domingo, 1 de abril de 2012

Un río de acero fluye a través de la frontera entre México y EE.UU. Asesinatos S.A.: Armas, la NRA y la política de la violencia en la frontera mexicana



Mark Karlin.-Una falange de personal policial y militar estadounidense patrulla la frontera mexicana a la busca de migrantes indocumentados y narcotraficantes, pero hay relativamente pocos esfuerzos por impedir que armas de fuego, cada vez más semiautomáticas de estilo militar, ingresen a México. Por cierto, mientras el flujo del Río Grande separa la mayor parte de Texas de México, las armas fluyen hacia México en un “río de acero” desde EE.UU.
A diferencia de las verdes aguas del Río Grande, que comienza en Colorado e inicia su flujo hacia el sur a través del Estado de Nuevo México antes de llegar a la frontera mexicana cerca de El Paso, el río de acero de armas ilegalmente traficadas fluye hacia el sur, a lo largo de una frontera de cuatro Estados (que incluye terreno desértico, montañoso y urbano), con pocos obstáculos que desvíen su mortífero curso.
El mayor punto de ingreso de armas ilegalmente transportadas a México para armar a los cárteles es, supuestamente, el Puente Internacional Gateway que cruza en Brownsville, pero es difícil de confirmar. De hecho, las armas entran a México a lo largo de toda la frontera (de cerca de 3.200 kilómetros), en su mayoría a través de pequeños traficantes que ocultan el contrabando en sus coches, camionetas o camiones. Las armas de fuego son básicamente imposibles de conseguir en México por los ciudadanos, pero tal vez hasta un 90% del armamento utilizado en la narco-violencia en México procede de EE.UU., según rastreos estadounidenses, aunque algunos argumentan que la cifra es mucho más baja, y que cantidades considerables de armas cortas también provienen de otros países.

El resultado de la negligente regulación de armas en EE.UU. es literalmente letal. Una serie de cálculos, combinados con cifras mexicanas oficiales pero imperfectas, estiman que las víctimas mortales de la guerra de la droga fueron de 40.000 a 5.000 en los últimos cinco años. Es probable que muchas de las víctimas hayan muerto por armas provenientes de EE.UU.
Hacia el Valle de Juárez, tal vez con la tasa más alta de asesinatos del mundo
El macabro impacto sobre México es espantoso, como describe la periodista del Texas Observer  Melissa Del Bosque, en un artículo sobre el Valle de Juárez: “Para llegar al sitio más letal de México se toma la Carretera Federal 2, un trecho bien pavimentado de carretera que comienza en las afueras de Juárez, siguiendo hacia el este durante 80 kilómetros a lo largo del Río Grande, pasando por campos de algodón y alfalfa hasta que se llega al rural Valle de Juárez, del que se dice que tiene la mayor tasa de asesinatos del país, si no del mundo”.
Del Bosque revela una sombría imagen del coste de la guerra contra la droga, que se nutre de armas estadounidenses y un multimillonario mercado de consumo de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina en EE.UU.:
Durante décadas, este lucrativo corredor de contrabando, o “plaza”, fue controlado por el cártel de Juárez. En 2008, el mayor y más poderoso sindicato –el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán– declaró la guerra al cartel de Juárez y se trasladó para tomar el territorio. El gobierno federal envió a los militares para sofocar la violencia. En su lugar, la tasa de asesinatos en el Estado de Chihuahua explotó. El derramamiento de sangre en ciudad de Juárez llegó a las noticias internacionales. Recibió el apodo de “ciudad más letal del mundo”. Se estaba derramando tanta sangre en Juárez que pocos fuera de la región notaron que la violencia se propagaba al valle rural hacia el este, donde los asesinatos y atrocidades comenzaron a ocurrir a diario. Agentes de la policía, dirigentes políticos y activistas eran eliminados a tiros en las calles. En 2009, el valle con una población de 20.000 personas, tenía una espantosa tasa de asesinatos de 1.600 por 100.000 habitantes –seis veces superior a la de su vecina “ciudad más letal del mundo”– según cálculos gubernamentales.
