Al servicio del lobby nuclear español

Salvador López Arnal.-Ni Fukushima ni las supuestas pruebas de resistencia los tiran para atrás. Por previsible no es menos decepcionante. Miguel Sebastián, el ministro de Industria de un gobierno casi liquidado, al servicio del lobby atómico-eléctrico español (en este caso, sin exclusión de ninguna nacionalidad, periférica o no). Veamos primero algunas pinceladas del escenario atómico catalán.

“Tamquem les nuclears” [TN], una asociación científica y poliética libre de todo atisbo de indocumentación, ha explicado claramente por qué no deseaban que Ascó obtuviera otro permiso de funcionamiento. Se agolpaban las razones. Recojo algunas de las informaciones que pueden verse en la página de este colectivo antinuclear catalán [1].

Los graves problemas estructurales de la central, que se han manifestado en la acumulación de incidencias y problemas de funcionamiento (casi un centenar en los últimos cuatro años), en la deteriorada política de seguridad (una fuga de partículas radiactivas de 26 de noviembre de 2007 que fue ocultada durante más de cuatro meses por la dirección de la central y el Consejo de Seguridad Nuclear), en la falta de control legal (ya han pasado casi cuatro años sin depurar las responsabilidades legales), en la demostrada inestabilidad geológica de su emplazamiento, “son motivos más que suficientes para que la central no vuelva a entrar en operación”.

El informe del CSN de 29 de julio sobre Fukushima no contempla ninguno de los riesgos puestos de manifiesto por esta catástrofe. Para TN, el informe pone de manifiesto básicamente tres cosas: el reconocimiento de que la central tiene deficiencias, otorgando, en cambio, un "cheque en blanco" para que los propietarios continúen su negocio sin molestias (este ha sido finalmente el caso); una decisión precipitada que vuelve a mostrar un organismo público sumiso a los intereses y al calendario de las empresas eléctrico-nucleares y, contradiciendo la letra de sus últimas declaraciones, “una voluntad del CSN de desmarcarse de las líneas que se están siguiendo por parte de los reguladores nucleares a nivel internacional”, líneas que, en principio, pura retórica publicitaria en ocasiones, dan prioridad a la seguridad por encima de los negocios, mayor rigor en la evaluación de riesgos y plazos de licencia más cortos.

El informe de julio de 2011 establece nueve límites o condiciones de operación, si bien deja a los propietarios de la central un margen superior a un año para su aplicación, y señala 17 instrucciones técnicas complementarias que serán remitidas directamente por el CSN al titular, Ministeriales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Las dos decisiones, señala TN, “suponen una negación de todo lo ocurrido en Fukushima, y una burla a las prioridades de seguridad”. Para el colectivo antinuclear catalán la situación actual en el caso de Ascó evoca el precedente de lo que pasó con Vandellós 1 después de la catástrofe de Chernóbil.

Por lo demás, la clara complicidad del CSN con los propietarios de la central nuclear de Ascó, en el caso de la fuga de partículas de noviembre de 2007, pone en cuestión, en muy razonable opinión de TN, “la capacidad de este organismo para mantener un control mínimo de la seguridad de Ascó”.

Han pasado cinco meses desde el inicio de la catástrofe de Fukushima, en Japón, recuerda TN, “y a pesar del silencio generalizado sobre sus secuelas, se multiplican los apuntes informativos que muestran como la fuga continua de radiactividad, que no se podrá controlar en una fecha definida, está afectando de múltiples formas el aire, el agua y los alimentos”. Esta catástrofe es una seria advertencia sobre lo que puede pasar en Cataluña (y en otros lugares de España) donde, como ellos mismos explican, ya se produjo un accidente nuclear en octubre de 1989. En Vandellòs I precisamente.

