Funcionarios y distintas ONG discuten los logros de la convención.
Unos creen que es un virtual fracaso. Los otros, que se ha logrado frenar un
embate de los países desarrollados por el control de los recursos naturales.
¿Cómo impactarán en la agenda ambiental de Argentina los
resultados de la cumbre Río+20, que fueron magros y frustrantes para las
organizaciones sociales, pero satisfactorios para el gobierno? Para empezar el
debate, Página/12 consultó a dirigentes ambientalistas y a funcionarios que
participaron directamente de las negociaciones en Naciones Unidas para obtener
algunas respuestas.
Para Daniel Ryan, representante de la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), el documento reflejó “el común denominador más
bajo”. Si bien coincide en que “no hubo avances”, admite que “tampoco hubo
retrocesos en términos de principios”. Y respecto de la falta de metas
concretas en el documento final, advierte que en el plano local “vamos a tener
que pelear para que esto no se tome como una vía libre para el desarrollo sin
importar las consecuencias ambientales. Muchos actores lo van a tomar como un
triunfo del desarrollismo sobre la sustentabilidad”, sostiene.
La subsecretaria de Planificación y Política Ambiental,
Silvia Révora, hace un análisis geopolítico del asunto. “El documento es el
resultado de dos concepciones con respecto al desarrollo sustentable. Los
países centrales querían con la economía verde vender su tecnología y salvarse
de la crisis. Nosotros, que hemos frenado ese intento, reafirmamos los
principios de Río ’92”, explica, para concluir que el acuerdo será beneficioso
en términos de autonomía e independencia económica.
Respecto de los temas puntuales que más preocupan, las
fuentes también dieron su posición.
- Minería. “En el documento se introduce a la actividad
minera como posible dinamizador del desarrollo. Más allá de que la minería no
es sustentable por principio, al ser un recurso no renovable, esta inclusión
puede ser utilizada como ‘maquillaje verde’, por la megaminería a cielo
abierto”, evalúa Milko Schvartzman, de Greenpeace. Juan Carlos Villalonga, del
foro de Ecología Política Los Verdes, coincide en que “el texto que se
introdujo legitima la actividad antes que poner el acento en la necesidad, por
ejemplo, de eliminar totalmente los subsidios que la minería recibe y en la
urgente necesidad de un uso más racional de los recursos”.
Silvia Mérega, directora de Asuntos Ambientales de
Cancillería y relatora argentina en la cumbre, explica que la inclusión de la
minería como “una actividad que promueve el desarrollo económico y social,
porque crea fuentes de trabajo” tiene importancia ya que se advierte que se
deben tomar medidas ambientales para crear un equilibrio que conduzca al
desarrollo sustentable”. Révora coincide en que “no es una actividad
sustentable, pues es extractiva, pero con una buena evaluación de impacto
pueden aprobarse algunos emprendimientos”. Considera además que “se debe
garantizar la participación ciudadana y el control durante toda la vida útil de
la actividad y luego remediar si corresponde”.
- Agroquímicos: “No hay nada en el texto que comprometa a
los países a promover la agroecología, la verdadera agricultura verde, y mucho
menos con respecto a compromisos para reducir y prohibir los productos químicos
peligrosos o tóxicos utilizados hoy en día en la agricultura”, advierte
Schvartzman. El representante de Greenpeace considera que sobre ese punto “el
texto es realmente muy vago y deja la puerta abierta para más prácticas de
agricultura no sostenibles, como ser la utilización de transgénicos y los
herbicidas acompañantes”.
Révora argumenta que “el documento de Río no tuvo como
objetivo plantear soluciones específicas. En cuanto a los agroquímicos,
personalmente estoy por la prohibición de la fumigación aérea pues afecta la
salud y los ecosistemas”. Sobre una limitación más amplia, sostiene que “aún
hacen falta más estudios para evaluar su impacto”.
- Energías limpias: Para Greenpeace, en el resultado de la
cumbre “no existen compromisos ni plazos para la ampliación de la participación
de las energías renovables ni para la quita de subsidios a los combustibles
fósiles. Esta era una de las principales demandas de la sociedad civil, para
disminuir el cambio climático y sus consecuencias”, sintetiza Schvartzman.
Villalonga coincide en que “desaparecieron las metas que originalmente existían
sobre eficiencia energética y renovable. Todo lo que se dice ahora son
generalidades, usando incluso un vocabulario que es más benigno con los
combustibles fósiles”.
La subsecretaria de Política Ambiental admite que no hubo
avances. Pero destaca que en el país “las venimos planteando hace mucho tiempo:
se están armando proyectos de desarrollo de energía eólica”. Sostiene sin
embargo que “los combustibles fósiles no pueden ser totalmente remplazados,
aunque por supuesto que lo deseable es ir cambiando la matriz energética”. En
efecto, el país tiene parques eólicos y solares, aunque en ese ítem está
bastante más atrasado que otros, por ejemplo, Brasil.
- Deforestación. Ryan, de FARN, reprocha que el acuerdo de
Río “no tiene compromisos ni metas concretas” para limitar esa práctica. “El
texto representa una gran frustración, ya que no avanza en nada. No hay ningún
objetivo planteado”, coincide Schvartzman.
Para Révora, el tema de la deforestación “ya está regulado
por anteriores convenciones, como la de cambio climático y conservación de la
biodiversidad, y los países que han adherido, entre ellos la Argentina , están
comprometidos a trabajar en la preservación de los ecosistemas”.
“Considerar como un éxito la ratificación de los principios
de Río ’92 es una visión demasiado optimista”, evalúa Ryan. “Los funcionarios
preocupados por el tema y las organizaciones vamos a tener que luchar mucho
para que estos resultados no se tomen como un aval para el desarrollo sin importar
las consecuencias ambientales”, vaticinó. Destacó sin embargo el acuerdo
regional que se dio, a partir de una propuesta de Chile, para garantizar el
cumplimiento del Principio 10 de Río ’92, que promueve la participación
pública, el acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia. “Los
dos primeros puntos no se cumplen cabalmente en nuestro país: cada provincia
tiene su criterio para las audiencias públicas y el acceso a la información es
muy limitado”.
Para Villalonga, “lo peor es que en materia de cambio
climático, lo que viene es un proceso más debilitado aún, y esto promoverá la
proliferación de iniciativas parciales, de parte del sector privado, gobiernos
locales y ONG, que no alcanzan para enfrentar el problema y, en algunos casos,
serán tremendamente peligrosas”. Destacó, sin embargo, un avance en “la
iniciativa de reducción de emisiones de las megaciudades, donde Buenos Aires
participa, pero eso es absolutamente voluntario y fuera de todo control”.
Para Révora, “el documento no tuvo como objetivo plantear
soluciones específicas: estaba en juego el poder de los países centrales de
seguir dominando el comercio internacional y frenar a los países emergentes”.
El saldo positivo es que “se le dio poder a la Asamblea General
de Naciones Unidas y no a la Secretaría General para fijar las nuevas metas y
medios de implementación. La idea es democratizar a la ONU ”, resume.
Sobre la opinión de las organizaciones, Révora
opina que “no hacen un análisis de la realidad internacional y creen que
poniendo algunos enunciados de buenas intenciones vamos a cambiar el mundo.
¿Por qué los países centrales no van a la médula del problema y toman
decisiones para cambiar los patrones de producción y consumo? ¿Por qué no
eliminan la publicidad que genera demandas superfluas y hacen más durables los
bienes de consumo? Porque eso sería ir contra el sistema y ellos han sido los
más beneficiados del mismo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario