Frente a la “concentración monopolista de todo el poder en manos de los dueños del Estado y de la “hegemonía política unívoca de los mercados”, la Asamblea popular de la plaza Syntagma, en Grecia, acaba de aprobar un manifiesto destinado a devolver el poder político a una “sociedad de ciudadanos” renovada. (Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino).
El marco de la apuesta
No nos hacemos ilusiones. Las manifestaciones y los encuentros contestatarios en las calles y en las plazas no tienen salida porque no atacan a las causas del problema: la concentración monopolista de la totalidad del poder político en manos de los dueños del Estado. Cuando la sociedad de los ciudadanos, tranquilizada o agotada, vuelva a casa, los políticos continuarán discutiendo y decidiendo con los agentes internos y externos de los mecanismos de los que son rehenes, en la superficie política (y que les proveen fuerza, dinero, comunicaciones, etc.)
Es urgente comprender que la causa fundamental del actual problema reside en el hecho de que el sistema político de la modernidad no es democrático ni representativo. Los políticos poseen al mismo tiempo en forma indivisa la calidad de mandantes y mandatarios, mientras que la sociedad de los ciudadanos se halla confinada en la esfera privada.
Vehiculizadas por este sistema político y por su inevitable degeneración en partidocracia dinástica, las fuerzas que definen el orden mundial han logrado controlar al Estado e imponer su dominio político sobre la sociedad de los ciudadanos.
La apuesta de la concentración de Syntagma enfrenta por primera vez a la sociedad de los ciudadanos a los dueños del Estado (los políticos y los otros). Este hecho demuestra en sí mismo que el colectivo no está formado en términos de masa, sino que se reivindica en suma de los ciudadanos. La reafirmación de la individualidad en el seno del colectivo logra que el ciudadano no sea ya un sujeto instrumentado, sino una entidad libre y emancipada que modela los acontecimientos; ya no más una fuerza extra – politeica sino parte integrante de la politeia. Es por lo tanto evidente que cuando los pensadores modernos afirman que Estado y sistema político, se confunden, no responden a la verdad.
El marco del cambio
En estas condiciones, la sociedad de los ciudadanos es convocada a:
a) Darse cuenta que en nuestros días, las protestas extra-institucionales son una forma de oposición totalmente irrisoria frente a los gigantes del orden mundial.
Debemos tomar conciencia que los tiempos de funcionamiento extra-institucionales de la colectividad han terminado. Los colectivos no institucionales duran menos que la necesidad que les da nacimiento. Corren el riesgo de degenerar, o de ser contaminados por los poderes constituidos o por las fuerzas que rechazan la emancipación de la sociedad de los ciudadanos. Este riesgo aumenta cuando la apuesta de la sociedad de los ciudadanos se lleva a cabo en un país pequeño y no concuerda ni con la dinámica interna de los países del complejo hegemónico que define el estado de las cosas a nivel mundial ni a fortiori con sus intereses.
b) tomar en manos propias el sistema político, exigir la suspensión de los artículos de la Constitución que suprimen el principio representativo de la politeia, que le están quitando su condición de mandante.
La sociedad de los ciudadanos debe elaborar propuestas de leyes que abolirán el carácter que posee el Estado y la partidocracia dinástica, haciendo depender a los políticos de la sociedad de los ciudadanos, aboliendo su “inmunidad” y sometiéndolo directamente a la justicia por sus actos políticos, acordándole al ciudadano el derecho de tener “interés en actuar” en el caso de que los agentes de la administración o los políticos le causen perjuicios; deberá finalmente fijar las orientaciones políticas en cuyo marco el poder político será obligado a gobernar.
c) Formular en ese marco, reivindicaciones realistas en términos “legislativos” claros
En las actuales circunstancias, es realista y necesario:
-Institucionalizar las formas de “control” de los personajes políticos (y de la administración y la justicia) por un tribunal especialmente creado a tal fin. Ese control debe también incluir a los individuos/miembros ( por ejemplo los diputados cada semestre, por un cuerpo de ciudadanos sorteados en su circunscripción electoral) y las instituciones del sistema político ( el Parlamento, el gobierno, etc.)
