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| Quien en verdad sos? |
Oscar Ugarteche.-Ollanta Humala en 136 días ha producido una “masacre
política”, dejando en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato,
le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral.
La construcción de un candidato presidencial es un proceso
complejo de construcción de imagen, de discurso, de configuración de alianzas y
en última instancia de visibilidad real. Construir un candidato cuesta dinero y
esfuerzo de mucha gente. El entorno del futuro candidato hace este esfuerzo en
un acto de fe política convencido de que éste podrá cambiar el rumbo de la
historia. Es lo que el Banco Mundial llamaría un acto de inclusión social.
Los/las jóvenes repartidos por el país hacen campañas y rompen el descrédito de
la política para que las nuevas generaciones voten por la izquierda y no por la
derecha y para que las generaciones mayores retomen su compromiso con la
sociedad, perdido ante las frustraciones de décadas de luchas truncas. Haciendo
camino al andar, cada grupo de trabajo inventa un imaginario progresista y
trata de empatar eso con lo que se ve en el horizonte.
Caído el bipolarismo internacional en 1990, hay la búsqueda
por la construcción de un nuevo regionalismo político multipolar versus la
unipolaridad militar con la que Estados Unidos actúa, dada su pérdida de
liderazgo global.
La lucha de clases hoy día es más compleja que la lucha
entre ganancias y salarios únicamente porque lo que está en juego es el
planeta. La lucha salarios-ganancia la ganó el sector financiero, que consolidó
en el mundo occidental una participación cada vez menor de salarios en el PIB a
cambio de una concentración creciente del ingreso. Esta ha sido la razón de ser
de las protestas de los Indignados españoles y de Occupy Wall Street así como
de los precursores de los cambios en todo el Mediterráneo.
Es ya una práctica instalada que los
presidentes/alcaldes/gobernado res, con o sin partido de izquierda, una vez
electos, patean su tablero e intentan colocarse al centro político,
acomodándose con el poder contra el cual estaban corriendo. Esta transición
política deja a algunos viejos actores fuera de juego e introduce a unos nuevos
actores en el escenario. La razón esgrimida por los electos es que hay que ser
elegido con la izquierda para gobernar con la derecha. Los gobiernos
progresistas de América del Sur y la social democracia europea están llenos de
esto.
El más reciente miembro del creciente club de los tránsfugas
es el presidente peruano sobre el que algunos cifraron muchas esperanzas. Un
gobierno de izquierdas en el Perú podría haber significado la consolidación del
proyecto sudamericano. El viraje peruano, al que ya estamos acostumbrados desde
la elección de Alberto Fujimori Fujimori (AFF) en 1990, fue más brusco que
entonces. En 1990, AFF tardó dos años en sacar a sus compañeros de ruta
electorales del gabinete y rompió las alianzas finalmente cerrando el congreso
el 5 de abril del 1992 con el autogolpe. Es decir, tardó 608 días en sacar del
gabinete a todos los “progresistas” y un mes más para eliminar a sus asesores
de campaña antes de asumir el gobierno.
Ollanta Humala (OH) en 136 días ha producido una “masacre
política”, dejando en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato;
le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral. Las alianzas
políticas siguen en la bancada del Congreso dentro de una cancha rayada muy
complicada. Si sus compañeros de bancada se van porque los ha defraudado,
gobernará con Fujimori y el Apra. Por las dudas, el presidente del Congreso
habla de la necesidad de indultar al reo AFF y boicotea la labor de la comisión
contra la corrupción del régimen de Alan García Pérez. De manera insólita el
gobierno progresista de OH no puede hacer lo que el gobierno de Toledo de
centro derecha logró, enjuiciar la gran corrupción. El Parlamento no ayuda a OH
en su labor o el presidente del Congreso hace puentes para el cambio de
alianzas final. La “masacre política” del 10 de diciembre ocurrió cuando 11 de
17 ministros fueron defenestrados tras un acto presidencial, donde primero
desautorizó públicamente al Premier en unas negociaciones con la población en
Cajamarca; en segundo lugar decretó el estado de emergencia en la zona minera
aurífera en debate. Y finalmente metió a la cárcel a los responsables políticos
de la zona que estaban en Lima intentando encontrar una solución pacífica al
conflicto originado por las demandas de una empresa que quiere utilizar cuatro
lagunas para sus actividades mineras, contrariando la opinión de la población
de la zona que quiere mantener sus lagunas.