La electricidad que produce Ascó puede ser sustituida sin problemas por la que generan otras tecnologías que ya están en funcionamiento y que no son tan peligrosas, sostiene TN: centrales de cogeneración con gas, hidráulicas, eólicas, solares o geotérmicas. Estas tecnologías no operan actualmente a pleno rendimiento. Pero podrían hacerlo. De este modo, “las numerosas veces que la central ha sido parada no se ha notado en el suministro eléctrico”. La tesis de TN: la caducidad de Ascó, que finalmente no ha tenido lugar, era clave para desarrollar un modelo energético en Cataluña que se basara en el ahorro, la eficiencia y el aprovechamiento generalizado de los recursos renovables y tuviera como norte la ciudadanía y racionalidad energética y no en la cuenta de resultados de las grandes corporaciones.

El manifiesto está firmado el pasado 1 de agosto de 2011. “Tamquem les nuclears” informaba también de los dos últimos incidentes de la central, “una buena muestra de la distancia existente entre la retórica nuclear y la realidad”. Un apunte sobre el segundo de ellos.

Entre el 22 y el 23 de agosto los dos grupos de la central nuclear bajaron a un 64% su potencia de generación. Ni el CSN, ni la empresa propietaria, la ANAV (Asociación Nuclear Ascó Vandellós), participada como es sabido por Endesa e Iberdrola, han dado a estas alturas ninguna explicación sobre esta bajada de potencia. “Estas características las comparten la práctica totalidad de las notas informativas emitidas por el CSN sobre las continuadas incidencias y problemas de funcionamiento de las centrales nucleares en general, y de Ascó en particular”. La transparencia informativa, prosigue la nota, “se limita a la comunicación puntual de acontecimientos, sin criterios que permitan definir su importancia y evolución. La pauta aplicada corresponde a un ciclo establecido en base a informar - tranquilizar - olvidar, y esperar al siguiente suceso”.

En el caso de Ascó esta política informativa resulta especialmente lacerante a la luz de su historial de incidencias: más de cien en apenas cuatro años como antes comentábamos, de sus incumplimientos de la cultura de la seguridad, y de las complicidades demostradas entre los propietarios de la central y el CSN, que tuvieron su máximo exponente en el escape de radiactividad del 26 de noviembre de 2007 [2].

Pero las decisiones políticas responden a otras consideraciones. No son, se diga lo que se diga, torpe y cansina melodía, simples decisiones técnicas. Tanto da que en abril de 2011, una fuga de 25.000 litros de agua radiactiva afectara a 19 trabajadores mojando sus zapatos. Lo había anunciado el Ministro de Industria y se ha hecho oficial. La central nuclear de Ascó, cuyo permiso de funcionamiento expiraba el pasado 1 de octubre, con dos reactores operativos, ha conseguido el permiso renovado para seguir funcionando otros diez años más. Al final de ese periodo, recuerda Javier Salas, “la más vieja de sus dos unidades atómicas (puesta en marcha en 1982) estará a punto de cumplir las cuatro décadas, el plazo máximo para el que se las considera diseñadas” [3] y que, desde luego, no se agitó cuando entraron en funcionamiento con fuerte oposición de una ciudadanía muy movilizada. Curiosamente la autorización la hizo pública la empresa que explota la central: la ANAV, la corporación participada por Endesa e Iberdrola. ¿Hay dudas sobre quien manda en esta plaza?

Por lo demás, otro nudo importante de la situación, Ascó deberá levantar un almacén temporal para conservar residuos radiactivos antes de 2014. El legado nuclear, las toneladas de residuos, es el legado nuclear. No hay limpieza en esta industria, es la huella atómica. ¿Por qué el almacén? Porque es la fecha en la que se calcula que estarán saturadas las piscinas de combustible gastado [4]. ¿Es acaso un ensayo para la futura ubicación del Almacén temporal centralizado español, del ATC? Veremos.