-Abolir la inmunidad y abrogar las leyes sobre la responsabilidad de los políticos. Introducir la responsabilidad política de los políticos por sus actos (u omisiones) políticos que perjudiquen a la sociedad de los ciudadanos. Afirmar claramente que la finalidad de la política es el interés de la (nación) sociedad y no (de la nación) del Estado. Es inconcebible que en el siglo XXI vivamos bajo un régimen anterior al de Solón. Los políticos deben estar sometidos, por los daños ocasionados por su accionar político, al derecho común con el agravante de que el delito político perjudica a muchas más personas que el delito ordinario. El tribunal competente debe estar integradi por un cuerpo de jueces sorteados con la participación jurada de los ciudadanos.
-Reconocer al ciudadano un derecho “de interés a accionar” en caso de haber sido perjudicado por los agentes de la administración, de la justicia o los políticos. El agente administrativo, judicial y político y, subsidiariamente, el Estado deben ser directamente responsables ante el ciudadano.
-Exigir que la sociedad de los ciudadanos exprese obligatoriamente su opinión (su voluntad) ante cualquier decisión política (gubernamental o legislativa) y que tenga la posibilidad de plantear temas políticos que estima deben ser tratados (por ejemplo el eficaz funcionamiento de la administración) En la práctica la posibilidad de hacer encuestas científicamente planteada podría ser aprovechada: no es necesario reunir en cada oportunidad al conjunto de la sociedad en la plaza Syntagma. Ante cualquier decisión, debería ser consultado el deseo de la sociedad. O mejor debería crearse un demo encuestador permanente, que discuta y se pronuncie sobre los problemas del país a nivel político. Este es uno de los numerosos ejemplos que haría posible pasar a un relativo modelo de representación. Pero esto requiere que la sociedad de los ciudadanos entre institucionalmente en política Que participe en las decisiones.
-Destacar así lo que la sociedad de los ciudadanos considera o no de su interés. Por ahora la opinión obligatoria sería suficiente, sin llegar hasta a obligar al poder político a adecuarse. “Control” y “responsabilidad” combinados en el proceso electoral será lo que equilibrará la voluntad del poder político de ser autónomo o también a someterse a fuerzas exógenas (por ejemplo, los mercados).
Exigir al Parlamento que renuncie a su “competencia” abusiva de legislar sobre temas de responsabilidad política de sus miembros y especialmente en mezclarse a la gestión de sus responsabilidades. Que se lleven a la justicia todos los asuntos de inmunidad y de los escándalos surgidos a partir de 1974. Por naturaleza, todos los asuntos relacionados con las responsabilidades de los políticos no son prescriptibles.
La mayor parte de estos cambios no necesitan de una revisión de la Constitución. La sociedad de los ciudadanos reclamará simplemente la supresión de los artículos de la Constitución que reservan al poder político la calidad de mandante
El marco de la acción política
Considerando como dato que el hecho de que la misión del sistema político de la modernidad se halla determinado y con ella, la eficacia de las formas de acción extra-institucionales tradicionales, propongo:
Que la sociedad de los ciudadanos rodee pacíficamente, pero masivamente, al Parlamento (preferentemente en ocasión de alguna sesión plenaria) y la sede del Gobierno (cuando el primer ministro/monarca se halle reunido con sus colaboradores) y exija la sanción de estas leyes. Si fuera necesario impidiéndoles salir antes de que lo hagan o exigiéndoles que se reúnan con dicho fin. Si el poder político trata de impedir, de cualquier manera que fuere la manifestación de los deseos de los ciudadanos, que todos se acuesten en el suelo de espaldas como un solo cuerpo. Lo único que ganará el poder es que el sistema perderá toda legitimidad. El “contrato social” que relega a la sociedad de los ciudadanos al status de particular, que presupone su consentimiento no sería más que tácito. Si es masivamente cuestionado, se presume quebrado y como consecuencia, el cuerpo de la sociedad de los ciudadanos debe volver a pronunciarse. En todos los casos la clase política se ha mostrado indigna de la confianza ciega que le ha dispensado la sociedad de los ciudadanos y lo que es peor ha abusado de su papel, con desastrosas consecuencias para el país.