Fue tanto una “masacre política” como una demostración de
estilo político. Ya puede el presidente cerrar el recién abierto Ministerio de la Inclusión Social
y ahorrarle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos soles. Lo
“eficiente” es que sean programas del Ministerio de la Presidencia. Alguien
tendría que explicarle al presidente la distancia entre la eficiencia económica
y la eficiencia política y que la inclusión social es un tema de política
macroeconómica y no ajeno a ésta.
En la relación con Estados Unidos hay que enfatizar que éste
fue el último país visitado por Humala en el hemisferio tras su elección, luego
de su gira por Suramérica. Visitó al Consejo Nacional de Defensa de dicho país
en julio porque hay en el Perú, según Mónica Bruckman de la Universidad Federal
de Rio y Ana Esther Ceceña del Observatorio Geoestratégico de la UNAM , igual o mayor numero de
militares estadounidenses en el Perú que en Colombia y porque el Perú está
además lleno de bases aéreas estadounidenses.
El primer visitante oficial estadounidense al Perú el 29 de
noviembre del 2011 fue el General William Brownfield, subsecretario de Estado
de los Estados Unidos para Asuntos Antinarcóticos y Policiales. Antes
Brownfield fue embajador de Estados Unidos en Colombia durante los años de
Álvaro Uribe, el aliado más fuerte de Washington en América Latina.
El 23 de noviembre, en el marco de la celebración del 50 aniversario
de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Ministro de
Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo Orbegoso, condecoró a su director en
el Perú, Richard Goughnour, con la orden “El Sol del Perú” en el Grado de Gran
Cruz.
En setiembre, a un mes de asumido el nuevo gobierno, el
programa de cooperación de Estados Unidos con el Perú se amplió de 230 millones
a 293 millones de dólares para el periodo 2008-2012 que en los hechos quiere
decir que le han dado a Humala 60 millones de dólares más para el inicio de su
gestión. Con esto se podría sugerir que el Perú está alineado con Washington al
igual que Colombia, México y Chile y sigue en el llamado Arco del Pacifico.
Es decir que no hay variación sustantiva en la política
exterior contrario a lo que se esperaba por sus dos discursos sobre la materia
donde enfatizó la importancia del multilateralismo y de Suramérica.
Consciencia ambiental versus políticas extractivistas
El Perú es y será un país minero. Esta condena al rentismo
ambiental es una amenaza no solo para los pobladores de la sierra donde yacen
las minas, sino para todo el planeta. Los Andes peruanos se han quedado sin
nieve desde hace más de dos décadas mientras se irriga el desierto en la costa,
cambiando así el ecosistema. La minería genera divisas y deja pasivos
ambientales que se han convertido en un problema mayor en la zona de Cajamarca.
En el mes de setiembre había 90 conflictos socioambientales latentes relacionados
a la minería y estos comenzaron a estallar en el mes de noviembre cuando la
población comenzó a sentir que no pasaba nada con sus demandas anteriores al
cambio de gobierno.
El discurso electoral de Ollanta Humala estuvo centrado en
la conciencia ambiental y nombró al ministerio del ramo a un mentor político de
OH, Ricardo Giesecke. Giesecke, un experto internacional en temas ambientales,
fue del grupo pequeño del entorno de Humala desde 2005. En dicho ministerio
estaban dos viceministros de izquierda relacionados a temas ambientales lo que
era coherente con el discurso de campaña. Estos fueron defenestrados junto con
el ministro. Fueron reemplazos -como en 1992- por “técnicos”, como si Giesecke,
Cabieses y de Echave, el trío defenestrado del Ministerio del Ambiente, no lo
hubieran sido. Lo que interesa ahora es que sean técnicos dispuestos a
conversar con Washington, digamos.
Democracia participativa versus democracia electoral
Detrás del Partido Nacionalista hay un grupo político
llamado Gana Perú que fue el que finalmente le dio el triunfo a OH. Este se
conforma por intelectuales y lideres regionales que armaron la campaña
presidencial, sobre todo en la segunda vuelta, cuando Humala podía perder. El
objetivo de Gana Perú era hacer del proceso político que Humala iniciaba uno de
democracia participativa, donde el diálogo social sería el rasgo y los
intereses populares estarían en el centro.
