Gustavo Lahoud.-Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue el principal
activo estratégico y económicamente viable del Estado argentino entre 1922 y
1992, logrando expandir la oferta y la producción de energía en todas sus
formas (combustibles derivados del crudo, gas natural y electricidad),
diversificando el suministro eléctrico (sobre la base del gas natural que
distribuía Gas del Estado, más la hidroelectricidad y en menor medida la
nucleoelectricidad) y permitiendo una configuración de la estructura
socioeconómica del país basada en la industrialización para sustituir
importaciones de productos de consumo masivo, además en industrias claves como
el acero, petroquímica, automotriz, aeronáutica y naval, y en el avance
científico-tecnológico del campo nuclear.
Más, con YPF el Estado formuló e implementó una serie de
políticas de planificación energética que resultaron en el desarrollo de un
aparato productivo que posibilitó mejores ventajas competitivas en la economía
nacional y condiciones de vida para los ciudadanos.
No obstante, el modelo económico de la Dictadura Militar
(1976-1983) basado en las rentas agropecuaria y financiera, la desindustrialización,
el estancamiento científico-técnico, la desregulación de los mercados, el
ajuste estructural y el endeudamiento externo, dejaron las bases y cimientos
para su completa enajenación posterior, la cual se ejecutó durante los dos
gobiernos de Carlos Saúl Menem: la primera etapa culminó en 1993 y la segunda
en 1999 (De Dicco, 2004c).
El objetivo de este artículo es, justamente, dar cuenta del
conjunto de argumentos esgrimidos por las autoridades de la última dictadura
militar que posibilitaron la articulación de una estrategia discursiva
-ciertamente muy convincente- cuyo objetivo fundamental fue “desacreditar y
desvirtuar” la rica y pujante historia del YPF SE. como principal activo
estratégico del país. Es importante considerar que sin este conjunto de
argumentos y sofismas muy bien urdidos, difícilmente se hubiera podido encarar
un proceso de enajenación y extranjerización
de los activos del sector hidrocarburífero argentino que derivó en la
definitiva reformulación del modelo energético en la década de los ’90.
Por otra parte, en la maquinaria que se puso en marcha a fin
de lograr tales propósitos, no debe olvidarse el papel estratégico que
desempeñaron los medios de comunicación gráficos y televisivos que -de la mano
de algunos personajes popularmente conocidos, como los casos de los periodistas
Bernardo Neustadt y Mariano Grondona- comenzaron a elaborar una estrategia
comunicacional que combinó desinformación con datos falsos con el malhadado
objetivo subalterno de masificar una serie de argumentos cuya trama central fue
la vinculación directa del así denominado “modelo económico estatista” con el
pasado de infortunios económicos que el país sufrió durante décadas.
A su vez, otro de los aspectos esenciales que generalmente
no son abordados con seriedad en lo que respecta al caso YPF, es la mecánica de
endeudamiento fraudulento en la que la empresa fue intencionalmente involucrada
para justificar, entre otras cosas, el carácter deficitario, ineficiente y
hasta corrupto de la conducción estatal de la misma. En el tratamiento de los
argumentos se considera fundamental vincular las estrategias comunicacionales
con la dinámica de endeudamiento público que el país estableció como patrón
estructural de la política económica especulativa y de renta financiera
instaurada desde 1976. En ello, YPF ha sido un actor privilegiado y la alianza gobierno
militar-medios de comunicación-conducción y administración económica
constituyen el núcleo duro que debe examinarse exhaustivamente a fin de
desvelar el origen fraudulento de las argumentaciones elaboradas hace ya
treinta años.
POR QUÉ SE PRIVATIZÓ YPF: LA TRAMA EN FUNCIONAMIENTO.
En efecto, entre los
principales argumentos falsos empleados para “entregar” YPF al capital privado,
sobresalen los siguientes:
“YPF da pérdidas”;
“la corrupción institucionalizada”; y;
“el Estado no está en condiciones de realizar inversiones de
capital de riesgo en exploración hidrocarburífera”.
