Funcionarios y distintas ONG discuten los logros de la convención.
Unos creen que es un virtual fracaso. Los otros, que se ha logrado frenar un
embate de los países desarrollados por el control de los recursos naturales.
¿Cómo impactarán en la agenda ambiental de Argentina los
resultados de la cumbre Río+20, que fueron magros y frustrantes para las
organizaciones sociales, pero satisfactorios para el gobierno? Para empezar el
debate, Página/12 consultó a dirigentes ambientalistas y a funcionarios que
participaron directamente de las negociaciones en Naciones Unidas para obtener
algunas respuestas.
Para Daniel Ryan, representante de la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), el documento reflejó “el común denominador más
bajo”. Si bien coincide en que “no hubo avances”, admite que “tampoco hubo
retrocesos en términos de principios”. Y respecto de la falta de metas
concretas en el documento final, advierte que en el plano local “vamos a tener
que pelear para que esto no se tome como una vía libre para el desarrollo sin
importar las consecuencias ambientales. Muchos actores lo van a tomar como un
triunfo del desarrollismo sobre la sustentabilidad”, sostiene.
La subsecretaria de Planificación y Política Ambiental,
Silvia Révora, hace un análisis geopolítico del asunto. “El documento es el
resultado de dos concepciones con respecto al desarrollo sustentable. Los
países centrales querían con la economía verde vender su tecnología y salvarse
de la crisis. Nosotros, que hemos frenado ese intento, reafirmamos los
principios de Río ’92”, explica, para concluir que el acuerdo será beneficioso
en términos de autonomía e independencia económica.
Respecto de los temas puntuales que más preocupan, las
fuentes también dieron su posición.
- Minería. “En el documento se introduce a la actividad
minera como posible dinamizador del desarrollo. Más allá de que la minería no
es sustentable por principio, al ser un recurso no renovable, esta inclusión
puede ser utilizada como ‘maquillaje verde’, por la megaminería a cielo
abierto”, evalúa Milko Schvartzman, de Greenpeace. Juan Carlos Villalonga, del
foro de Ecología Política Los Verdes, coincide en que “el texto que se
introdujo legitima la actividad antes que poner el acento en la necesidad, por
ejemplo, de eliminar totalmente los subsidios que la minería recibe y en la
urgente necesidad de un uso más racional de los recursos”.
Silvia Mérega, directora de Asuntos Ambientales de
Cancillería y relatora argentina en la cumbre, explica que la inclusión de la
minería como “una actividad que promueve el desarrollo económico y social,
porque crea fuentes de trabajo” tiene importancia ya que se advierte que se
deben tomar medidas ambientales para crear un equilibrio que conduzca al
desarrollo sustentable”. Révora coincide en que “no es una actividad
sustentable, pues es extractiva, pero con una buena evaluación de impacto
pueden aprobarse algunos emprendimientos”. Considera además que “se debe
garantizar la participación ciudadana y el control durante toda la vida útil de
la actividad y luego remediar si corresponde”.
- Agroquímicos: “No hay nada en el texto que comprometa a
los países a promover la agroecología, la verdadera agricultura verde, y mucho
menos con respecto a compromisos para reducir y prohibir los productos químicos
peligrosos o tóxicos utilizados hoy en día en la agricultura”, advierte
Schvartzman. El representante de Greenpeace considera que sobre ese punto “el
texto es realmente muy vago y deja la puerta abierta para más prácticas de
agricultura no sostenibles, como ser la utilización de transgénicos y los
herbicidas acompañantes”.
Révora argumenta que “el documento de Río no tuvo como
objetivo plantear soluciones específicas. En cuanto a los agroquímicos,
personalmente estoy por la prohibición de la fumigación aérea pues afecta la
salud y los ecosistemas”. Sobre una limitación más amplia, sostiene que “aún
hacen falta más estudios para evaluar su impacto”.
