En los últimos años los conflictos ambientales se han multiplicado en varios países de América Latina. La explotación minera a cielo abierto, la exploración o explotación de petroleo o de gas, la construcción de centrales hidroeléctricas, o de fabricas de pasta de papel, la explotación forestal, el desarrollo de los monocultivos extensivos y hasta la construcción de una carretera, en Bolivia, han sido motivo de grandes movilizaciones de protesta, de una enérgica y prolongada oposición por parte de ciertos sectores de las poblaciones concernidas.
Cada conflicto, evidentemente, es único. Sin embargo, tienen algunos aspectos en común. El primero de ellos, en lo que respecta al origen, la falta de consulta previa, que es una exigencia válida, no sólo para los pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT), sino, racionalmente, para cualquier comunidad o población en cuyo territorio quiera llevarse a cabo un proyecto de esta naturaleza.
En este aspecto, los gobiernos, sin distinción de color político, han desarrollado un comportamiento claramente dictatorial, aprobando la realización de esos proyectos, y comenzando en algunos casos su implementación, sin la mínima información previa, sin el mínimo contacto y dialogo con las poblaciones que van a ser, mas tarde o mas temprano, directamente afectadas por las consecuencias de esas operaciones. Esta falta de respeto hacia la gente, por mucho que se trate a veces de pequeños grupos humanos, es indignante y justifica largamente las manifestaciones de protesta.
Otro aspecto común es el carácter nocivo de esas actividades. En algunos casos se trata de la contaminación de suelos, del aire, y de recursos hídricos que afectan no solo la vida humana, y la producción de la región, sino también a la biodivesidad en su conjunto. En otros casos, se trata de la usurpación de territorios ancestrales -que deberían ser reconocidos y protegidos por los Estados-, lo que obliga a ciertas comunidades indígenas a migrar hacia otras latitudes y recomenzar el proceso de adaptación. Situaciones éstas que tienen todavía un agravante insoportable, que las empresas adjudicatarias de esas concesiones no están sometidas a ningún control, ni de la población, ni de algún órgano del Estado, lo que les deja las manos libres para cometer cualquier atrocidad tanto con respecto a la naturaleza como con las poblaciones de los alrededores.
Finalmente, lo que muestran también en común estas experiencias es el fenómeno de la represión. Muy a menudo, en efecto, los Estados, enfrentados a la oposición de las poblaciones, se deciden por criminalizar esos movimientos y reprimirlos con el uso y abuso de la fuerza pública, lo que ha provocado en múltiples ocasiones evitables, condenables, y profundamente lamentables, victimas fatales.
Remanentes de la izquierda radical
Como queda dicho en los párrafos precedentes, la primera causa de los conflictos ambientales tiene que ver con el tratamiento que le dan los gobiernos, que se creen con el derecho de imponer a rajatabla sus proyectos. Sin embargo, no se puede dejar de considerar el carácter típicamente político de estas confrontaciones. Se trata, en efecto, de movimientos populares que afectan la gobernabilidad de un país. Por eso, no resulta extraño que conciten el interés de organizaciones o corrientes políticas, de todas las tendencias, como de otros actores más sutiles pero con intereses bien precisos y no siempre muy encomiables, que aparecen con el nombre genérico de ONGs.
Entre estos sectores cabe destacar algunos remanentes de la izquierda radical. Toda izquierda, sin necesidad de reclamarse radical, tiene el deber de apoyar las reivindicaciones populares, pero, debe hacerlo tratando de situarse correctamente en el contexto local, nacional e internacional. Estos nuevos conflictos, no son simples, no tienen nada que ver con los tradicionales conflictos obreros por mejoras salariales o de condiciones de trabajo. Lo que está en juego es mucho más importante.
Los pueblos originarios
En primer lugar, por lo menos en una buena parte de casos, nos enfrentamos a la problemática de las poblaciones originarias. Para decirlo lo más brevemente posible, y con un término a la moda, se trata de promover y obtener la “inclusión” (es decir, que dejen de ser “excluidos”). Para eso algunos países han reformulado su Constitución declarándose países plurinacionales y multiculturales. Dicho de otra manera, reconociéndoles a las poblaciones originarias los derechos, y las obligaciones, de todos los otros segmentos de la población.
Pero se trata de procesos recientes, y de una extrema complejidad. Uno de los aspectos principales de esta problemática tiene que ver con la noción de autonomía, que parece ser interpretada por algunas dirigencias indígenas de manera restrictiva, es decir, como el simple derecho de estos pueblos a continuar viviendo según sus costumbres y a ejercer una especie de “soberania” sobre sus territorios.
Esta tendencia al repliegue comunitario puede entenderse por dos razones. La primera, porque no tienen (salvo casos individuales) ninguna experiencia de participación en el ejercicio del poder político; la segunda, porque los propios Estados no han sabido (o no han querido)crear esos mecanismos de participación, y fomentar la intervención de representantes indígenas en las distintas instancias de la gestión gubernamental.
Los sectores de izquierda que apoyan ciegamente las oposiciones indígenas, cometen en algunos casos, en particular en los países con gobiernos progresistas, un doble error. En primer lugar, promoviendo y agudizando las contradicciones con el gobierno central, lo único que obtienen -aparte de un protagonismo fugaz- es aportar agua al molino de las derechas que siguen soñando con el derrocamiento de esos regímenes, sea por vía electoral o por un golpe de Estado. En segundo lugar, porque contribuyen a mantener estas poblaciones en las condiciones de exclusión en las que siempre han vivido.