Que prosiga así hasta obtener la garantía de que la sociedad de los ciudadanos encuentre una expresión institucional y sea obligatoriamente tomada en cuenta en las decisiones políticas. Que recuerde claramente que la sociedad de los ciudadanos es la razón de ser tanto del Estado como de los políticos y la economía. Que es la sociedad de los ciudadanos la que encarna y expresa a la nación. Que el interés de la sociedad de los ciudadanos es la única “finalidad” de la función política. Que es la sociedad y no ellos, los políticos la que tiene competencia para dar forma a las políticas que estarán de acuerdo con el bien común. Que el lugar de la sociedad está en el sistema político y no en las plazas. Y que el tiempo de la carta blanca que les da el sistema para interpretar los deseos de la sociedad y decidir cual son sus intereses ha irremediablemente terminado. Ha llegado la hora en que la sociedad de los ciudadanos reivindique el cambio del sistema político que haga que su sufragio tenga un contenido representativo (y no el simple valor de la legitimación); de dejar de filosofar y de querer hacer presión sobre el poder para que actúe a favor del bien común y de asumir ella misma la competencia de la co-decisión; de recuperar el derecho de “controlar” y “responsabilizar/sancionar” a los políticos, de reencontrar la calidad de mandante en lugar de aceptar hallarse confinada a la esfera privada dejándolos actuar según su voluntad repartiéndose el estado con otros aprovechados de toda clase en toda clase de colusión de intereses.
El día en que la sociedad de los ciudadanos haya comprendido cuales son las causas de su problema y proclame el fin del “contrato social” que le han impuesto unilateralmente los dueños del estado, el día en que se formule expresamente su exigencia de ser actor institucional del Estado y no sujeto, en que se de cuenta de que la fuente primigenia del poder y naturalmente de su propia existencia, comprobará la eficacia de su poder. Ese día los políticos serán llamados a escoger entre la vía de la negación y como consecuencia del retroceso, lo que los mostrará irremediablemente en todo su autoritarismo y una metamorfosis en servidor dedicado de la sociedad de los ciudadanos y simple mandatario de sus intereses. Frente a esta apuesta, la sociedad de los ciudadanos goza de una ventaja: el tiempo del sistema político (ni democrático ni representativo) engendrado por la Europa surgida del nepotismo medieval y su versión degenerada en partidocracia ha terminado. Ni el mismo sistema ni la actividad extra estatal reservada a la sociedad de los ciudadanos pueden invertir la unívoca hegemonía política de los “mercados” que protege “el orden legal” planetario
En todo caso la clase política no tiene ninguna legitimidad para negar a la sociedad de los ciudadanos el derecho de si lo desea, retirarle la confianza al sistema político que la excluye de la participación en el proceso de toma de decisiones.
Texto escrito por George Contogeorgis, profesor de ciencias políticas de la universidad Panteion y antiguo ministro de medios audiovisuales.
Fuente: http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/080611/grece-manifeste-pour-une-societe-des-citoyens
Es urgente comprender que la causa fundamental del actual problema reside en el hecho de que el sistema político de la modernidad no es democrático ni representativo. Los políticos poseen al mismo tiempo en forma indivisa la calidad de mandantes y mandatarios, mientras que la sociedad de los ciudadanos se halla confinada en la esfera privada.
Vehiculizadas por este sistema político y por su inevitable degeneración en partidocracia dinástica, las fuerzas que definen el orden mundial han logrado controlar al Estado e imponer su dominio político sobre la sociedad de los ciudadanos.
La apuesta de la concentración de Syntagma enfrenta por primera vez a la sociedad de los ciudadanos a los dueños del Estado (los políticos y los otros). Este hecho demuestra en sí mismo que el colectivo no está formado en términos de masa, sino que se reivindica en suma de los ciudadanos. La reafirmación de la individualidad en el seno del colectivo logra que el ciudadano no sea ya un sujeto instrumentado, sino una entidad libre y emancipada que modela los acontecimientos; ya no más una fuerza extra – politeica sino parte integrante de la politeia. Es por lo tanto evidente que cuando los pensadores modernos afirman que Estado y sistema político, se confunden, no responden a la verdad.
El marco del cambio
En estas condiciones, la sociedad de los ciudadanos es convocada a:
a) Darse cuenta que en nuestros días, las protestas extra-institucionales son una forma de oposición totalmente irrisoria frente a los gigantes del orden mundial.
