Por Alfredo Seguel.-Al modelo forestal lo trajeron como un
ejemplo de desarrollo, pero se está cayendo a pedazos. La plaga de Sirex
noctilio o Avispa taladradora está extendida desde la Región del Maule hasta la Región de Los Lagos y tiene
en alerta al mercado internacional. A su vez, las empresas no califican para
sellos internacionales que avalen su producción. Se comienza a limitar la
expansión, vienen coletazos por las consecuencias de los incendios y la
credibilidad lentamente se desmorona junto con el lucro generado a costos muy
altos.
También, en ese contexto, considerando los conflictos que
tienen las empresas con comunidades indígenas en Chile, los impactos socio
ambientales que se le atribuyen, más la plaga, entre otras, definitivamente las
empresas no califican para la obtención de sellos ambientales con estándares
internacionales como Forest Stewardship Council (FSC), lo que lo complica aún
más en el mercado internacional, ya que a la fecha, las empresas chilenas solo
tienen un sello entregado por el propio Estado chileno denominado Certfort
Chile.
Certfort Chile reinaba desde el año 2000 a favor de las
principales empresas chilenas forestales para evadir sus obligaciones en
materia ambiental y en derechos humanos, poder limpiar su imagen y obtener
suculentos negocios internacionales. Hoy, los mercados exteriores se van
volviendo más exigentes e incorporan diversos indicadores en sus estándares.
Las empresas requieren nuevos sellos para avalar su productividad y comercio
como “sustentables” y no califican.
Cabe mencionar que en Chile existen más de tres millones de
hectáreas de plantaciones exóticas controladas principalmente por los grupos
económicos Matte (CMPC, Mininco, Crecex, Monteaguila, con más de 750 mil
hectáreas) y Angelini (Arauco, con más de un millón de hectáreas), cuyos patrimonios
han sido obtenidos principalmente a raíz de los beneficios y privilegios desde
el Estado de Chile, manteniendo proteccionismos para sus intereses de manera
política y legislativa, con tráficos de influencias, enriquecimientos ilícitos
y una red política y económica corrompida en desmedro de los derechos de una
gran mayoría de personas y los pueblos que coexisten en este país.
Otro punto que pone a la palestra a estas empresas son los
actuales focos incendiarios en diversas localidades del centro sur chileno y de
manera generalizada, coincidiendo con la expansión de la plaga de Sirex
noctilio o Avispa taladradora, lo que también, en caso de no existir colusión,
debería poner en alerta a las empresas aseguradoras por siniestro de incendios
en favor de las empresas forestales y que deberían indagar así como toda
instancia pública decente.
Por otra parte, a pesar de toda la campaña mediática en los
incendios para encubrir verdades, también se irá limitando la ofensiva estatal
con las empresas de expansión e introducción de especies exóticas forestales.
Una, porque ya hay mayor conocimiento desde sectores campesinos y de
comunidades mapuche que estas especies exóticas como el pino y el eucaliptos
secan las tierras, succionan las napas subterráneas y generan verdaderos
desiertos donde, sumado a las altas temperaturas y la resequedad de sus estructuras,
principalmente de los pinos, las hacen un peligro constante para focos de
incendio y ahora con la amenaza de la plaga hace inviable toda iniciativa
productiva. Por lo tanto, habrá mayor reticencia y las proyecciones disminuirán
considerablemente.
Expandir la industria forestal en el presente, es además
dejar sin agua a las poblaciones, en zonas de valle y exponerlas a los peligros
de incendio, más aún a sabiendas que en las zonas cordilleranas se busca
intervenir las aguas, ya sea por geotermas, hidroeléctricas (como lo hacen los
mismos Matte) o mineras (como lo hace Angelini), que fluyen hacia los
territorios de abajo y desembocan en el mar y la suma genera una disminución
progresiva que puede ser letal para las mayorías, como ya se había indicado.