Primero, no puede decirse que YPF daba pérdidas porque la Dictadura Militar
la había utilizado, gracias a su transparente gestión pasada, para adquirir
empréstitos del exterior, los cuales no fueron destinados a la misma sino al
Ministerio de Economía y en varios casos a cuentas bancarias en Suiza de
funcionarios militares y civiles de la Dictadura ; y, por otra parte, porque el fin de
una empresa pública es la rentabilidad social, y no la maximización de
ganancias como único objetivo, propio de una empresa privada. Asimismo, a pesar
del endeudamiento ilegítimo e incluso de los precios de los combustibles para
el mercado interno fijados por la petrolera estatal (bajos en comparación con
los internacionales, pero acorde con los costos operativos del país, y que
nunca sufrieron influencia alguna por las crisis petroleras internacionales de
1973 y 1979), los cuales limitaban con fuerza el nivel potencial de utilidades,
YPF registraba balances con resultados positivos relevantes.
Asimismo, dentro de este argumento, es importante detenerse
en el paulatino proceso de endeudamiento público al que fue sometida YPF por
parte de la administración económica de la última dictadura. EL deliberado
accionar de los funcionarios tenía como objetivo fundamental producir un estado
de insolvencia financiera y patrimonial que permitiera, entonces, dar cabida a
los argumentos que sostenían que la empresa estaba mal administrada y daba
pérdidas. Por ende, el paso siguiente sería la apertura de la empresa al
capital externo, la progresiva liberalización de los distintos sectores de la
cadena hidrocarburífera y, como meta final, la desarticulación del sistema
integrado de energía heredado de las pasadas décadas de planificación
centralizada en materia energética.
La profusa y contundente investigación realizada en el marco
de la conocida causa Olmos1 sobre la forma en que las autoridades de la última
dictadura construyeron la ingeniería económica y financiera que permitió el
endeudamiento fraudulento de la
Argentina , incluye notables descripciones de pericias
contables realizadas en la empresa YPF. En este caso, la investigación de los
ilícitos cometidos fue uno de los ejes fundamentales que permitieron reconstruir
la trama de la operatoria financiera que posibilitó un irracional endeudamiento
de la compañía.
En tal sentido, se citan algunos párrafos del fallo sobre la
deuda externa argentina -emitido por el juez federal Dr. Jorge Ballestero el 13
de julio de 2000- que hablan por sí solos sobre los perniciosos mecanismos
creados para endeudar a las empresas públicas, siendo el caso del YPF el más
ruinoso para los activos públicos del país.
En las conclusiones del fallo, el citado magistrado
manifiesta que “…las empresas públicas, con el objeto de sostener una política
económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el
Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios…Todo ello se
advirtió en no menos de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, número
mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos
concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones concertadas en forma
irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro
Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento.”2
Asimismo, en el caso específico de YPF, su endeudamiento
externo por capital únicamente se multiplicó por doce entre diciembre de 1975 y
marzo de 1981, concentrando “… al 31 de marzo de 1984 el 17.65% del total de la
deuda externa registrada entonces para el sector público por capital
únicamente, resultando ocioso indicar que el rubro petróleo en todo el mundo
origina importantes beneficios, configurando además un elemento estratégico en
la vida de las naciones del mundo actual y en al del futuro previsible.”3 Por
lo que se puede apreciar, verdaderamente contundente.
El segundo argumento –referido a la existencia de una
“corrupción institucionalizada”- estaba fuertemente vinculado a un tipo de
apropiación y control de los espacios de decisión pública que habían terminado
por convertir al Estado en un auténtico coto de caza de un conjunto de sectores
de intereses relacionados directa o indirectamente con las Fuerzas Armadas,
todo lo cual terminó por consolidar un proceso de paulatina “feudalización” de
las agencias públicas que fueron entregadas a la influencia y decisión de los
distintos sectores de poder concernidos.
Pero, en el caso de YPF, a pesar de la corrupción
institucionalizada -que incluía parte de su directorio que actuaba como
“cajero” de los gobiernos de turno y a las burocracias sindicales “abulonadas”
a sus cargos- los balances operativos seguían exhibiendo utilidades. A todo
ello, debe sumarse el escenario de profunda inestabilidad institucional que la Argentina sufrió por
aquellos años, caracterizados por las continuas interrupciones militares de
gobiernos democráticos muy débiles sustentados en bases de legitimidad popular
ciertamente controvertidas (recordar los años de proscripción del peronismo en
la vida política argentina).