Debemos tomar conciencia que los tiempos de funcionamiento extra-institucionales de la colectividad han terminado. Los colectivos no institucionales duran menos que la necesidad que les da nacimiento. Corren el riesgo de degenerar, o de ser contaminados por los poderes constituidos o por las fuerzas que rechazan la emancipación de la sociedad de los ciudadanos. Este riesgo aumenta cuando la apuesta de la sociedad de los ciudadanos se lleva a cabo en un país pequeño y no concuerda ni con la dinámica interna de los países del complejo hegemónico que define el estado de las cosas a nivel mundial ni a fortiori con sus intereses.
b) tomar en manos propias el sistema político, exigir la suspensión de los artículos de la Constitución que suprimen el principio representativo de la politeia, que le están quitando su condición de mandante.
La sociedad de los ciudadanos debe elaborar propuestas de leyes que abolirán el carácter que posee el Estado y la partidocracia dinástica, haciendo depender a los políticos de la sociedad de los ciudadanos, aboliendo su “inmunidad” y sometiéndolo directamente a la justicia por sus actos políticos, acordándole al ciudadano el derecho de tener “interés en actuar” en el caso de que los agentes de la administración o los políticos le causen perjuicios; deberá finalmente fijar las orientaciones políticas en cuyo marco el poder político será obligado a gobernar.
c) Formular en ese marco, reivindicaciones realistas en términos “legislativos” claros
En las actuales circunstancias, es realista y necesario:
-Institucionalizar las formas de “control” de los personajes políticos (y de la administración y la justicia) por un tribunal especialmente creado a tal fin. Ese control debe también incluir a los individuos/miembros ( por ejemplo los diputados cada semestre, por un cuerpo de ciudadanos sorteados en su circunscripción electoral) y las instituciones del sistema político ( el Parlamento, el gobierno, etc.)
-Abolir la inmunidad y abrogar las leyes sobre la responsabilidad de los políticos. Introducir la responsabilidad política de los políticos por sus actos (u omisiones) políticos que perjudiquen a la sociedad de los ciudadanos. Afirmar claramente que la finalidad de la política es el interés de la (nación) sociedad y no (de la nación) del Estado. Es inconcebible que en el siglo XXI vivamos bajo un régimen anterior al de Solón. Los políticos deben estar sometidos, por los daños ocasionados por su accionar político, al derecho común con el agravante de que el delito político perjudica a muchas más personas que el delito ordinario. El tribunal competente debe estar integradi por un cuerpo de jueces sorteados con la participación jurada de los ciudadanos.
-Reconocer al ciudadano un derecho “de interés a accionar” en caso de haber sido perjudicado por los agentes de la administración, de la justicia o los políticos. El agente administrativo, judicial y político y, subsidiariamente, el Estado deben ser directamente responsables ante el ciudadano.
-Exigir que la sociedad de los ciudadanos exprese obligatoriamente su opinión (su voluntad) ante cualquier decisión política (gubernamental o legislativa) y que tenga la posibilidad de plantear temas políticos que estima deben ser tratados (por ejemplo el eficaz funcionamiento de la administración) En la práctica la posibilidad de hacer encuestas científicamente planteada podría ser aprovechada: no es necesario reunir en cada oportunidad al conjunto de la sociedad en la plaza Syntagma. Ante cualquier decisión, debería ser consultado el deseo de la sociedad. O mejor debería crearse un demo encuestador permanente, que discuta y se pronuncie sobre los problemas del país a nivel político. Este es uno de los numerosos ejemplos que haría posible pasar a un relativo modelo de representación. Pero esto requiere que la sociedad de los ciudadanos entre institucionalmente en política Que participe en las decisiones.
-Destacar así lo que la sociedad de los ciudadanos considera o no de su interés. Por ahora la opinión obligatoria sería suficiente, sin llegar hasta a obligar al poder político a adecuarse. “Control” y “responsabilidad” combinados en el proceso electoral será lo que equilibrará la voluntad del poder político de ser autónomo o también a someterse a fuerzas exógenas (por ejemplo, los mercados).
Exigir al Parlamento que renuncie a su “competencia” abusiva de legislar sobre temas de responsabilidad política de sus miembros y especialmente en mezclarse a la gestión de sus responsabilidades. Que se lleven a la justicia todos los asuntos de inmunidad y de los escándalos surgidos a partir de 1974. Por naturaleza, todos los asuntos relacionados con las responsabilidades de los políticos no son prescriptibles.