EL PODER DEL IMPERIO MATTE
Grupo Matte, familia Matte (Eliodoro, Bernardo y Patricia),
en el año 2010 tenían una fortuna de US$ 8.100 millones de dólares y hoy, con
una fortuna que supera los US$ 10.400 millones de dólares, sus principales
actividades económicas se basan en la expansión de la industria forestal y de
la industria de celulosa (papeleras). Algunas de sus empresas son: Empresas
CMPC (55,4% de la propiedad): Empresa forestal integrada, con producción de
madera, celulosa, papel y otros productos industriales y de consumo masivo.
Empresas CMPC tiene una capitalización bursátil superior a los US$ 7.200
millones de dólares. Junto con la celulosa–papelería una de sus principales
empresas es Forestal Mininco. En energía está Colbún (49% de la propiedad), que
es una de las mayores empresas de generación eléctrica de Chile, con una
capacidad instalada de 2.521 MW y una capitalización bursátil de
aproximadamente US$ 2.600 millones de dólares. En la Banca Comercial
(Banco Bice): Banco comercial corporativo y de personas con activos por
aproximadamente US$ 2.700 millones de dólares, que además cuenta con
actividades de leasing, factoring, hipotecarias y comercio exterior. También en
seguros de vida, securitización, inmobiliario, inversiones.
ANGELINI
Angelini, cuyo origen de acumulación de riquezas la forja
Anacleto Angelini, ya fallecido, quien en 1990 entró al ranking de los más
ricos del mundo de la revista Forbes. En el ranking Forbes del año 2006 fue
clasificado en el lugar 181 en el mundo y 10° en el ámbito latinoamericano; en
el año 2007 fue clasificado en el lugar 119 mundial, siendo así el mayor
millonario de Chile y de Sudamérica en su momento. Formó una fortuna que se
calcula mínimamente en seis mil millones de dólares en la actualidad. Sin embargo,
no hay claridad exacta de su fortuna ni entre quiénes es manejada, la que
estaría distribuida entre su viuda y su sobrino Roberto Angelini, quien maneja
los negocios.
Actualmente, el grupo Angelini es uno de los mayores
productores mundiales de harina de pescado, controlando también el rubro de
combustibles y forestal. Su mayor activo, Empresas Copec, es hoy una empresa
diversificada con una importante participación en el negocio forestal a través
de su filial Celulosa Arauco, siendo además la mayor empresa chilena medida por
capitalización bursátil. Antar Chile es otra empresa destacada donde el actual
Presidente Piñera también fue accionista al igual que en Copec.
LOS IMPACTOS QUE HA VENIDO GENERANDO LA INDUSTRIA
Desplazamiento del bosque nativo; pérdida de los recursos
hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes
denuncias entre la IX
y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua);
uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas;
acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; destrucción de
caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada,
principalmente en tiempos de cosecha; pérdida de flora y fauna (también plantas
medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del bosque nativo y
ecosistemas; suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de
forestales industriales, lo que conlleva a la perdida de soberanía y seguridad
alimentaria; transgresión de lugares sagrados; el aumento de emigración
(disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración forestal,
son parte de sus consecuencias.
Como consecuencia de este modelo, la destructiva industria
de celulosa se viene expandiendo, propiedad de estos mismos grupos económicos
como las de Angelini: Nueva Aldea, Celco, Licancel, Constitución, Arauco,
Valdivia; o bien, la del Grupo Matte: Laja, Santa Fe, Pacífico-Mininco, que son
un ejemplo de estas consecuencias cuyos impactos hace rato han quedado a la
vista.
Considerando que el patrimonio forestal de las grandes
compañías está prácticamente agotado en las regiones VII y X para adquirir
grandes paños, la expansión va apuntada a incorporar paralelamente a sectores
campesinos y mapuche para que se transformen en forestadores y para este fin se
hizo una prórroga del Decreto Ley 701 que va en ese sentido como política de
estado, bajo la complicidad y sometimiento de los sectores políticos gobernantes.
El Decreto Ley considera en el presente ciertas
modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta actividad,
contemplando un incentivo del 90% para los pequeños propietarios, en las
primeras 15 hectáreas ,
un 75% para los medianos propietarios y un 50% para los grandes propietarios,
según comunicó Conaf.