El modelo de desarrollo
Uno de los argumentos de esta segregación voluntaria de la comunidad nacional se hace a nombre del derecho de estos grupos humanos a “definir su propio modelo de desarrollo”. Y lo que llaman con este nombre pomposo, se reduce en realidad a la simple proposición de dejarlos seguir viviendo en condiciones de extrema pobreza, que esta izquierda considera sin embargo, “edénicas” y en plena “comunión con la naturaleza”. Esto, a pesar de que múltiples organizaciones indígenas comienzan a exigir a los Estados, medidas concretas en materia de servicios, educación, salud, etc. y de protección de sus territorios contra la invasión de colonos que vienen a explotar ilegal y hasta ahora impunemente, sus principales recursos naturales.
Frente a esta problemática, esa izquierda, que sigue creyéndose radical, parece haber perdido la brújula. Ya no se trata de la lucha frontal contra el capitalismo, menos aún por construir una sociedad socialista. Ahora, huérfana de perspectiva estratégica y táctica, está reformulando su discurso, dándole un sorprendente tono apocalíptico, cuasi místico. De lo que se trata -afirma-, es de salvar el planeta, la vida humana. El viejo marxismo se ha reciclado pues en ecologismo.
Esta evolución no tiene nada de extraña. Es perfectamente cierto que los problemas ambientales, ligados en particular a la explotación intensiva de los recursos naturales, generalmente en los países pobres, es hoy un tema de capital importancia. Sin embargo, algo que todavía no ha entendido esta izquierda, y otros sectores “bien pensantes” de los países ricos, es que la rueda de la historia, lamentablemente, no se puede parar.
La inversión extranjera
Ocurre, en efecto, que el modo capitalista de producción es dominante, y el mercado sigue siendo el único medio de relación entre los países. En ese mercado todos estamos inmersos y, más aún, dependemos de él. Sin embargo, que se deje de producir unilateralmente el oro en el Peru, el petroleo en Argentina, o el litio en Bolivia, no va a cambiar absolutamente nada en el mundo, y no le va a provocar el menor daño al sistema capitalista. Lo único que puede tener un efecto real en la evolución necesaria de la protección ambiental son decisiones a nivel global, que obliguen a todos los países a observarlas, y no sólo a aquellos que son los más pobres.
En cambio, negarle a esos países las posibilidades de desarrollo, aprovechando el aumento coyuntural de precios de las materias primas en el mercado mundial, es condenarlos a perpetuarse en la pobreza, es decir, en la incapacidad de alcanzar para todos sus habitantes niveles de vida dignos. Defender pues el desarrollo, es defender el derecho de millones de personas a tener un trabajo que les de lo suficiente para vivir, a tener una vivienda digna y servicios básicos, como agua corriente, desagüe, electricidad, transportes públicos,etc., y que no sigan muriendo de enfermedades curables, o de desnutrición, y que los jóvenes puedan seguir estudios, tener un empleo y fundar sin angustias existenciales nuevas familias.
Es cierto, sin embargo, que ese tipo de explotaciones, que se hace a través de grandes compañías multinacionales, constituye para éstas un excelente negocio. Es la ley del capitalismo. Cuando no se tiene ni los capitales ni las tecnologías necesarios, como ocurre en todos nuestros países, no queda otra alternativa que recurrir a la inversión extranjera. Y esto no implica forzosamente una política “extractivista”, ni la sumisión al neoliberalismo, sobre todo cuando se negocian correctamente las condiciones financieras de la inversión, cuando se les impone a esas compañías el respeto de estrictas normas de protección medioambientales y cuando la renta minera se distribuye con criterios de justicia social y se aprovecha para financiar la reconstrucción de la estructura industrial del país, destruida precisamente por el neoliberalismo.
Una actitud responsable, constructiva
Es entonces un error oponerse ciegamente a toda explotación de recursos naturales. En las circunstancias actuales cualquier gobierno, de cualquier tendencia, que quiera resolver los problemas socio-económicos de su país necesita imperativamente de esos ingresos. Dicho entre paréntesis, son esos ingresos, en particular del petroleo, los que han permitido -por señalar un ejemplo- la existencia y el desarrollo de la experiencia progresista venezolana. Chavez no sólo ha elevado considerablemente los niveles de vida de su pueblo, y comenzado paralelamente un proceso de industrialización, sino que, con su producción petrolera y los considerables beneficios financieros que le procura, esta jugando hoy un rol fundamental a distintos niveles de la necesaria integración latinoamericana.
En contexto actual la izquierda tiene también un rol que jugar, como en parte lo esta haciendo hoy en el Peru, frente al proyecto Conga. Se trata de obtener, si no es para éste, por lo menos para los futuros proyectos del mismo tipo, que se respete escrupulosamente la obligación de la consulta previa, que los estudios de impacto ambiental sean hechos por profesionales independientes (de la empresa y del gobierno) y cuyos resultados sean vinculantes, es decir, a los que todos deban someterse, aún si le proyecto es declarado inviable, o si las medidas necesarias de mitigación de sus consecuencias negativas son financieramente importantes. Además, que a todo lo largo de la explotación organismos ad hoc del gobierno y de la población aledaña ejerzan un control riguroso del desarrollo de los trabajos. Esa seria una actitud responsable, constructiva por parte de quienes aspiran a ejercer alguna vez responsabilidades de gobierno.
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