La mayor parte de estos cambios no necesitan de una revisión de la Constitución. La sociedad de los ciudadanos reclamará simplemente la supresión de los artículos de la Constitución que reservan al poder político la calidad de mandante
El marco de la acción política
Considerando como dato que el hecho de que la misión del sistema político de la modernidad se halla determinado y con ella, la eficacia de las formas de acción extra-institucionales tradicionales, propongo:
Que la sociedad de los ciudadanos rodee pacíficamente, pero masivamente, al Parlamento (preferentemente en ocasión de alguna sesión plenaria) y la sede del Gobierno (cuando el primer ministro/monarca se halle reunido con sus colaboradores) y exija la sanción de estas leyes. Si fuera necesario impidiéndoles salir antes de que lo hagan o exigiéndoles que se reúnan con dicho fin. Si el poder político trata de impedir, de cualquier manera que fuere la manifestación de los deseos de los ciudadanos, que todos se acuesten en el suelo de espaldas como un solo cuerpo. Lo único que ganará el poder es que el sistema perderá toda legitimidad. El “contrato social” que relega a la sociedad de los ciudadanos al status de particular, que presupone su consentimiento no sería más que tácito. Si es masivamente cuestionado, se presume quebrado y como consecuencia, el cuerpo de la sociedad de los ciudadanos debe volver a pronunciarse. En todos los casos la clase política se ha mostrado indigna de la confianza ciega que le ha dispensado la sociedad de los ciudadanos y lo que es peor ha abusado de su papel, con desastrosas consecuencias para el país.
Que prosiga así hasta obtener la garantía de que la sociedad de los ciudadanos encuentre una expresión institucional y sea obligatoriamente tomada en cuenta en las decisiones políticas. Que recuerde claramente que la sociedad de los ciudadanos es la razón de ser tanto del Estado como de los políticos y la economía. Que es la sociedad de los ciudadanos la que encarna y expresa a la nación. Que el interés de la sociedad de los ciudadanos es la única “finalidad” de la función política. Que es la sociedad y no ellos, los políticos la que tiene competencia para dar forma a las políticas que estarán de acuerdo con el bien común. Que el lugar de la sociedad está en el sistema político y no en las plazas. Y que el tiempo de la carta blanca que les da el sistema para interpretar los deseos de la sociedad y decidir cual son sus intereses ha irremediablemente terminado. Ha llegado la hora en que la sociedad de los ciudadanos reivindique el cambio del sistema político que haga que su sufragio tenga un contenido representativo (y no el simple valor de la legitimación); de dejar de filosofar y de querer hacer presión sobre el poder para que actúe a favor del bien común y de asumir ella misma la competencia de la co-decisión; de recuperar el derecho de “controlar” y “responsabilizar/sancionar” a los políticos, de reencontrar la calidad de mandante en lugar de aceptar hallarse confinada a la esfera privada dejándolos actuar según su voluntad repartiéndose el estado con otros aprovechados de toda clase en toda clase de colusión de intereses.
El día en que la sociedad de los ciudadanos haya comprendido cuales son las causas de su problema y proclame el fin del “contrato social” que le han impuesto unilateralmente los dueños del estado, el día en que se formule expresamente su exigencia de ser actor institucional del Estado y no sujeto, en que se de cuenta de que la fuente primigenia del poder y naturalmente de su propia existencia, comprobará la eficacia de su poder. Ese día los políticos serán llamados a escoger entre la vía de la negación y como consecuencia del retroceso, lo que los mostrará irremediablemente en todo su autoritarismo y una metamorfosis en servidor dedicado de la sociedad de los ciudadanos y simple mandatario de sus intereses. Frente a esta apuesta, la sociedad de los ciudadanos goza de una ventaja: el tiempo del sistema político (ni democrático ni representativo) engendrado por la Europa surgida del nepotismo medieval y su versión degenerada en partidocracia ha terminado. Ni el mismo sistema ni la actividad extra estatal reservada a la sociedad de los ciudadanos pueden invertir la unívoca hegemonía política de los “mercados” que protege “el orden legal” planetario
En todo caso la clase política no tiene ninguna legitimidad para negar a la sociedad de los ciudadanos el derecho de si lo desea, retirarle la confianza al sistema político que la excluye de la participación en el proceso de toma de decisiones.
Texto escrito por George Contogeorgis, profesor de ciencias políticas de la universidad Panteion y antiguo ministro de medios audiovisuales.
Fuente: http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/080611/grece-manifeste-pour-une-societe-des-citoyens
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