El presidente mexicano Felipe Calderón, quien se ha presentado a veces como si cooperara con la guerra contra la droga de EE.UU. (y que solo expresó recientemente que tal vez un énfasis en la reducción del consumo de droga en EE.UU. –o la legalización de las drogas– podría ser una alternativa más efectiva) se desesperó en público respecto al arsenal de armas que EE.UU. envía en su dirección. De hecho, en febrero, MSNBC informó de que Calderón “publicó un cartel de ‘No más armas’ hecho con armas de fuego destruidas”.
“Instó a EE.UU. a detener el flujo de armas hacia México”, sigue diciendo el informe. “El cartel, que está escrito en inglés y pesa 3 toneladas, se colocó cerca de un puente internacional en Ciudad de Juárez y se puede ver desde EE.UU.”
“Queridos amigos de EE.UU., México necesita vuestra ayuda para detener esta terrible violencia que estamos sufriendo”, rogó Calderón en inglés en la presentación del cartel. “La mejor forma de hacerlo es detener el flujo de armas automáticas hacia México”. (Aunque algunos críticos de Calderón, hay que señalar, dicen que está utilizando el problema del suministro de armas de EE.UU. para distraer del papel del gobierno en el baño de sangre en México).
La Asociación Nacional del Rifle (NRA por su acrónimo en inglés) asegura que incluso gente en la Lista de Vigilancia de Terroristas puede comprar armas
Las fuentes del río de acero de armas hacia México comienzan lejos, (como ha señalado Truthout también es el caso de los catalizadores tras el muro de la frontera). Las fuentes del río están en Washington, DC y en congresos estatales de toda la nación, donde la Asociación Nacional del Rifle y la industria de las armas de fuego se han asegurado de que las frágiles leyes de armas posibiliten que incluso gente en la lista de vigilancia de terroristas compre armas.
Calderón, en Juárez, afirmó que “el actual período de violencia en México comenzó en 2004 después de la expiración de una prohibición federal de EE.UU. de la venta de armas de asalto”. Según El Paso Times : “Dijo que la fuerte presión de la industria de armas de EE.UU. sigue existiendo y que lamenta la falta de voluntad política del Congreso de EE.UU. para renovar la prohibición [de armas de asalto]. (Críticos de Calderón argumentan que esto representa una estrategia oportunista para distraer la atención de la participación del gobierno y de los militares mexicanos en el aumento de los asesinatos, una gran cantidad de ellos muertos civiles).
La exitosa derrota por parte de la NRA de una prohibición nacional ampliada de las armas de asalto ha jugado aparentemente un papel significativo en la disponibilidad y uso de armas de estilo cada vez más militar por parte de los cárteles. Según la Oficina de Auditoría General de EE.UU. (GAO) –citada en un caso judicial– “las armas de fuego se han hecho cada vez más poderosas y letales en los últimos años… [Cerca de un 25% de las armas de fuego confiscadas en México y rastreadas en el año fiscal 2008 [eran de] grueso calibre y de gran potencia, como rifles semiautomáticos de tipo AK y AR-15, que disparan munición capaz de perforar blindaje utilizado frecuentemente por la policía mexicana”.
El lazo entre la NRA y la industria de armas –incluidos fabricantes, traficantes de armas y “coleccionistas”– hace que sean inseparables y una fuerza virtualmente indomable en Washington DC y en los congresos estatales. Sean las que sean las interpretaciones legales de la Segunda Enmienda que pueda provenir de los tribunales, es evidente que las armas semiautomáticas no existían en la época de la Revolución Estadounidense.
Los cárteles mexicanos son un lucrativo mercado final para los fabricantes y vendedores de armas de EE.UU.
“La militarización define el mercado de armas actual de EE.UU., desde armas de asalto hasta rifles perforantes de blindaje de calibre 50 para francotiradores”, dice Tom Diaz del Violence Policy Center y autor de Making a Killing: The Business of Guns in America.
