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Resistencia al
ilegitimo dominio del capital
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Naomí Wolf.-Qué traerá 2012 para la ola global de protesta iniciada el pasado año? ¿Alcanzó el estallido de furia que nació en Túnez su apogeo en el distrito financiero de Manhattan? ¿O todavía veremos en 2012 una escalada de la política de disenso?
La respuesta es alarmante pero previsible: probablemente veremos una centralización mucho más coordinada de la represión y una urgencia por aprobar leyes que limiten los derechos humanos, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Aunque también es probable que haya una importante reacción de los movimientos de base.
Lo que nos muestra este drama de protesta y represión cada vez más globalizado es el poder del capital para hacer estragos con la autoridad de gobiernos elegidos democráticamente. Desde el punto de vista de los intereses corporativos globales, sociedades cerradas como China ofrecen un ambiente más propicio para los negocios que las problemáticas democracias, donde los costos son mayores por la presencia de sindicatos, altos niveles de protección de los derechos humanos y una prensa fuerte.
La contrarreacción a la protesta muestra semejanzas en todo el mundo, lo cual es indicio de que los actores estatales y corporativos ya están aprendiendo "mejores prácticas" para reprimir el disenso y al mismo tiempo mantener en pie fachadas democráticas. En Reino Unido, el primer ministro, David Cameron, ha impugnado la legislación sobre derechos humanos; la Policía Metropolitana pidió autorización para disparar contra manifestantes pacíficos con balas de plástico; además, la Policía distribuyó entre varias empresas londinenses "de confianza" un informe sobre la amenaza terrorista, con referencias al movimiento de ocupación y alusiones a "activistas sospechosos".
En Israel, Haaretz informa de que la Policía reprimió violentamente a manifestantes-ocupantes y amenazó con arrestos aleatorios. En Israel apareció como por arte de magia una nueva ley que determina que efectuar donaciones a organizaciones de izquierda podría considerarse delito; se debilitaron las leyes sobre derechos humanos y se aumentaron las multas por difamación, con lo que el periodismo de investigación también se encuentra amenazado. Haaretz lo denomina "el nuevo feudalismo".
El Congreso de EEUU aprobó en diciembre una Ley de Autorización para la Defensa Nacional, que permite al presidente suspender las garantías procesales de ciudadanos estadounidenses, detenerlos por tiempo indefinido y entregarlos a torturadores. No sería raro que en otras democracias del mundo se aprueben leyes similares.
Además de esta aprobación en cadena de leyes que criminalizan actividades de disenso, organización e investigación que hasta ahora eran legales, en las democracias avanzadas se están difundiendo tácticas violentas contra los manifestantes, detrás de lo cual se ve un ataque cada vez más intenso en dirección a militarizar la seguridad pública en países con una larga tradición civil en la materia.
De hecho, los agentes de Policía están recibiendo armas y equipos de protección cada vez más sofisticados. Se estima que en EEUU, desde los ataques terroristas del 11-S, el Gobierno federal lleva gastados 34.000 millones de dólares (25.842 millones de euros aproximadamente) en proveer material bélico a las fuerzas de Policía estatales y municipales. Investigaciones periodísticas revelan la existencia de programas de intercambio para el entrenamiento de efectivos antimanifestantes, como el envío de policías de Austin (Texas) a cursos de control de multitudes y otras tácticas en Israel.
También avanza a paso firme la globalización del uso de mercenarios para aplastar el disenso. Esto es importante en épocas de protestas globales de base, ya que es más fácil enviar a mercenarios extranjeros a reprimir a las poblaciones locales con armas de fuego o balas de goma que enfrentar al Ejército o la Policía con sus propios ciudadanos.
Pero lo que parece ser una contrarreacción coordinada frente a los movimientos globales de protesta todavía no ha triunfado, ni siquiera en China: basta ver lo sucedido en el pueblo de Wukan. Si bien todavía no se sabe cómo terminará la protesta de los habitantes locales contra la confiscación de sus tierras por parte del Gobierno municipal, el impasse actual revela que las redes sociales permiten organizar manifestaciones en menos tiempo y más coordinadamente, y diseminar rápidamente noticias no tamizadas por los medios oficiales. Internet también disemina modelos de democracia real, al instante y por todo el mundo.
Como era de prever, la forma en que las personas usan estas tecnologías indica que no quieren que las encasillen en identidades étnicas, nacionales o religiosas en pugna. La mayoría quiere democracia real y autodeterminación económica.
Estos objetivos chocan directamente con los intereses del capital global y de los gobiernos, habituados a actuar fuera del control de sus ciudadanos. Es de suponer que este conflicto se agravará en 2012, cuando las demandas de los movimientos de protesta (de Occupy Wall Street a Ocupar Moscú) se hagan todavía más uniformes.
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