Existe pensamiento crítico y credibilidad en provincias y
universidades. No así en gobernadores ni en el Estado nacional, en clara
alianza estratégica con las mineras.
Lejos de abrir a un “debate serio y responsable”, como decía
proponer hace unos días la
Presidenta , la reciente Organización Federal de Estados
Mineros, que reúne a las provincias mineras, pone en evidencia las intenciones
de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo
extractivo y clausurar cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la
espinosa cuestión de la megaminería , que incluya, entre otras cosas, la
modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90.
Este “pacto”, decidido de espaldas a la sociedad , se
inserta en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una
escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro se desplazó desde
Tinogasta a Andalgalá, donde se implantó un virtual e inédito estado de sitio,
sostenido por los sectores promineros.
Existe toda una casuística en las provincias que es
necesario valorizar a la hora de pensar críticamente esta problemática. Así,
cabe preguntar con qué credibilidad cuentan los gobernadores para hablar de
megaminería y desarrollo . Basta mirar Catamarca, que tras 15 años de
explotación megaminera presenta índices desastrosos de desarrollo humano, así
como la tasa de empleo público más alta del país -25% de la población
económicamente activa trabaja en el Estado, según consignaba el diario El
Ancasti en 2010-, lo cual se repite en relación a la Asignación Universal
por Hijo , para concluir que este modelo está lejos de haberse convertido en
“motor de desarrollo” , como pregonan sus defensores.
Asimismo, de qué nuevos desafíos tecnológicos, económicos y
ambientales se nos habla, en nombre de las empresas mixtas, si basta examinar
la historia de la asociación del Estado catamarqueño con una empresa
multinacional a través del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), la
cual confirma la inexistencia de controles estatales sobre la extracción minera
, a lo cual se suma la opacidad económica de dicha alianza, que incluye a la Universidad Nacional
de Tucumán.
Por último, cabe preguntar con qué autoridad política y
ética puede hablar la gobernadora Lucía Corpacci, como si ella no tuviera
currículum político alguno , cuando en realidad fue vicegobernadora entre 2007
y 2009, durante uno de los mandatos del radical K, Brizuela del Moral, antes de
ser senadora nacional por su provincia. Más aún, cómo puede pretender dar
cátedra sobre minería, información y democracia, si la misma se ha desentendido
de toda responsabilidad política respecto de la brutal represión de Tinogasta y
aún hoy acusa un silencio elocuente sobre lo sucedido en Andalgalá.
En segundo lugar, no es verdad, como muchos afirman con
ligereza, que no hubo debates sobre megaminería en el país.
Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar la
sanción de 9 leyes provinciales – dos de ellas, hoy derogadas- en contra de la
megaminería . En realidad, los debates acerca de qué entendemos por desarrollo,
así como del carácter insustentable de este tipo de minería, se han venido
dando al compás de las luchas, a partir de 2003, primero en Esquel, pero con
mayor fuerza desde 2006, en diferentes territorios provinciales.
Por último, hay quienes tienden a silenciar que, a partir de
2009, se han llevado a cabo debates en las universidades públicas sobre los
controversiales fondos que Bajo la
Alumbrera comenzó a distribuir entre las mismas.
Hay que destacar la ejemplar resolución del Consejo Superior
de la Universidad
Nacional de Córdoba, que en diciembre de 2009 rechazó los 3,3
millones de pesos procedentes de la distribución de utilidades de Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio. Esta decisión, adoptada después de consultas con
profesionales de las más diversas disciplinas, concluyó en una larga y
fundamentada resolución en contra de la megaminería , que planteó la necesidad
de revisar los contratos mineros y la legislación existente , al tiempo que
manifestó su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos
reivindicatorios. Una declaración similar proviene de la Universidad Nacional
de Río Cuarto. ¿Habrá entonces que acusar de “fundamentalistas” y “dogmáticas”
o tildar de “ambientalistas” estas resoluciones avaladas por diferentes
universidades, y apoyadas sobre investigaciones independientes y documentación
científica? Así, debemos reconocer que, como en tantas otras épocas, el debate
comenzó entonces en el interior, para instalarse -de modo tardío- en la agenda
política y mediática nacional.
Pero esto no se debe solamente a las lógicas desconexiones entre
lo local/provincial y lo nacional, ni tampoco exclusivamente a la matriz
productivista que acusa la tradición peronista, sino a los silencios y zonas
ciegas que el progresismo oficialista ha venido acumulando sobre la cuestión de
la megaminería , a raíz de la alianza estratégica que el Estado nacional,
además de los gobiernos provinciales, mantiene con las corporaciones mineras.
No es casual que hoy, frente a la nacionalización de la cuestión, consumada por
la pueblada de Famatina, todavía estén aquellos que se resisten a reconocer el
carácter genuino de estas movilizaciones, al tiempo que buscan desconocer los
aportes que desde el pensamiento crítico en toda América latina se vienen
elaborando sobre el tema.
Este hecho incontestable nos advierte acerca de las
verdaderas dificultades que atraviesa un debate de esta complejidad, pues no
todos están dispuestos a llevar a cabo una discusión de fondo sobre qué
entendemos hoy por desarrollo, democracia, soberanía y derechos humanos.
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