyan la iniciativa. Otra parte de los vecinos ha iniciado una campaña de protesta. La ubicación de la antena ha despertado las alarmas: en plena zona residencial, junto a un parque infantil y en un entorno protegido por su valor paisajístico.
Los casos se multiplican y desde hace más de una década salpican el territorio del estado español. En Valladolid (año 2001) estalló uno de los escándalos más sonados. En un colegio de educación infantil se detectaron cinco casos de cáncer (cuatro leucemias y un linfoma) en niños de entre tres y seis años. En la azotea de un edificio aledaño a la escuela había instalado un “bosque de antenas” (cerca de 300) sin licencia. Tras el auto judicial que ordenó el desmantelamiento de las antenas, no se volvió a registrar otro caso de cáncer en el colegio.
Hace más de dos años que los vecinos de Arganzuela (Madrid) comenzaron a movilizarse contra la implantación de dos antenas de telefonía móvil “camufladas”, junto a dos colegios en los que estudian 725 niños de entre tres y doce años. La inmobiliaria Larcovi pretendía arrendar una azotea a Vodafone y Movistar para que ejecutaran la infraestructura. El pasado 19 de noviembre la inmobiliaria informó a los vecinos de que desistía finalmente de sus planes. En febrero de 2012, un grupo de docentes de un IES de Santiago denunciaban en una carta que en los últimos seis años se habían registrado once casos de cáncer de mama entre trabajadoras del instituto. Apuntaban, entre otras posibles causas, la proximidad de una antena de France Telecom.
Los vecinos afectados se enfrentan a un enemigo muy poderoso: los grandes operadores de telecomunicaciones (Orange, Telefónica, Vodafone y ONO), asociados en un grupo de presión denominado Redtel. Estas compañías se benefician de una legislación laxa, que establece límites muy amplios y poco estrictos a la emisión de radiaciones electromagnéticas. En ocasiones, las empresas instalan grandes antenas que emiten con una potencia mayor de lo que bastaría para un servicio adecuado. Compiten de este modo entre ellas por ofrecer mejor cobertura a sus clientes y alcanzar mayores parcelas de territorio. Es el ánimo de lucro por encima de la salud pública.
Cegada la vía legal del riesgo por la exposición a los campos electromagnéticos, la alternativa más factible para litigar contra las empresas es la urbanística, explica Agustín Bocos, abogado con más de 20 años de experiencia en derecho ambiental. Además de contar con una autorización del Ministerio de Medio Ambiente, las antenas han de ajustarse a la normativa urbanística del municipio en el que se instalen. Pero en la práctica, “hay antenas que durante años operan sin ningún tipo de licencia; se cometen multitud de irregularidades; no se respetan volúmenes, usos ni distancias de protección; Las empresas actúan así porque piensan que nadie actuará contra ellas por la vía urbanística; o que les compensa operar un tiempo de modo irregular y luego a ver qué pasa”, explica el abogado en una conferencia ante los vecinos de Santa Apolonia.
Por lo demás, las empresas son conscientes de que un incremento de la “masa crítica” les puede empañar el negocio. Por eso, hay antenas de telefonía móvil que, por inverosímil que parezca, se “camuflan” entre el mobiliario urbano, pinos, palmeras o incluso cruces de iglesias. Se trata de no llamar la atención y evitar que salten las alarmas entre los potenciales afectados.
La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECE) explica por qué no trascienden a la opinión pública estos hechos. Las compañías de telecomunicaciones “influyen por medio de sus poderosos grupos de presión en los medios de comunicación e instituciones, con el objeto de impedir que se establezca una legislación que controle la caótica proliferación de estas infraestructuras y se proteja la salud de la población”. La plataforma llama la atención, asimismo, sobre los recursos que estas empresas destinan a investigaciones científicas “que casualmente no encuentran casi nunca impactos sobre la salud”.
Pero lo cierto es que son crecientes las patologías y los problemas de salud relacionados con las antenas de telefonía y el uso de móviles e inalámbricos. Ahora bien, “los efectos no son inmediatos”, matiza Ceferino Maestu, doctor en Medicina y director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo de la Universidad Politécnica de Madrid. “Pueden pasar 15 ó 20 años antes de que las consecuencias se hagan visibles; además, muchas veces no se asocian las enfermedades a las radiaciones porque no aparecen dolores ni síntomas claros”.
A juicio de Maestu, “no hay evidencias, ni puede demostrarse una relación causal entre radiaciones y patologías”. “Pero sí que hay aproximaciones estadísticas, añade, y esto debería bastar para que se aplicara el principio de precaución”. La Ley 33/2011 de Salud Pública establece, en ese sentido, la cesación, limitación o prohibición de actividades sobre las que haya indicios fundados de afectación grave a la salud pública (“aún cuando hubiera incertidumbre científica” sobre los riesgos”).
Pese a que se realizó hace más de cinco años, el Informe BioIniciativa es uno de los estudios de referencia. Redactado por 14 científicos y expertos en salud pública, apunta que una excesiva exposición a los campos electromagnéticos derivados de artefactos electrónicos puede causar leucemia infantil, tumores cerebrales, alteraciones en la actividad eléctrica del cerebro, daños en el ADN, problemas de sueño, fatiga, cefalea y cáncer de mama, entre otros efectos. “No podemos permitirnos una actitud de aquí no pasa nada”, concluye el estudio. Además, los científicos explican que los impactos sobre la salud pueden darse incluso a niveles muy bajos de exposición a las radiaciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer (IARC) insisten en la misma idea. En mayo de 2011, clasificaron los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como “posibles cancerígenos” para los seres humanos, por un aumento en el riesgo de Glioma (un cáncer cerebral asociado al uso de teléfonos móviles). Se habla de “posibilidad” y de “riesgos potenciales”.
A la luz de estas investigaciones, ¿debería aplicarse el principio de precaución? Hace apenas un mes, decidió quitarse la vida Ángela Jaén, una mujer que residía en Pinto (Madrid), a la que se diagnosticó “hipersensibilidad a los campos electromagnéticos”. Se vio obligada a abandonar su casa, afectada por unos niveles de radiación muy altos generados por una antena de telefonía situada a 50 metros de su hogar, según denuncia la Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud. Ángela Jaén no obtuvo respuesta del gobierno municipal de Pinto (PP), ni le atendieron adecuadamente los responsables de salud, que –según un comunicado de la asociación- trataron su problema como “psiquiátrico”.
Un ejemplo de indefensión que llega hasta el extremo del suicidio. Sin llegar a estos ejemplos, la legislación vigente deja a los ciudadanos en el desamparo. En 1999, el Consejo Europeo estableció unas recomendaciones en materia de exposición del público a los campos electromagnéticos. Señaló unos límites muy amplios –que son los vigentes hoy en el estado español- incompatibles para muchos especialistas con la salud pública y el principio de precaución. El mismo Parlamento europeo, en una Resolución de septiembre de 2008, declaró estos límites como “obsoletos”, ya que, además de ser declarados hace una década, no considera las normas más exigentes, adoptadas por países como Italia, Bélgica o Austria; tampoco se tienen en cuenta, afirma el Parlamento Europeo en la Resolución de 2008, la situación de los grupos más vulnerables, como mujeres embarazadas, recién nacidos y niños; ni las conclusiones del trabajo científico del grupo BioIniciativa. Enquistada la vía jurídica, las antenas de telefonía móvil devienen un problema de salud pública, al que sólo la presión ciudadana está ofreciendo salida.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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