En efecto, lo que queremos señalar es que existían
condiciones de excepcionalidad política y de progresiva desinstitucionalización
que posibilitaron que los activos estratégicos del país –como el sector
energético en general y su principal instrumento de intervención y control, YPF
SE- fueran debilitados y descapitalizados por una persistente alianza entre los
sectores militares, las burocracias económicas ligadas a los intereses
empresariales tributarios del modelo de renta y financiero y determinadas dirigencias
sindicales que decidieron mirar para otro lado mientras este escenario
económico se consolidaba a través de las políticas de liberalización financiera
y de masiva destrucción del tejido industrial argentino, cuya contracara fue la
concentración en materia de propiedad e ingresos operada en todos los sectores
de la economía.
El tercer argumento -que refiere a la supuesta incapacidad
del Estado para realizar inversiones de capital de riesgo en exploración
hidrocarburífera- es, tal vez, el más escandaloso de los sofismas que se
podrían haber construido como eje argumental en torno a la situación de la YPF estatal.
En verdad, esta auténtica mentira institucionalizada y
difundida a través de los medios de comunicación que hablaban reiteradamente
sobre la ineficiencia y corrupción asociadas a la “presencia asfixiante” del
Estado en materia económica, se parece mucho a aquello que el gran pensador
argentino Arturo Jauretche refería como las “Zonceras argentinas”. Ciertamente,
una de las zonceras más graves en el tiempo de la última dictadura militar fue
la que asociaba al Estado y su intervención y regulación en la economía con las
supuestas tendencias “premodernas y reaccionarias” que insistían en promover
una administración ineficiente de los recursos económicos. En tal sentido, se
recuerda el famoso latiguillo del ex Ministro de Economía Alfredo Martínez de
Hoz, cuando decía que “…achicar el Estado es agrandar la Nación ”. Sin dudas, la más
eufemística de las Zonceras argentinas.
Ahora, si analizamos cuidadosamente la evidencia empírica
existente sobre las inversiones de riesgo en materia de exploración
hidrocarburífera en el país, veremos cómo este argumento se cae automáticamente
por su falta absoluta de rigurosidad. En efecto, estas cifras demuestran que la
petrolera estatal fue responsable del descubrimiento del 95% de las reservas de
hidrocarburos del país durante sus 70 años de existencia. Esta amplia etapa
histórica comprende el período que se extiende entre la fundación de la empresa
en 1922 –bajo el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear- hasta comienzos de
la década del ’90, cuando bajo la administración Menem comienzan a hipotecarse
los activos de la firma cambiando su razón social y su estatus jurídico para
convertirla en una Sociedad Anónima. (Ver De Dicco, 2006).
Por otra parte, si se
comparan los esfuerzos exploratorios de los años ’80 con los correspondientes a
la gestión privada, se observa una enorme brecha, ya que la gestión estatal de
YPF realizó en los años ’80 un promedio anual de 117 pozos exploratorios, y la
gestión privada entre 1999 y 2005 registra un promedio anual de apenas 26 pozos
exploratorios, sobre la base de datos de la Secretaría de Energía
de la Nación. Cabe
señalar que los datos concernientes a la década de 1990 han sido falseados por
las compañías petroleras, con el conocimiento de los secretarios de Energía
“menemistas”, para justificar el supuesto incremento de reservas inmediatamente
después de la privatización de YPF, en un contexto de “desaparición irracional
de reservas”.
Finalmente, tomamos dos argumentos que devienen de nuestro
rico pasado histórico en materia hidrocarburífera y que nos permiten pensar la
problemática de las inversiones de riesgo y el papel de los capitales
extranjeros. Los mismos tienen, según creemos, una notable actualidad. En
efecto, los mismos avalan cómo la actividad privada y las inversiones
extranjeras pueden ser controladas y aprovechadas por un Estado fuerte,
protector del interés nacional. Ambos se refieren a la época peronista.
1) El hecho de decir que la exploración y explotación
petroleras debían quedar en manos de YPF no significaba el rechazo de toda
colaboración, ya que YPF podía firmar contratos con empresas privadas,
extranjeras o nacionales, sin que esto implicara la concesión de los dominios
minerales. El capital, venga de donde viniere, será bienvenido siempre que
cumpla el requisito esencial de estar subordinado al desarrollo de la Nación. Mientras
que el gobierno nacional no conspire contra sus propias instituciones no hay
por qué temer; en todo caso, sí mucho por regular y controlar.