Por lo demás, los dos reactores de Ascó se encuentran actualmente en proceso de reevaluación, las alardeadas pruebas de resistencia puestas en marcha tras la catástrofe de Fukushima. La semana pasada, recuerda también Javier Salas, el propio Consejo Nuclear dio a conocer los resultados preliminares de estos exámenes. Señaló varias carencias de la planta tarraconense. Un ejemplo: se deben reformar las instalaciones para resistir terremotos el doble de graves de los que la central podría soportar en la actualidad.

"Al acabarse en octubre el permiso, el Gobierno tendría que haber parado Ascó hasta que superen las pruebas de resistencia", ha declarado Carlos Bravo, quien cree razonablemente que la decisión tiene un truco nada mágico: Miguel Sebastián no es alguien ajeno "al lobby nuclear". Ha dado muestras repetidas de ello. El físico Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha puesto el grito de la racionalidad en el cielo: "La decisión era esperada, pero también es sencillamente inadmisible para una central que cuenta casi un centenar de sucesos en los últimos cuatro años".

Ya se sabe: España es diferente. Alemania abandona la era nuclear y en el país de las permanentes contrarreformas sociales se sigue apostando por lo atómico. De abandono, nada de nada. Las corporaciones eléctricas son uno de los gobiernos en la sombra de la demediada “democracia” española.

PS: Tampoco la dirección del viento cambian en otros marcos institucionales. Los 151 países que forman parte de la agencia de la ONU para las centrales nucleares –OIEA, el Organismo Internacional para la energía atómica- aprobaron el pasado 22 de septiembre un plan de acción para mejorar la seguridad de las centrales. El plan ha resultado mucho menos ambicioso, según la información de agencias [5], de lo que propuso inicialmente la OIEA que nunca se ha destacado por ninguna pulsión antinuclear ni apoyo a tendencia energética alternativa. EEUU, India, China y Pakistán, con planes nucleares en su agenda, han puesto su punto y aparte sobre las íes del acuerdo: la responsabilidad de mantener la seguridad de sus instalaciones no podía estar en manos ajenas. El proyectado cuerpo de inspectores nucleares que pudieran acudir en cualquier momento, de forma aleatoria, a cualquiera de las centrales del planeta para estudiar su seguridad, ha sido la breve ensoñación de una noche de verano con preocupaciones sobre seguridad atómica. El embajador de Canadá en Viena, John Barret, nada sospechoso de radicalidad antinuclear alguna, esgrimió un argumento que no fue respondido: en caso de producirse, los accidentes de las centrales no respetan las fronteras de los estados. Tampoco a la ciudadanía de los propios estados.

Nota:

[1] http://www.tanquemlesnuclears.org/

[2] “Tanquem les nuclears” denunciaba también que no parecía que la hecatombre atómica de Fukushima hubiera implicado cambios reales en el secretismo informativo sobre las nucleares. Las sesiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) sobre Fukushima, del 20 al 24 de junio de 2011, se realizaron a puerta cerrada. La información sobre la fuga radiactiva continuada en Japón se da sin rigor, sin establecer referentes, “con un reconocimiento continuado de episodios de censura seguido de reiteradas demandas de excusas, una información dada de manera contradictoria, y sin explicar claramente el alcance temporal y geográfico de la catástrofe”. Las viejas rutinas y la aceptación tácita de que la veracidad, el rigor, la seguridad y el nivel de riesgos a asumir son aspectos subordinados a los beneficios económicos, concluye TN, “siguen marcando la pauta informativa de la industria nuclear, y del CSN, pese a que como agencia estatal, teóricamente, debería controlarla”.

[3] Javier Salas, “Industria da a la planta de Ascó diez años más de vida”. Público, 23 de septiembre de 2011, p. 37.

[4] Medio Ambiente, el ministerio dirigido por doña Rosa Aguilar, la ex alcaldesa, dio el visto bueno a la evaluación de impacto ambiental del proyecto para construir este almacén. ¿Alguien podía esperar una decisión contraria?

[5] “La OIEA rebaja las nuevas exigencias a las centrales nucleares”. Ibidem, p. 37.