Dos productores sojeros y un fumigador enfrentan penas de
hasta 25 años por rociar campos con el herbicida. Un pueblo con más de 200
casos de cáncer es el centro de la polémica. a
Según la querella, Gabrielli y Parra aplicaron durante
varios años diez litros de glifosato por hectárea en cada campaña. No es el
único químico involucrado: el insecticida Endosulfán también fue dectectado. Y
para los vecinos de Ituzaingó, este juicio puede ser el comienzo del fin de un
calvario.
Medardo Avila Vázquez, neonatólogo y ex subsecretario de Salud
de la Municipalidad
de Córdoba, es querellante particular en la causa. “En 2007 hicimos la denuncia
penal sobre la situación en Barrio Ituzaingó al constatar lo que pasaba en el
lugar y ahí nos constituímos como querellantes”, revela Avila a este portal.
Diversos estudios en su gestión constataron lo que habitantes del lugar habían
denunciado al menos desde 2001. Y el resultado final es escalofriante: 220
casos de cáncer a lo largo de la última década. Avila explica: “La tasa de
mortalidad por la enfermedad es del 33 por ciento, casi el doble que en el
resto del país. No solo pasa aquí, también hay estadísticas similares en
pueblos como Brinkmann, también en Córdoba y Murphy en Santa Fe, altamente
expuestos al glifosato”.
La muerte por cáncer no es el único problema: también se
detectaron altos niveles de toxicidad en suelo y napas, malformaciones
congénitas, leucemia, fallas renales e hipotiroidismo, entre otros. Avila
también es parte de la Red
de Médicos de Pueblos Fumigados, que ofrece simposios y charlas en centros de
producción sojera: “Nosotros creíamos en lo que decían la industria y el
Gobierno hasta que la evidencia científica demostró lo contrario. El glifosato
y los agrotóxicos provocan estas cosas. Por esto vi morir hasta a hijos de
productores”.
Sofía Gatica, vecina de Barrio Ituzaingó, perdió en 1999 un
bebé de pocos días: “Tenía una malformación renal. No aguantó. Si mi nene murió
por el glifosato, no lo puedo decir. No le hicieron un estudio a su cuerpito.
Pero no fue el único caso en el lugar. Varios nenes nacieron con lo mismo.
Adultos también, chicos jóvenes que murieron de leucemia, en cada cuadra hay
personas con pañuelos en la cabeza y barbijo por la quimioterapia”. Su hija
adolescente hoy convive con dos plaguicidas en la sangre y enfrentó
tratamientos de desintoxicación.
Junto a otras 15 mujeres de la zona formó la organización
Madres de Barrio Ituzaingó para llevar a denuncia adelante y detener a los
fumigadores. “A Gabrielli y Parra nunca los vi de frente. Cuando íbamos a parar
a las cuadrillas de fumigación estaban los obreros de ellos agitando machetes
en la mano. Como muchos cobran planes en Ituzaingó, nos decían: 'Ustedes comen
de las retenciones de la soja, viejas hijas de puta, comen de nosotros'”. La
lucha rindió frutos. Hoy nadie fumiga en Ituzaingó. A mediados de este mes,
Gatica viajó a San Francisco para ser reconocida con el Goldman Environmental
Prize, más conocido como el “Nobel verde”. Una semana antes de abordar el
avión, su sobrina había fallecido a causa del sarcoma de Ewing, una patología
tumoral en los huesos. Vivía junto a las plantaciones.
En la actualidad, a pesar de estudios y testimonios de
expertos alrededor del mundo, el Gobierno argentino avala el uso de glifosato.
Pero para Miguel Martínez, abogado y apoderado de la querella, “es un tema
cerrado penal y jurídicamente, entra en la figura legal delito de peligro. Y si
se llega a una condena, sentamos un precedente no solo en Argentina sino en el
mundo. Nunca fue punido el uso de agrotóxicos. Esto es un delito de lesa
humanidad”.
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