“El diseño y mercadeo de armas de fuego de estilo militar por parte de la industria de armas de EE.UU. encaja perfectamente con los deseos de los traficantes mexicanos que quieren armas letales, fiables, asequibles y fácilmente disponibles adecuadas para un ejército”.
Es importante recordar que la industria de las armas es un sector empresarial de manufactura/comercio al estilo de la Cámara de Comercio, pero con la dimensión adicional de tener un lobby en la base de propietarios de armas –primordialmente varones mayores, blancos– que consideran cualquier regulación como una violación de su masculinidad y de lo que consideran sus derechos según la Segunda Enmienda. Como señala Diaz, es una industria que busca nuevos mercados expandidos que puedan aumentar su rentabilidad mientras disminuye el porcentaje de consumidores estadounidenses que poseen armas. Uno de los productos “innovadores” clave de la industria son las armas de estilo militar, y los cárteles mexicanos son grandes y lucrativos consumidores finales.
La NRA se opone no solo a importantes formas de control de armas (prohibiciones de pistolas, por ejemplo), sino incluso a las leyes y regulaciones más sensatas que ayudan al mantenimiento del orden. Hace poco, ha emprendido una lucha de un año de duración contra su némesis, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), contra requerimientos de información de comerciantes de gran volumen con licencia federal en el área de cuatro Estados contiguos a México que realizan múltiples ventas de armas de asalto a un solo cliente.
Este requerimiento fue considerado necesario por la ATF porque el rastreo de armas ha revelado que la mayor parte de las armas de fuego entran a México en manos de lo que son llamados compradores testaferros. Son individuos reclutados por los cárteles para que compren armas en Estados como Texas (o incluso más al norte) pretendiendo que son compras personales, cuando, en los hechos, la intención es revenderlas con una comisión considerable a los cárteles de México.
La información sobre múltiples ventas de armas largas altamente letales a compradores individuales ayuda a identificar a potenciales compradores testaferros. Las oficinas locales de la ATF en la región cuatro Estados del sur de EE.UU. confirmaron a Truthout que el papeleo de múltiples ventas de ciertas armas largas a la misma persona, un documento conocido como formulario 3310.12, se requiere actualmente a comerciantes designados en California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Pero incluso este requerimiento no capacita a los funcionarios del mantenimiento del orden para obstruir vigorosamente el tráfico ilegal hacia México. Se debe, como un agente de la ATF dijo a Truthout , a que el formulario no soluciona el problema de un comprador testaferro individual que compra armas de múltiples comerciantes o las compra fuera de los cinco días hábiles requeridos para la información. Tampoco encara la escapatoria de las ferias de armas, donde los coleccionistas pueden vender armas sin ningún requerimiento de información, o el problema de múltiples ventas de armas de asalto fuera de la región de cuatro Estados. (Las armas de asalto provienen pocas veces de California, dijo el agente de la ATF, por la prohibición estatal en ese Estado.) Tampoco elimina las esposas que se han colocado a la ATF y al mantenimiento del orden local que prohíben muchos potenciales esfuerzos sistémicos, nacionales, de control y medidas para detener el crimen de las armas.
La NRA y la industria de las armas se oponen a regulaciones mínimas para reducir la cantidad de armas de fuego ilegales destinadas a México
Por cierto, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro y la NRA siguen impulsando litigación contra el instrumento mínimo de la información de las ventas de armas de asalto múltiples en los cuatro Estados, a pesar de que ayudará a reducir la cantidad de armas que cruzan hacia México.
Cuando un juez de distrito federal dictaminó a favor de la regulación de la ATF en enero, la NRA indicó rápidamente que seguirá luchando por anular el requerimiento de información.
“Estamos en desacuerdo con el juez y presentaremos una apelación”, dijo, según ABC , el portavoz de la NRA Andrew Arulanandam cuando le preguntaron por el dictamen. “Es una prueba más de que el gobierno de Obama tiene la intención de culpar a los propietarios de armas y a la Segunda Enmienda por un problema que tiene su raíz en México”.
