La Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
Navi Pillay, pidió hoy investigar las acusaciones sobre las violaciones de los
derechos humanos supuestamente cometidas en el centro de detención
estadounidense de la Bahía
de Guantánamo.
En un comunicado, Pillay subrayó que el derecho
internacional exige “una investigación completa y sistemática de todas las
alegaciones de graves violaciones los derechos humanos, incluida la tortura,
supuestamente cometidas en la
Bahía de Guantánamo”.
“Los individuos que hayan perpetrado, ordenado, tolerado o
aprobado la tortura y los malos tratos deben ser llevados ante un tribunal de
justicia”, agregó la
Alta Comisionada.
Pillay instó al Gobierno de Washington a que garantice que
las condiciones de los detenidos en Guantánamo cumplen con los requisitos
internacionales mientras la prisión siga operativa, y expresó su inquietud por
el hecho de que la administración de Barack Obama no haya permitido la visita
de observadores independientes.
“Urjo también al Congreso de EEUU a dar los pasos que
permitan a la administración cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo -tal y
como declaró que deseaba hacer- en cumplimiento con las obligaciones del
Gobierno bajo el derecho internacional”.
Pillay subrayó asimismo que Washington debe respetar el
principio de no repatriar a ningún detenido si tiene constancia de que puede
ser sometido a tortura y malos tratos en su país de origen.
“Hace 10 años que el Gobierno de EE UU abrió la prisión en Guantánamo
(isla de Cuba) y tres años (el 22 de enero de 2009) desde que el presidente
(Obama) ordenó su cierre en el plazo de doce meses, pero las instalaciones
sigue existiendo y hay individuos que siguen detenidos de manera arbitraria e
indefinida”, denunció.
Según Pillay, tras esa promesa las cosas no han mejorado,
sino que incluso han empeorado tras la aprobación el pasado mes de diciembre de
la Ley de
Autorización de la
Defensa Nacional.
Esa legislación, según la representante de la ONU , “regulariza de manera
efectiva las detenciones militares sin cargos ni juicio”.
“Esta ley contraviene algunos de los pilares más
fundamentales de la justicia y los derechos humanos, como el derecho a un
juicio justo y el derecho a no estar detenido de manera arbitraria”, dijo.
“Si hay pruebas creíbles contra los detenidos de Guantánamo,
deberían ser acusados y procesados. De lo contrario, tienen que ser puestos en
libertad”, subrayó la
Alta Comisionada.
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