2) La ley 14.222, sancionada en agosto de 1953, determinaba
el tipo de radicación y los sectores beneficiados con mucho detalle. La
materialización del aporte podía abarcar dos formas: fondos de divisas a
ingresar mediante transferencias bancarias, o bienes físicos (máquinas y/o
herramientas) o inmateriales (patentes, marcas, etc.). Los beneficios más
importantes consistían en la posibilidad de remitir las utilidades a partir del
segundo año de la radicación, voluntariamente y sin previa autorización, por un
equivalente del 8% anual del capital registrado, y la repatriación de
capitales, luego de diez años, en cuotas equivalentes al 10 o 20% anual. Por el
artículo 12, el Poder Ejecutivo podía eximir total o parcialmente del pago de
derechos de aduana las maquinarias, los equipos y otros bienes vinculados a la
puesta en marcha de la industria. Hasta 1955, momento en que cesó su vigencia,
se permitió la radicación de catorce empresas extranjeras por una inversión de
12.200 millones de dólares, todas en el sector industrial. (Ver Bernal, 2005).
Estos notables ejemplos muestran hacia dónde debe orientarse
la mirada. Justamente, hacia la naturaleza del gobierno que controla la
política nacional, sus objetivos económicos y el modelo de país perseguido.
A modo de conclusión.
El conjunto de argumentos sobre los que hemos trabajado en
este artículo difícilmente sorprenda al lector atento a la realidad política,
económica y social de nuestro país. Peor, siempre es necesario volver sobre la
muchas veces esquiva y elusiva memoria histórica argentina para buscar datos,
descubrir “los otros argumentos” y, a partir de allí, reconstruir nuestro
pasado histórico reciente.
La necesidad de
desasnar a los ciudadanos argentinos sobre la destrucción económica y
productiva que nuestro país ha sufrido en los últimos treinta años tiene –en el
caso de YPF- una actualidad más que relevante, más aún si se piensa en
retrospectiva sobre las modificaciones que se han impuesto en materia
energética en los últimos diecisiete años. Las mismas, posibilitaron la
consolidación del programa extranjerizante de la última dictadura militar. Los
ejes discursivos que justificaron y validaron masivamente estos cambios,
estuvieron intrínsecamente vinculados con los tres argumentos sobre los que
hemos trabajado en este artículo. De allí que su actualidad sea tan evidente a
ojos de los ciudadanos bien informados. Sepa la comunidad argentina y nuestro
gobierno dar cuenta de este momento histórico a fin de comenzar a desandar este
ruinoso pasado que avergüenza a los argentinos.
1 Se trata de la causa iniciada por Alejandro Olmos, que ha
sido un brillante ciudadano que ha brindado buena parte de su vida a la
dilucidación de las decisiones políticas que derivaron en el monumental
endeudamiento del país. En los ’80 – más exactamente, el 4 de abril de 1982-
Alejandro Olmos formuló una denuncia contra José Alfredo Martínez de Hoz,
fundando la misma en el hecho de que el plan económico concebido y ejecutado
por el Ministro de Economía de la
Nación en el período 1976/1981, se realizó con miras a
producir un incalificable endeudamiento externo. Este proceso concluyó el 13 de
julio de 2000 cuando- después de 18 años- el juez federal Jorge Ballestero
produjo un fallo en el que consideró probados todos los cargos formulados
oportunamente, pero, debido al tiempo transcurrido -que provocó la prescripción
de la acción penal sobre los responsables- ninguno de los imputados fue preso y
giró las investigaciones al ámbito Legislativo para que se obrara en
consecuencia.
2 Universidad Nacional de Rosario (2001): “Cuadernos de
Historia Viva. Serie 2: La historia del tiempo presente. Sentencia completa del
juicio a la deuda externa argentina”. Escuela de Historia, Facultad de
Humanidades y Artes, Año 1, UNR, Rosario, Santa Fe, p. 143.
3 Universidad Nacional de Rosario, op. Cit. pp. 137-138.
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