Durante años, la NRA ha realizado un desdeñoso y exitoso esfuerzo para menoscabar la autoridad de prevención del crimen de las armas de la ATF. Es el motivo por el cual el Senado, controlado por la NRA, no ha confirmado un director de la ATF desde 2006, dejando a la agencia bajo la dirección de una serie de directores interinos.
Hay que comprender que la NRA obedece al punto de vista de Ayn Rand respecto a la regulación de la ley de armas: no debería existir un “mercado libre” idealizado, incluso si impide la actividad criminal y la violencia. Se opone a un esfuerzo de la ONU para limitar el tráfico de armas pequeñas entre naciones. A mediados de los años noventa, el jefe de la NRA, Wayne LaPierre incluso comparó a los agentes de la ATF con milicianos nazis, llamándolos “matones del gobierno”. Esto enfureció tanto al expresidente George H.W. Bush que renunció a su calidad de miembro en la NRA.
Hace poco, la NRA utilizó al congresista republicano por California Darrell Issa para emprender una cruzada contra la ATF basada en su llamada operación Rápido y Furioso orientada a seguir a compradores testaferros a sus clientes de los cárteles de México a fin de identificar a los cabecillas. Algunas armas “se perdieron”, y una de ellas se utilizó para matar a un agente de la Patrulla Fronteriza. Por lo tanto, ahora Issa y la NRA están recriminando a la ATF a fin de debilitar aún más la regulación de armas.
El único resultado de una cacería de brujas partidista sería que llegasen más armas a México y que hubiera más muertes en ese país. Rápido y Furioso se originó realmente de un programa del gobierno de Bush llamado Proyecto Traficantes de Armas. Vale la pena señalar que el representante Issa –quien llegó a ser presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara en enero de 2011con el objetivo abiertamente declarado de perseguir al gobierno de Obama con citaciones legales– votó por una enmienda en la Cámara que habría prohibido la promulgación del requerimiento de información sobre múltiples armas de asalto de la ATF para los Estados del Sur. Issa también alardeó de su calificación “A” de la NRA.
El Washington Post dice que las débiles leyes sobre armas posibilitan los asesinatos en México
“Las leyes permisivas de armas en EE.UU. posibilitan asesinatos en México” tituló el Washington Post un editorial de este año, oponiéndose al ataque de Issa contra la ATF:
Rápido y Furioso fue una reacción bienintencionada, mal enfocada -y no la causa- de la proliferación de armas ilegales en México. Para contener ese flujo, el gobierno de Obama y el Congreso deberían escuchar los ruegos del señor Poire Romero [un alto funcionario mexicano del mantenimiento del orden y de la seguridad] y sus compatriotas, resucitando la prohibición de armas de asalto y cerrando la escapatoria de las ferias de armas que facilitan demasiado la venta de armas sin un control de antecedentes. La Casa Blanca y los legisladores deberían trabajar para promulgar un estatuto federal de tráfico de armas de fuego y aplicar penas más duras a las compras de testaferros ilegales. Los legisladores también deberían confirmar un jefe para la ATF y dar a la asediada agencia suficiente dinero y personal para cumplir su misión de mantener las armas ilegales fuera de las manos de criminales a ambos lados de la frontera.
Debido al estrecho control de la NRA sobre el Congreso y los congresos estatales, el Washington Post publico otro editorial, en 2011, que apunta más directamente a la responsabilidad de la sangría resultante del río de acero de armas hacia México: “El lobby por los derechos a las armas ha gastado considerable tiempo y energía en busca de un objetivo: inhabilitar la ATF. Ha tenido éxito en gran parte, y con calamitosas consecuencias”.
La NRA se opone a modestas recomendaciones de mantenimiento del orden para facilitar la reducción del flujo de armas a México –como las incluidas en un informe presentado por los senadores Dianne Feinstein, Sheldon Whitehouse y Chuck Schumer– mediante la intimidación y contribuciones a las campañas electorales en el Senado.