La manera cómo se manejaron los conflictos relacionados con
la minería de Andahuaylas y Cajamarca mostró lo siguiente. El ministro de
energía y minas llegó a Andahauylas a bordo de un avión de la empresa minera
Yanacocha, propietaria de la mina Conga, en cuestión. El equipo de ministros y
vice ministros que estaban allí para la negociación fue dispar, regresándose a
Lima dos ministros por temor. Es decir, un gobierno dispuesto a negociar desde
las empresas y con temor al pueblo. Estos ministros desautorizaron en última
instancia a los negociadores que estaban trabajando con la población que
reaccionó con furia (http://www.forosperu.net/showthread.php?t=256905) Esta es
la misma figura que la que ocurrió en Cajamarca en noviembre con el tema de la
mina Conga. El temor al pueblo y la alianza con los empresarios mineros en
nombre de que “el mercado tiembla”.
Finalmente, al darle la espalda a la democracia
participativa que la población reclama en todo el país y más en las zonas
rurales afectadas por la minería, el presidente acaba de abrir un escenario: la
población puede quedarse quieta por miedo a la represión o puede salir a la
calle demandando la salida del electo en una figura similar a la ocurrida con
Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador; con Carlos Meza
Gisbert, y Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia, que salieron por presiones
sociales. Huelga mencionar la dinámica del mediterráneo, donde la presión de la
calle expulsó al premier griego, al italiano, al español, al portugués y al
tunecino, libio, egipcio, yemení, mientras hay fuertes protestas en Siria e
Israel todas en el año 2011. El otro lado de esto es un endurecimiento de la
democracia al estilo de Alan García que es la apuesta de Washington.
Demandas de mejoras en los salarios y en la distribución del
ingreso versus aquietar a los mercados
Mejorar el mercado interno mediante una mejora en la
distribución del ingreso es una demanda clamorosa de la población peruana. Esta
ha sido respondida mediante la introducción de un programa de jubilación a los
65 años y de becas a los estudiantes de 18 años, anunciados el 28 de julio del
2011 por Ollanta Humala en su discurso inaugural. Lo que es menos probable es
que se formalice más el empleo y se mejoren las remuneraciones, porque el
Ejecutivo ha tomado un giro conservador en lo político y neoliberal en lo
económico. El nombramiento inicial del ministro Castilla en la cartera del MEF
fue una sorpresa para el equipo económico del presidente que creyó que habían
ganado las elecciones. Ni Dancourt, ni Félix Jiménez fueron nombrados a la
cartera de economía a pesar de ser los responsables del área económica del plan
de gobierno. Al revés, se promocionó al vice ministro de economía al cargo de
ministro para mantener la estabilidad de las políticas. Fitch Ratings subió al
Perú a BBB en noviembre, en mérito a la continuidad de las políticas.
El Dr Castilla obtuvo su doctorado en economía de la
universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, y a diferencia de
Rafael Correa no ha tenido un cambio de sentimiento, sino que es esencialmente
un economista ortodoxo, cuyo objetivo es mantener la inflación en el punto más
bajo posible para permitir el desarrollo de los mercados. El es un creyente en
los superávits fiscales y de balanza de pagos, ambos que existen en el país
desde hace una década. No es un heterodoxo que esté buscando el desarrollo del
mercado interno y la inclusión social.
Finalmente, lo que puede llevar a una militarización del
régimen no es que existan militares dentro del gobierno, sino la fragilidad del
régimen político elegido con un sentido y gobernado con el sentido contrario.
Para que los perdedores puedan mantenerse en el poder al que llegaron el 10 de
diciembre, el espacio de la protesta social debe ser reducido. La mitad de la
población eligió otra cosa y puede exigir aquello por lo que votó que se
relaciona con sus derechos ciudadanos. Ya no quedan casi iletrados en el país y
la conciencia de la postergación ciudadana en los pobres está clara, más aún
cuando la riqueza mineral sale de su tierra y a cambio le dan contaminación
ambiental.
Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto
de Investigaciones Económicas de la
UNAM , México. Es presidente de ALAI y coordinador del
Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org
Fuente: http://alainet.org/active/51685
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