Esta prórroga ha sido celebrada por diversos sectores
políticos de la Alianza
por Chile y de la
Concertación y se ha considerado como un importante beneficio
y oportunidad que, según comentarios de varios legisladores, beneficiará
principalmente a pequeños y medianos propietarios rurales.
Cabe mencionar que dicho Decreto (701) se instaló en 1974,
durante la dictadura militar, tendiente a otorgar beneficios con arcas fiscales
a los principales grupos económicos del país (Matte y Angelini) para imponer
bajo subsidios un oligopolio en la industria forestal.
Esta versión empresarial señaló que “ahora corresponde al
Estado generar las estrategias y los instrumentos para que los actuales
propietarios de esas tierras pueden entrar al negocio forestal, con un
horizonte de 15 a
25 años. Agregó que existen unos cuatro millones de hectáreas en la Séptima , el norte de la Octava y la Novena Región de
terrenos aptos para ser forestados”. En el presente, como política de Estado se
pretenden doblar las más de tres mil de hectáreas que hay actualmente, de aquí
al año 2025.
CONFLICTO FORESTAL CON EL PUEBLO MAPUCHE
Cabe mencionar que una de las principales razones del
conflicto forestal y comunidades mapuche, es por la tenencia de la tierra. Una importante
parte de los territorios que se reivindica está en poder de las empresas, ya
sea por reclamaciones ancestrales o de denuncias de usurpación contemporánea.
Asimismo, la expansión forestal en el territorio ancestral
mapuche ha sido una afrenta al derecho propio, la cosmovisión y cultura
mapuche. La arremetida de la industria se ha convertido en un símbolo de neo
colonialismo y contaminación social.
Por otra parte, decenas de personas mapuche han sido o están
siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y fiscalías militares
por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales en el marco
de conflictos con empresas forestales. A esa cifra, se suman órdenes de
detención y presos entre las VIII y X regiones. Decenas de ministros especiales
y numerosas fiscalías militares se han encargado de investigar “hechos de
violencia” -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales.
Decenas de dirigentes y comuneros mapuche se encuentran sometidos a proceso, en
varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la
ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron
aplicadas de manera activa y vigente en los últimos gobiernos, como forma de
control social a las protestas sociales mapuche. A esta aplicación, se agrega
que numerosas personas mapuche han debido enfrentar el sistema procesal penal,
que entró en vigencia desde el año 2000.
En el año 2002, desde la muerte del joven mapuche Alex
Lemún, asesinado por un oficial de carabineros en un predio que la comunidad
reclamaba de la empresa forestal Mininco, se inició el plan de Operación
Paciencia, coludidamente por sectores públicos y privados quienes arremetieron
con diversas estrategias para desmovilizar.
Como efecto de esta represión, zonas rurales mapuche en
Ercilla, Traiguén, Lumaco, Chol Chol, Imperial, Collipulli, Purén, Tirúa, Lebú,
Cañete, entre otras, han debido enfrentar numerosos allanamientos y operativos
policiales con graves secuelas a la vida social, cultural y sicológica de las
familias, hechos que se repiten hasta el día de hoy.
La última, fue el levantamiento mediático del gobierno
chileno en el marco de los incendios forestales, quienes de manera
irresponsable y desprolija emitieron declaraciones públicas desde el Presidente
de la República
de Chile, Sebastián Piñera, de su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y
de las autoridades regionales designadas, quienes afirmaron tener antecedentes
de que los incendios forestales que afectan a diferentes territorios mapuche
del sur de Chile, tendrían una causal de origen “terrorista” y que de manera
paralela han responsabilizado a organizaciones mapuche, junto con anunciar la
aplicación de la
Ley Antiterrorista sólo en la Región de la Araucanía , cuando los
mayores focos incendiarios han sido en la Región del Bío Bío, sin considerar los de Torres
del Paine.
Por Alfredo Seguel
Director de Mapuexpress.net
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