Es fácil comprar armas en Texas porque son "baratísimas"
No lejos del principal puente Brownsville hacia México, se puede parar en una tienda que anuncia “Armas, cerveza y fuegos artificiales”. Todo lo que se necesitará es dinero para la cerveza y los fuegos artificiales y una licencia de conducir para las armas. O se podría ir de compras a una tienda de armas de fuego al norte del Boulevard Boca Chica de Brownsville, en la que anuncian armas “baratísimas”.
Es posible, argumentarán algunos, que la cantidad generalmente importante de armas que parten de los mercados de consumidores e ilegales a México sea exagerada. Charles Bowden, un legendario escritor sobre el área fronteriza, y Molly Molloy, una tenaz registradora de las muertes en Juárez desde su posición de bibliotecaria de investigación para Latinoamérica y la frontera en la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces, creen que muchas armas más provienen de otras fuentes, incluidas armas de fuego que EE.UU. permite que los traficantes de armas estadounidenses vendan directamente a las agencias militares y de mantenimiento del orden de México.
Por cierto, según CBS News, muchas ventas de armas de estilo asalto militar, aprobadas por el Departamento de Estado, llevan a armar a los cárteles debido a la polinización cruzada entre segmentos corruptos del ejército mexicano y los cárteles. Incluso Larry Keane de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro dijo a CBS News : “150.000 soldados mexicanos, o más, desertan para ir a trabajar para los cárteles, y pienso que se puede suponer que cuando desertan se llevan con ellos sus armas de fuego”.
También se ha argumentado que el ejército mexicano ha jugado un papel significativo en la matanza de civiles y que, por lo menos en algunos casos, utilizó armas vendidas por compañías estadounidenses. Además, Bowden y Molloy argumentan a favor de que incluso si muchas armas dejaran de llegar de EE.UU., los cárteles y el gobierno mexicano tienen miles de millones de dólares para encontrar otros proveedores.
Bowden y Molloy, quienes compartieron con Truthout sus preocupaciones de que el tema del suministro de armas desde EE.UU. no distraiga la atención del papel del gobierno mexicano en los continuos asesinatos en México, pueda efectivamente justificarse.
Pero sin tener en cuenta si la cantidad de armas de EE.UU. es de un 90%, 70% o incluso 50% o menos del poder de fuego de los cárteles, de los militares y del “mantenimiento del orden” mexicanos –y sin tener en cuenta si los mismos que matan civiles tienen vastos recursos financieros para comprar armas de fuego de otras naciones– ¿no es una obligación moral de EE.UU., en estas circunstancias, limitar su papel al posibilitar la cantidad de asesinatos en la zona de guerra en México?
Es uno de los acuerdos tácitos que subyacen la política de drogas y armas de EE.UU.: compramos las drogas a México y los cárteles compran muchas de sus armas a través de compradores testaferros y otras adquisiciones ilícitas o con aprobación del Departamento de Estado para los militares y la policía. Dejemos de lado la retórica política: es la realidad en este sombrío intercambio de bienes, sea cual sea “el daño colateral”.
Existe otra ruta que puede ser tomada por EE.UU. Joan Burbick, profesora de inglés y estudios estadounidenses en la Universidad del Estado de Washington, concluye su libro Gun Show Nation con esta alternativa a la actual política de armas de EE.UU.:
¡Cuánto más fácil es creer en la política del arma, y luchar por nuestro derecho a estar armados, que enfrentarnos a las armas y edificar instituciones sociales y civiles que sustenten nuestra sociedad y promuevan la justicia económica y social! El arma es, en última instancia, un atajo, una estrategia para soslayar el consenso. Lo que está en juego es una voluntad de participar en la democracia. Sigue existiendo la pregunta: ¿Podemos dejar de lado la política letal del arma y ocuparnos de nuevo del desafío de la democracia?
Sería por ciento un modelo digno que podríamos suministrar a México, en lugar de ser la fuente de un río de acero de armas que deja tras de sí una cantidad de víctimas tan letal y horripilante.

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